Javier Oliva advierte trato diferenciado en caso Rocha Moya

La decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de restituir las cuentas destinadas al cobro de pensiones a favor de Rubén Rocha Moya representa una medida profundamente polémica que proyecta un abordaje asimétrico por parte del Gobierno Federal.

Así lo consideró el especialista Javier Oliva, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México durante una entrevista con EL DEBATE.

El experto subrayó que el tratamiento concedido al gobernador con licencia contrasta con la rigidez aplicada a otros actores políticos a quienes se les mantienen inmovilizados sus instrumentos financieros.

El núcleo de la controversia radica en la inacción de los órganos procuradores de justicia en el país. Según explicó el académico de la UNAM, mientras en Estados Unidos existe una solicitud formal de extradición emitida por el Departamento de Justicia contra Rocha Moya y nueve exfuncionarios, de los cuales dos ya se encuentran bajo custodia en territorio estadounidense, en México la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no han abierto una sola carpeta de investigación sobre el caso.

El análisis de Oliva desglosó los principales puntos de tensión institucional en el ámbito nacional.

Resaltó que la FGR ni las autoridades ministeriales locales han iniciado expedientes penales contra el mandatario con licencia ni contra su círculo de colaboradores señalados por Washington.

Frente a los rumores sobre si el gobernador con licencia reside en una unidad militar o cuenta con resguardo policial especial, Oliva enfatizó que el dato verificado e ineludible es la omisión judicial del Estado mexicano para investigar los hechos.

El especialista planteó la paradoja legal y administrativa que supone restituir prestaciones de retiro a quien se mantenía como gobernador en funciones, señalando que los expertos en derecho penal deben dilucidar si resultaba procedente recibir pensiones simultáneamente al ejercicio del cargo constitucional.

Así, la coincidencia entre la falta de expedientes penales y el desbloqueo parcial de fondos por la UIF, dijo, está alimentando en la opinión pública la tesis de un trato preferencial y de un cerco de protección política dictado desde la Federación.

La Sombra Geopolítica de Washington y el Perfil de la Inteligencia de EE. UU.

Frente a las posturas que especulan sobre un eventual desinterés o postergación del expediente por parte de la administración estadounidense, Javier Oliva desestimó tajantemente que las autoridades de ese país vayan a archivar el caso.

El investigador explicó que los procesos judiciales federales en Estados Unidos poseen una dinámica institucional propia que no se detiene por coyunturas mediáticas ni por cambios en la agenda política.

Remarcó un dato geopolítico fundamental: el actual Director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, el órgano civil de mayor relevancia en la estructura de seguridad de la administración de Donald Trump, es el mismo exfiscal que liberó en su momento la orden de aprehensión formal contra Rubén Rocha Moya y sus nueve colaboradores.

Bajo esta perspectiva, el especialista detalló los elementos que mantendrán la presión bilateral sobre el gobierno mexicano

Explicó que las causas penales iniciadas en cortes federales norteamericanas siguen un desarrollo legal autónomo que no se flexibilizará frente a las posturas soberanistas de México.

Además, dijo, la presencia de figuras clave que impulsaron las órdenes de aprehensión en los puestos más altos de la inteligencia estadounidense descarta cualquier escenario de reblandecimiento en la política de seguridad y extradiciones.

DE esa forma, argumentó el investigador universitario, la exigencia sobre el caso Sinaloa se mantiene vinculada a la agenda amplia de seguridad, migración y amenazas arancelarias, en un contexto de beligerancia retórica renovada hacia México.