Los informes de la UCO revelan que Ana Redondo no hizo el seguimiento de las pulseras antimaltrato

El Tribunal de Cuentas alertó en uno de sus informes que el Ministerio de Igualdad, con el mandato ya de Ana Redondo, incumplió las reuniones periódicas con la empresa suministradora de las pulseras telemáticas para el seguimiento del servicio. Este reporte, y los pliegues de los contratos, son algunos de los informes que ya se encuentran en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga, a instancia de la Fiscalía Europea, un presunto fraude en estos dispositivos.La entrada de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas tenía como objetivo conseguir toda la documentación relativa a las pulseras antimaltrato. Desde los informes de fiscalización de la contratación hasta los del procedimiento de gestión y control . El objetivo es analizar la legalidad, economía, eficiencia y transparencia de la adjudicación de estos contratos por parte del Ministerio de Igualdad.Precisamente, el escrito más exhaustivo de este órgano se remonta pocos meses atrás. Es uno de los que se llevó la UCO del ente público. En él se hacía una radiografía completa de todo el procedimiento de contratación de estos dispositivos. Uno de los puntos más destacados es el referente a las actuaciones de control y seguimiento de la ejecución de los contratos. Para ello se analizó los informes, notas y actas que documentan las reuniones de la Comisión de Seguimiento del contrato (desde 2024 a 2026), y otras actuaciones y reuniones llevadas a cabo por los agentes implicados durante la ejecución.Los pliegos de la adjudicación tenían prevista la celebración de, al menos, una reunión de seguimiento cada cuatro meses. Sin embargo, «no consta documentación de ninguna reunión mantenida entre la DGVG y la empresa adjudicataria del contrato en los meses de febrero y marzo de 2024 (en el comienzo de la ejecución)». «En el mes de abril de 2024 figura un documento relativo a una presentación técnica realizada por parte de la empresa adjudicataria. No consta ninguna otra reunión documentada hasta el informe semestral del 26 de septiembre de 202417. Esto supone que en los primeros 7-8 meses del contrato, el servicio careció de un mecanismo de seguimiento documentado y periódico», alertó el Tribunal de Cuentas.Con todo ello, se detalla que en la reunión de octubre de 2024 se constató de forma expresa un riesgo real de «rotura de stock» de dispositivos y quedó pendiente que la adjudicataria facilitara información sobre los tiempos de garantía, la tipología de averías y los motivos de baja de aparatos que, con apenas cinco o seis meses de uso, presentaban ya un deterioro significativo. «La tardanza en la reparación de dispositivos y en su sustitución provocó que esta cuestión se tratara de forma recurrente en las reuniones de seguimiento, sin que los compromisos de mejora se tradujeran en resultados efectivos. En particular, la empresa se comprometió a reducir los dispositivos (brazaletes/pulseras) en proceso de revisión a 800 unidades, compromiso que no llegó», añadió el informe que ahora obra en poder de la UCO.La DGVG defendió en el trámite de alegaciones que, en el mes de abril de 2024, tuvo lugar una reunión de seguimiento. «Sin embargo, tal y como se indica en este informe, se trata en realidad de una presentación técnica realizada por parte de la empresa adjudicataria de la que ya disponía este Tribunal», aclaran. Estos encuentros se debían producir cuando Ana Redondo ya era ministra de Igualdad y tomó el relevo de Irene Montero. Dudas en Europa sobre el número de pulserasLas alegaciones del informe fueron realizadas por Victoria Rosell el 29 de junio de 2026. Este documento estaba firmado con datos proporcionados en Bruselas, Pontevedra y Las Palmas de Gran Canaria. Cabe recordar que esta magistrada de enero de 2020 a diciembre de 2023 fue delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. «Existen memorias anuales correspondientes a los años 2021 y 2022 que permiten acreditar el seguimiento y control de la ejecución del contrato , así como siete notas y actas de reuniones de la Comisión de Seguimiento del servicio, de las que se extraen algunos problemas que quedan debidamente acreditados en ellas», defendió.En este sentido, también hubo un escrito de alegaciones de Irene Montero que compartió los mismos argumentos que Rosell. «Queremos enfatizar, en este sentido, que el MIG y la DGVG en este periodo cumplimos, como era nuestra obligación, con todas y cada una de las tareas de seguimiento y control de la ejecución del servicio en lo que representa el corazón de la legislatura en la que desempeñamos nuestras responsabilidades», expuso.Otro de los puntos que busca aclarar la Fiscalía Europea es analizar si se cumplieron con los pliegos para recibir estos fondos comunitarios. Y es que el Tribunal de Cuentas recelaba de algunas de las promesas contractuales. Uno de los puntos establecía la adquisición de 30.000 pulseras antimaltrato. Un cumplimiento que estaba «en curso» con 22.800 dispositivos desde 2009.Para financiar la compra de las pulseras antimaltrato, adjudicado a finales de 2023 cuando Irene Montero era ministra, se destinaron 4,6 millones de euros procedentes de fondos europeos. Esta partida formó parte de una licitación más amplia y la adjudicación global fue otorgada a la unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas, que ascendió a 42,6 millones de euros con impuestos incluidos (35,2 millones de euros sin IVA).