Caso Herdez sigue en tribunales pese a controversia por juez detenido en Colombia

La detención en Colombia del juez federal Luis Benítez Alcántara, señalado por Estados Unidos por un caso de extradición, abrió un nuevo frente en el conflicto entre Grupo Hérdez e Irene León Escamilla por fraude procesal.

Sin embargo, la detención de Luis Benítez Alcántara en Colombia corresponde a una acusación estadounidense relacionada con un procedimiento de extradición ajeno al litigio laboral de Herdez. Aunque el juzgador intervino en la causa contra la abogada, las órdenes de aprehensión, la prisión preventiva y las suspensiones que mantienen abierto el procedimiento fueron dictadas por distintas autoridades judiciales.

La hermana de la abogada, Aurora León, está buscando utilizar el caso del juzgador para cuestionar el proceso contra Irene León y promover señalamientos contra la empresa, aunque su captura corresponde a una investigación distinta y no modifica las resoluciones que sustentan la prisión de la acusada.

¿De qué trata el litigio laboral entre Grupo Herdez e Irene León?

El proceso contra Irene León se relaciona con una demanda laboral que Alfredo Jorge Colín Huerta presentó contra Grupo Herdez, bajo el argumento de que trabajó para la compañía. La investigación cuestiona esa relación laboral y señala que el litigio formó parte de un presunto montaje para obtener dinero mediante procedimientos judiciales.

Entre los elementos del expediente figura una confesión escrita de Irene León, fechada el 11 de septiembre de 2025, en la que señaló que Alfredo Jorge Colín Huerta no había trabajado para las empresas demandadas y reconoció que el procedimiento se promovió de manera fraudulenta.

La abogada Irene León también señaló a su entonces jefe, Humberto Cavazos Chena, como la persona que daba instrucciones para preparar las acciones legales. A esta declaración se suman documentos y testimonios que cuestionan que Alfredo Jorge Colín tuviera algún vínculo laboral con la empresa.

Resoluciones judiciales contra Irene León son anteriores a la intervención de Luis Benítez

Las primeras resoluciones judiciales contra la abogada, Irene León son anteriores a la intervención del juez Luis Benítez Alcántara, quien asumió la competencia sobre la causa penal contra la abogada Irene León Escamilla en mayo de 2026.

En diciembre de 2024, el juez de control de la Ciudad de México Júpiter López Ruiz dictó la vinculación a proceso y prisión preventiva contra la abogada Irene León. Posteriormente, en marzo de 2025, el juez federal Juan José Hernández Leyva libró otra orden de aprehensión en su contra, que actualmente conoce el juez Benito Edgardo Hernández Luna.

El 14 de agosto de 2025, la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con ponencia del magistrado Jesús Ubando López, confirmó la prisión preventiva. El amparo promovido contra esa determinación terminó por desistimiento el 9 de octubre del mismo año. Ambas decisiones ocurrieron antes de que el expediente fuera asignado al juez federal Luis Benítez.

En 2026, el procedimiento registró nuevas resoluciones: El 17 de febrero, el juez de control José Alfredo Sotelo Llamas rechazó el sobreseimiento de la causa local.

No obstante, el 19 de mayo, después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desistiera de la acción penal, el mismo juzgador decretó el sobreseimiento y ordenó la libertad de la abogada, Irene León, Grupo Herdez, en su carácter de parte ofendida, impugnó esa decisión.

El 14 de julio de 2026, los tres integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedieron por unanimidad una suspensión para impedir que el desistimiento surtiera efectos.

El tribunal también resolvió recursos relacionados con la prescripción del delito y las órdenes de aprehensión. Nueve días después, el juez Decimocuarto de Distrito, Erik Zabalgoitia Novales, consideró justificado que el centro penitenciario no excarcelara a la abogada, Irene León mientras permaneciera vigente la suspensión judicial.

La intervención del juez federal Luis Benítez, tampoco fue la última decisión sobre el caso. El 16 de octubre de 2026, el Cuarto Tribunal Colegiado concedió por unanimidad otra suspensión para impedir que el desistimiento de la Fiscalía capitalina produjera efectos y ordenar la continuación del procedimiento. Esta resolución fue emitida por tres magistrados.

Dentro de las actuaciones judiciales se suman elementos documentales relacionados con la demanda laboral. El director de Administración de Recursos Humanos de Grupo Herdez declaró que Alfredo Jorge Colín Huerta nunca trabajó para la compañía, sus marcas o subsidiarias. Asimismo, recientemente fue dado a conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que no encontró registros de esa relación laboral.

Dichos elementos fueron examinados en una sentencia del 14 de julio de 2026, mediante la cual el Cuarto Tribunal Colegiado negó por unanimidad un amparo promovido por Alfredo Jorge Colín Huerta contra una orden de aprehensión.

Por otra parte, la Fiscalía General de la República formuló una acusación contra la abogada Irene León, cuya defensa recibió la notificación el 23 de septiembre. El procedimiento se encuentra en etapa intermedia, en la que deberán examinarse las pruebas propuestas por las partes para un eventual juicio oral.