La Generalitat oculta hace nueve meses información sobre la VPO que compró la mujer del alcalde de Alicante y que puso en alquiler

En medio de la polémica desatada por las irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas del residencial Les Naus de Alicante a cargos y personas afines del PP, un caso que ya se investiga en el juzgado, elDiario.es destapó que la mujer del alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala (PP), disponía, al menos hasta el pasado mes de febrero, de una vivienda protegida que adquirió en 2006 en la que nunca había vivido y que tenía alquilada en otra urbanización con zonas comunes y piscina denominada Los Lirios.

La fórmula jurídica para poder hacerse con esta casa fue aprobada por el PP a inicios del presente siglo y permitió a los compradores beneficiarse de un negocio redondo. En esta promoción había un total de 12 viviendas protegidas que la promotora podía vender a terceros, previa autorización de la Generalitat Valenciana, que a su vez debían destinarla de forma obligatoria a alquiler con los parámetros establecidos por la administración. De esas 12, una se la quedó la mujer del alcalde y otra su excuñada, como también avanzó esta redacción. La identidad de los otros 10 propietarios de momento se desconoce.

Esto es precisamente lo que el pasado 9 de marzo preguntaron la diputada del PSPV, María José Salvador, y su compañero de partido, el también diputado Benjamín Mompó. En concreto, preguntaron por escrito a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, por las autorizaciones concedidas por la Generalitat Valenciana entre los años 2002 y 2005 para enajenar viviendas, así como la identidad de los beneficiarios.

Nueve meses después y tras una segunda pregunta planteada por escrito el pasado 10 de junio, sigue sin haber respuesta. Por este motivo, Salvador ha recurrido a un mecanismo extraordinario previsto en el reglamento de las Corts para requerir por tercera vez la información, en concreto, “qué viviendas de protección pública en alquiler han estado enajenadas conforme al artículo 25.3 de decreto 92/2002 de 30 de mayo del Gobierno valenciano sobre actuaciones en materia de vivienda”.

En concreto, la diputada socialista ha invocado el artículo 12.3 del reglamento del parlamento valenciano por el cual “si el Consell no cumple lo que disponen los apartados anteriores [dar respuesta a las preguntas planteadas], el diputado o diputada solicitante podrá formular una pregunta oral ante la comisión competente que se incluirá en el orden del día de la primera sesión que se convoque. Si, a juicio del grupo parlamentario al que pertenece quien lo ha pedido, las razones no son fundamentadas, en el plazo de cinco días, puede presentar una proposición no de ley ante la comisión correspondiente que tendrá que ser incluida en el orden del día de una sesión a realizar en el plazo de quince días desde su publicación”.

Según Salvador, “el presidente del Consell, Pérez Llorca, tiene que explicar por qué no entregan la documentación solicitada” y recordó que el grupo socialista ha pedido “la documentación a la Conselleria de Vivienda para saber todas las viviendas que se adquirieron en este régimen pertenecientes al plan de vivienda 2002-2005 para conocer de primera mano el expediente de la vivienda de la mujer de Barcala y de otros si hubiera”.

La socialista ha denunciado que “el PP y Pérez Llorca ocultan deliberadamente esta información” por lo que ha explicado que han presentado “una pregunta oral que tendrá prioritaria tramitación en la comisión de obras públicas, en virtud del artículo 12.3 del reglamento que permite de manera excepcional y cuando no se entrega la documentación pedir cuentas a través de preguntas orales en comisión y que Camarero explique por qué oculta información”.

Detalles de la operación

La promotora de la promoción de VPO Los Lirios de Alicante, donde al menos hasta febrero tenía su inmueble la mujer del alcalde y su excuñada hasta que esta última la vendió, fue Antares Inmoinvest SA, una conocida empresa alicantina que en la actualidad sigue presentándose a la gestión de viviendas protegidas.

En el caso de Sagrario Martín, mujer del primer edil, se quedó un piso de 90 metros cuadrados, una plaza de garaje y un trastero, además de la parte proporcional de las zonas comunes, donde hay una piscina, mediante la subrogación de un préstamo con Caja Madrid por valor de 68.489,73 euros. Unas condiciones que no debieron ser muy diferentes a las que obtuvo la exmujer de Carlos Barcala, hermano del alcalde.

A cambio de este precio ventajoso, cuando la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar, y según el decreto en el que se amparaban estas viviendas, se debía mantener la vivienda en alquiler durante un plazo de entre 10 y 25 años a un precio tasado. Después, y según la misma norma, “en el supuesto de que el inquilino no comprase la vivienda, el arrendador podrá optar por continuar con la explotación de la misma en régimen de arrendamiento o venderla, previa autorización del cambio de uso por parte de los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, coincidiendo con la terminación del plazo del contrato de arrendamiento o de alguna de sus prórrogas”. Sagrario Martín pudo acogerse al plazo de 10 años de limitación del precio del alquiler y a buen seguro también la excuñada del alcalde, ya que de lo contrario no se hubiera cumplido el plazo legal para poder ponerla en venta.

De esta manera, mientras se cobra el alquiler se va pagando la hipoteca subrogada y una vez liquidada y liberado el inmueble de la protección, se puede alquilar o vender en el mercado de renta libre. El procedimiento que se siguió para elaborar listas de posibles adjudicatarios para estas viviendas y para su adjudicación es una incógnita, más allá de lo señalado por Barcala cuando se hizo público el caso de su mujer: “La compradora se entera porque el plan parcial de Benisaudet fue una actuación en la que el entonces Instituto Valenciano de Vivienda promovió suelo para varios edificios de viviendas protegidas y fue muy conocido en todo Alicante”, explicó Barcala.