La CPI cierra expediente sobre Afganistán y mantiene la investigación sobre los talibanes

La decisión, adoptada el 12 de noviembre por la Sala de Cuestiones Preliminares II, pone fin al procedimiento iniciado en 2020, después de que los jueces concluyeran que la Fiscalía no ha demostrado capacidad para continuar eficazmente las investigaciones incluidas en esa causa.

El tribunal señaló las importantes limitaciones para investigar y obtener pruebas en Afganistán, agravadas por el tiempo transcurrido desde la comisión de los presuntos delitos, algunos de los cuales se remontan a 2003.

La investigación original comprendía posibles crímenes cometidos por las fuerzas afganas, los talibanes y personal militar y de inteligencia estadounidense durante el conflicto, además de actuaciones atribuidas a la rama afgana del Estado Islámico (EI).

Según la resolución, la Fiscalía había concentrado sus pesquisas recientes en la persecución de mujeres y niñas por los talibanes, los delitos contra otros grupos por motivos políticos, étnicos o religiosos y las acciones del Estado Islámico en la provincia de Jorasán desde 2016.

Los jueces determinaron que las dos primeras líneas corresponden a una nueva investigación, denominada Afganistán II, mientras que la Fiscalía no ha solicitado hasta ahora órdenes de arresto contra sospechosos por los crímenes atribuidos al Estado Islámico.

El cierre no afecta a las cuatro órdenes de arresto emitidas contra altos cargos talibanes, incluido su líder supremo, Hibatullah Akhundzada, por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la persecución por motivos de género y políticos.

La nueva investigación fue abierta formalmente en octubre, tras una iniciativa presentada por Chile, Costa Rica, España, Francia, Luxemburgo y México para investigar los crímenes cometidos contra mujeres y niñas desde la toma del poder por los talibanes.

La Fiscalía ha recurrido la decisión de trasladar documentos judiciales al nuevo expediente, mientras el cierre de la causa original no supone una absolución de los posibles responsables ni impide la eventual reapertura de investigaciones conforme a las normas de la CPI.