El PRO reclama que avance un proyecto de ley para volver a permitir la siembra al costado de las rutas nacionales

Una iniciativa que busca volver a permitir la siembra en terrenos ubicados a los costados de las rutas nacionales sigue a la espera de un dictamen en la Cámara de Diputados. El proyecto, presentado a principios de año por legisladores del PRO, permitiría sumar más de 50.000 hectáreas a la producción agrícola. Aunque ya hubo una reunión informativa, todavía falta que se reúnan las comisiones de Transportes y Presupuesto y Hacienda para avanzar con su tratamiento. Desde el PRO reclaman que se convoque a esas comisiones, ya que buscan recuperar una actividad que estuvo permitida hasta 2008.

En diálogo con LA NACION, el diputado nacional Javier Sánchez Wrba, autor del proyecto, explicó que hace tres meses no se reúne la Comisión de Transportes. “Nosotros estamos reclamando de manera insistente que se cite porque es un tema que, además, tiene consenso con el oficialismo, con la UCR, con el MID, con otros bloques que también quieren acompañar este proyecto”, señaló. Según dijo, la falta de reuniones se debe a una cuestión de agenda.

El diputado contó que habló con representantes de distintos bloques para conseguir apoyo. También se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para conversar sobre la propuesta. “Lo trabajamos con los diputados del oficialismo, con la UCR, con el MID. También tuvimos conversaciones con otros bloques que estarían de acuerdo en acompañar esta iniciativa”, afirmó.

La propuesta busca que se puedan volver a sembrar cereales, oleaginosas y pasturas en terrenos públicos que están junto a las rutas nacionales. No incluye las banquinas ni los espacios que deben quedar libres por seguridad, sino otras franjas de tierra que podrían aprovecharse para producir.

Sánchez Wrba explicó que la idea surgió a partir de un sistema que ya existió en la Argentina entre 1996 y 2008. Durante esos años, Vialidad Nacional daba permisos para sembrar en determinados terrenos junto a las rutas. Sin embargo, en 2008 se eliminó ese sistema, en medio del conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y el campo por la resolución 125. “En ese momento, en 2008, en pleno conflicto por la 125 entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, Cristina Kirchner decidió dar de baja este régimen que se había implementado desde la Dirección de Vialidad de Nación”, recordó.

Según el legislador, desde entonces no se volvió a revisar esa decisión. Consideró que permitir nuevamente la siembra “serviría para aumentar la producción, para darle mayor dinamismo a la actividad económica en el interior y para también generar nuevos recursos para el Estado”. Ese dinero, explicó, podría utilizarse para mejorar el estado de las rutas nacionales.

Según explicó, de los 40.000 kilómetros que tiene la red vial nacional, más de 50.000 hectáreas podrían destinarse a la producción agrícola. Para llegar a esa estimación, tuvieron en cuenta que no todas las rutas atraviesan zonas productivas, que las franjas de tierra tienen distintos tamaños y que deben respetarse los espacios de seguridad vial. “Más o menos nosotros hacemos un cálculo de que son más de 50.000 hectáreas que podrían ser volcadas inmediatamente a la producción agrícola”, afirmó.

Como ejemplo, señaló que si esas tierras se destinaran a la soja, se podrían producir más de 120.000 toneladas adicionales. “Si tomás como referencia la soja, podés estar hablando de más de 120.000 toneladas adicionales de producción de soja”, afirmó. Sin embargo, aclaró que también podrían sembrarse otros cultivos, como cereales y pasturas.

Cómo funcionaría

El proyecto establece que los productores que tengan campos junto a las rutas tendrán prioridad para conseguir los permisos de siembra, siempre que cumplan con las condiciones exigidas. Para acceder a esos terrenos deberán participar de convocatorias públicas y pagar por su uso. Los permisos serían por un tiempo determinado y podrían renovarse. Además, los productores deberán respetar las medidas de seguridad para no afectar la circulación, la visibilidad de los conductores ni el mantenimiento de las rutas.

El dinero que se recaude por esos permisos se destinaría al mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales que no estén concesionadas. En el caso de las rutas concesionadas, los ingresos pasarían a formar parte de los contratos correspondientes.

La propuesta también busca dejar sin efecto la resolución de Vialidad Nacional que prohibió esta actividad en 2008. En sus fundamentos, los diputados mencionan que en la provincia de Buenos Aires ya existe una ley que permite utilizar determinados terrenos junto a rutas y caminos provinciales para producir.

Por ahora, el proyecto sigue a la espera de que se reúnan las comisiones de Transportes y Presupuesto y Hacienda para conseguir dictamen. Sánchez Wrba insistió en que hay apoyo de distintos bloques para avanzar, pero que necesitan que se convoque a una nueva reunión para continuar con el tratamiento.