Los responsables del saqueo deben responder con sus bienes por el daño causado al país

Ante la grave crisis que sufre el país, diversos gremios empresariales y organizaciones civiles se dirigieron al nuevo presidente de la República, Pedro Alliana, para, entre otras cosas, condenar “la impunidad que destruye la economía” y reclamar el castigo de quienes deben ejercer el control. De lo que se trataría es de “preservar el grado de inversión y recuperar la confianza económica”. Paradojalmente, en los hechos, el primer sancionado en esta siniestra historia fue el exgerente de Supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP) Fernando Rivarola, quien, ya en julio pasado, levantó las alarmas sobre lo que venía ocurriendo, al revelar descalces patrimoniales, operaciones crediticias de alto riesgo y sobregiros sin garantía otorgados por Ueno Bank a propias firmas ligadas. Poco después, el hoy recluido expresidente Santiago Peña, exaccionista de Ueno Holding, encabezado por Miguel Vázquez, apartó de la banca matriz al molestoso funcionario, convirtiéndolo en miembro del Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo.

Con toda evidencia, el Poder Ejecutivo no tenía el menor interés en controlar las operaciones del Grupo Vázquez, cuya financiera fue dirigida por Carlos Carvallo Spalding desde junio de 2021 hasta agosto de 2023. En un caso típico de “puertas giratorias”, el 1 de septiembre de 2023, asumió la presidencia del BCP, previo acuerdo de 39 de los 43 senadores presentes. Como se ha visto, llamativamente el grueso de los legisladores no estimó necesario hurgar en los antecedentes del candidato y del Grupo Vázquez.

Tras su nombramiento, y como si no hubiera ningún conflicto de intereses, Carvallo Spalding declaró que su esposa María Silvia Vázquez –consultora en economía y métodos– tenía “contratos habituales” con el Grupo Vázquez. En efecto, entre abril de 2025 y septiembre de 2026, cobró del mismo al menos 165 millones de guaraníes. En otro orden, en septiembre de 2023, a poco de iniciado un nuevo periodo gubernativo, el Instituto de Previsión Social adquirió de Ueno Bank certificados de depósito de ahorro, a un costo de 70.000 millones de guaraníes de los fondos previsionales. En octubre de 2024, nuestro diario publicó que, con fondos del mismo origen, había comprado bonos por valor de 250.000 millones de guaraníes. Nada se hizo para impedir que la estafa continuara.

Resulta entendible, aunque no justificable, que presumiblemente los estrechos vínculos con Santiago Peña hayan contribuido a que Ueno Bank fuera el banco preferido de varias entidades públicas, cuyas máximas autoridades también deberían ser investigadas. ¿Acaso recibieron alguna insinuación al respecto o estimaron, por sí solas, que le darían el gusto al expresidente de la República, confiando a Miguel Vázquez sumas multimillonarias en dólares? Por su parte, los senadores habrían hecho bien en averiguar el historial del grupo y sus lazos con Carvallo Spalding: no lo hicieron y ahora el país entero carga con las consecuencias. Por lo visto, los involucrados estaban muy seguros de su impunidad, por lo que actuaron, por así decirlo, a cara descubierta, para estafar a millones de paraguayos y desangrar a entidades públicas.

En su campaña electoral de 2023, Santiago Peña sostuvo que la afiliación a la ANR era más importante que un título académico a la hora de ocupar un cargo público: no aludió a la honestidad, quizá porque no tenía pensado cumplir con este requisito. Es de desear que Pedro Alliana esté a la altura de las circunstancias. Por de pronto, es plausible que, en consonancia con las demandas del empresariado y de organizaciones sociales, el Poder Ejecutivo haya propuesto introducir ciertas medidas de austeridad en el proyecto del Presupuesto nacional en estudio, para reasignar fondos a la salud, la educación y las obras públicas.

Aunque es como pedir peras al olmo, se espera que el Ministerio Público y la judicatura cumplan con su obligación de hacer justicia, caiga quien caiga, como suele decirse. Los culpables del descomunal saqueo deben cargar no solo con la responsabilidad penal, sino también con la civil emergente del delito, para reparar con sus bienes el tremendo daño infligido a los ahorristas y al Estado.

El considerado posiblemente mayor escándalo financiero de la historia patria debe conducir a que se refuercen los controles y a que sus protagonistas reciban el condigno castigo. El peso de la ley debe caer con todo sobre los responsables. La impunidad es una invitación para seguir repitiendo los saqueos.