Caso ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una <b>nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP)</b>, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El <b>Acta de Imputación N.º 9</b>, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una <b>estructura organizada y jerárquica </b>dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial <b>Grupo Vázquez</b>, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República;<b> Carlos Carvallo Spalding</b>, expresidente del BCP; <b>Holger Insfrán Ibarrola</b>, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores <b>Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.</b>
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
<b>Peña habría encabezado la presunta estructura criminal</b>
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su <b>posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza</b> o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un <b>esquema de protección institucional para Ueno Bank</b>, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como <b>jefe de la presunta organización</b>, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la <b>designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno</b>, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el <b>objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.</b>
<b>Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga</b>
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la <b>presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti,</b> principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido <b>reuniones reservadas en Mburuvicha Róga</b> para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido <b>directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank</b> y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el <b>presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo</b>, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las <b>contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario.</b> Estas afirmaciones forman parte de la<b> hipótesis fiscal</b> y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
<b>Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia</b>
La imputación también señala a <b>Carlos Carvallo Spalding</b>, expresidente del Banco Central, como <b>uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios.</b> Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de <b>Ueno Bank</b>.
En particular, se cuestiona la <b>Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores</b>, cuyo contenido <b>habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. </b>La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a <b>Holger Insfrán</b>, la Fiscalía sostiene que <b>habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas.</b> Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un <b>informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola</b>, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre <b>presuntas irregularidades en esa operación.</b> De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
<b>Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones</b>
La imputación atribuye a <b>Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control </b>como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, <b>los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026</b>, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, <b>el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo</b>, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a <b>Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado</b>, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que <b>habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. </b>En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que <b>habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.</b>
<b>Captación de depósitos pese a advertencias</b>
El Ministerio Público sostiene que la <b>presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026</b>, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la <b>continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) </b>y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente <b>G. 3,6 billones y USD 233,4 millones</b>.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que <b>la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.</b>
<b>Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora</b>
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la <b>prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado</b>, mientras que para <b>Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.</b>
Asimismo, pidió la<b> inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados </b>y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
<b>Nueva dimensión en la investigación</b>
La imputación por asociación criminal representa una<b> ampliación de la investigación</b> que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que <b>los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización </b>que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central.<b> La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.</b>
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