Los programas electorales de PP y Vox allanan el futuro acuerdo de Gobierno

Lo dicen la mayoría de las encuestas . PP y Vox pueden verse abocados a una negociación para el futuro Gobierno después del 29 de noviembre. Dejando a un lado la posibilidad de que haya coalición o no –un Consejo de Ministros integrado por ambos partidos–, lo que tendrán que acordar es un programa conjunto para que una investidura prospere. En las dos próximas semanas ambos afrontan una campaña crucial para la derecha. A diferencia de las anteriores, parecen haber entendido la necesidad de bajar las espadas, de firmar una tregua. Incluso, han cerrado un pacto para las listas del Senado. Y los programas electorales confirman la convergencia que existe en muchos de los grandes asuntos políticos.Para ambos partidos, la política migratoria aparece como asunto dominante. El PP lo ha convertido en la gran novedad de su ideario para el 29N. Nunca antes el partido de Alberto Núñez Feijóo había presentado un paquete de medidas tan concreto que incluye desde una Autoridad única para la inmigración hasta los centros de retorno que puso en circulación Giorgia Meloni. El endurecimiento en su postura desde 2023 es evidente. Y a pesar de ello, es el asunto en el que más diferencias se aprecian con Vox. El partido de Santiago Abascal va mucho más lejos en sus planteamientos, con un capítulo dedicado a la 'prioridad nacional' .Ya fue el gran motivo de discusión en las negociaciones autonómicas. Lo que dice el programa de Vox es que se debe garantizar «un acceso preferente de los españoles a vivienda pública, plazas de guardería, bonos de comedor o transporte; y al resto de prestaciones sociales». Para ello, habla de modificar cuantas normativas sean necesarias. El PP, en cambio, apuesta por un «arraigo real, duradero y verificable» que no tenga en cuenta solo el empadronamiento a la hora de conceder esas ayudas, sino otros elementos como «la trayectoria de cotización o la contribución al sistema». Feijóo aseguró en la entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild que en su partido habían estudiado a fondo exigir la nacionalidad como único requisito para solicitar una prestación pública y que la conclusión es que se trata de algo ilegal dentro de la Unión Europea. En lo que los dos partidos coinciden con apenas matices es en prohibir las regularizaciones masivas, limitar el arraigo a la vía excepcional –en el caso del PP; porque Vox lo suprime–, en la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos; en endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad española y establecer su pérdida para los no españoles de origen que sean condenados por delitos graves; y en promover el retorno de los menores inmigrantes no acompañados a sus países de origen o con sus familias.La gestión de la llegada de nuevos inmigrantes sí que se aborda de forma distinta. Vox proclama que España no puede aceptar «ni uno más»; y el PP apuesta por un sistema vinculado al empleo –con un contrato firmado en el país de origen o la puesta en marcha del visado por puntos–. Hay una mención específica a la mano de obra en el sector de la construcción ligado a la promesa de hacer un millón de viviendas nuevas en una legislatura, lo que implicaría medio millón de contrataciones, que tendrían en cuenta «los cupos» de inmigración laboral que también propone el PP. También hay diferencias en la gestión de aquellos inmigrantes que ya residen en España. Vox habla abiertamente de repatriar a todos los irregulares e iniciar un proceso de remigración para todos los que no contribuyan o se mantengan con subsidios públicos. La propuesta del PP es mucho más gradual. Lo que dice el programa es que la renovación de la residencia estará vinculada a un compromiso de integración (aprender español, conocer la Constitución) y sobre las órdenes de retorno, promete que se ejecutarán, pero prevé programas de retorno voluntarios «con incentivos». Los populares tampoco abordan la exclusión de los inmigrantes irregulares de la sanidad pública, mientras que Vox apuesta por su exclusión salvo casos de urgencia grave.Los otros asuntos en los que se aprecian divergencias miran a las leyes de violencia de género –Vox sostiene derogarlas, aunque no concreta, y tampoco recoge ya la supresión del Ministerio de Igualdad o los juzgados de violencia machista como hacía en 2023; frente al PP, que mantiene el Pacto de Estado y refuerza la acción de esos juzgados–. También el rechazo expreso de Vox a Mercosur con el PP insistiendo en las cláusulas de salvaguarda y en mirar a otros mercados. O las políticas verdes: Vox insiste en terminar «con las imposiciones climáticas» y rechaza el Pacto Verde europeo; mientras que el partido de Feijóo asume la descarbonización como un «objetivo irrenunciable», pero «poniendo freno a calendarios imposibles». Aunque Vox apenas aborda la política exterior en su programa electoral, los dos partidos mantienen un choque importante sobre la relación que debería tener el futuro Gobierno con Bruselas.El modelo territorial es siempre un asunto espinoso para la relación de ambas formaciones. El PP defiende el Estado de las Autonomías y el autogobierno con total nitidez; y Vox en este programa no aborda la devolución de competencias que venía defendiendo en otros momentos. Es lo que Feijóo resumió de la siguiente manera: «Vox ha ido hacia la realidad».Hay una propuesta que también aparece en ambos programas sobre el Ingreso Mínimo Vital. Abascal apoya que esa prestación sea solo «para españoles con menos recursos», y Feijóo aseguró a Jordi Wild que lo quitará o irá disminuyendo hasta llegar a cero si no avanzan «a un camino hacia el empleo».Parecidos más que razonablesLos dos partidos apuestan por reforzar la frontera sur con las Fuerzas Armadas, especialmente tras la invasión en Ceuta; en materia de Vivienda, hay consenso en derogar la actual ley del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobar una nueva Ley del Suelo, apostar por las deducciones de alquiler, establecer el IVA reducido a la primera vivienda y el desalojo exprés de los okupas. También hay coincidencia en la simplificación administrativa con la fórmula «derogar tres normas por cada una nueva» y el silencio positivo; en la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares; y en la creación de un Plan Nacional de Agua.Los dos partidos recogen la derogación de la Ley de Memoria Democrática; impedir los homenajes a los etarras y endurecer los beneficios penitenciarios a los que están accediendo; la ampliación de la prisión permanente revisable y reconocer como profesión de riesgo a las fuerzas de seguridad. También contemplan una nueva ley educativa que corrija por completo la actual y garantizar la libre elección de centro; además de la gratuidad de la escuela de cero a tres años; y en reivindicar la tauromaquia y proteger los símbolos nacionales. En los dos programas aparece la reivindicación de la soberanía española sobre Gibraltar.