Descongelamiento parcial a Rocha Moya es favoritismo del régimen: Roberto Soltero

La reciente determinación de la Unidad de Inteligencia Financiera de permitir el cobro de pensiones al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe interpretarse estrictamente como una medida cautelar parcial y específica dictada en acatamiento a una orden judicial, y no como un desbloqueo generalizado de su patrimonio ni como una resolución definitiva sobre su situación legal.

Así lo sostuvo el analista político Roberto Soltero. De acuerdo con la valoración del especialista, la resolución emitida el 5 de noviembre de 2026 por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una suspensión provisional amparada exclusivamente en el derecho a disponer de ingresos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones de subsistencia.

En ese sentido, Soltero precisó que la autoridad financiera habilitó de manera exclusiva dos cuentas bancarias destinadas a recibir las ministraciones venideras procedentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Resaltó que el conjunto de los activos financieros, inversiones, cuentas de ahorro y operaciones bancarias adicionales del exservidor público se mantienen completamente inmovilizados precautoriamente.

Permanencia en la lista de bloqueo

El analista político enfatizó que la disposición judicial para salvaguardar el mínimo vital de subsistencia no altera el estatus legal ni las indagatorias en curso que pesan sobre el mandatario con licencia.

Remarcó que la medida cautelar no retira a Rubén Rocha Moya de la Lista de Personas Bloqueadas instaurada por la autoridad hacendaria, ni constituye un fallo que acredite la ausencia de responsabilidad penal por el supuesto nexo con el Cártel de Sinaloa señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Asimismo, Soltero subrayó que las investigaciones conducidas por las autoridades federales respecto a los señalamientos sobre presuntos nexos con el narcotráfico continúan vigentes y en pleno desarrollo sustantivo.

Por ello, aclaró que la restitución de los flujos de jubilación responde de forma estricta a la técnica jurídica en materia de garantías individuales y no a una exoneración de las imputaciones financieras o penales.

Trato diferenciado

Pese a la justificación técnica de la suspensión judicial, Roberto Soltero aseveró que la actuación de la Federación termina traduciéndose en un beneficio directo para Rubén Rocha Moya que evidencia criterios de aplicación selectiva de la justicia.

Para sustentar su postura sobre la existencia de sesgos políticos en la conducción de los procedimientos de la autoridad financiera, el analista contrastó el caso del gobernador con licencia de Sinaloa con otros antecedentes de la administración pública.

"Obviamente se trata de acciones de la Federación que benefician al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, pues hay casos similares como el de Ernesto Ruffo Appel, a quien le han negado el acceso a sus cuentas de pensiones y entonces se trata de favoritismos del régimen de Claudia Sheinbaum hacia Rocha Moya", sentenció.

El especialista concluyó que la celeridad o disposición institucional para facilitar la operativa de cobro de pensiones en este expediente refleja una atención privilegiada por parte del Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, marcando una disparidad de criterio frente a exservidores públicos de la oposición a quienes se les ha mantenido el cerco financiero total aun en materia de prestaciones de seguridad social.