Descartan irregularidades: Aún no hay actos de campaña hacia el 2027, señalan

“Ningún acto puede ser considerado ahorita de campaña, ninguno”, afirma Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán.

También señala que el organismo no cuenta actualmente con un programa específico de vigilancia en las calles para detectar posibles actos anticipados de precampaña y campaña rumbo a las elecciones de 2027.

En una entrevista con el Diario, el funcionario señala que, aunque algunos actores políticos ya realizan recorridos, reuniones y actividades de promoción personal, estas acciones no necesariamente representan una violación a la ley.

Se deben analizar bajo los criterios establecidos por las autoridades electorales, particularmente la existencia de un llamado expreso al voto, indica.

Los partidos políticos tienen derecho a realizar actividades de difusión y sus integrantes pueden ejercer sus derechos políticos, entre ellos caminar por los municipios, conversar con ciudadanos y dar a conocer sus logros de gobierno, refiere.

Sin embargo, advierte, cuando exista una conducta que pueda constituir una infracción el INE está obligado a investigar, siempre que cuente con los elementos necesarios para hacerlo.

El vocal ejecutivo aclara que la competencia de la Junta Local se circunscribe a las seis diputaciones federales que estarán en disputa en Yucatán.

Por ello, no le corresponde determinar si las actividades de promoción de quienes aspiran a cargos estatales o municipales están dentro de los límites legales.

“En el ámbito federal te diré que no he detectado (actos de precampaña o campaña). Y sin embargo, en el ámbito local no me compete”, responde al preguntarle si ha observado irregularidades en las actividades de los distintos actores políticos.

Documentación

Sobre los mecanismos de vigilancia, Alvarado Díaz reconoce que actualmente no existe un programa específico para que el personal del instituto realice recorridos, investigue y documente sistemáticamente las actividades de los posibles aspirantes.

En el Consejo General del INE se planteó la necesidad de que el organismo tuviera una mayor intervención mediante visitas e investigaciones, recuerda, pero la propuesta no fue aprobada.

“Entonces, en ese sentido nosotros nos vemos impedidos a hacer algo más de lo que nos pide la norma”, señala el funcionario.

Esto no significa que el instituto permanezca al margen de las posibles irregularidades. Alvarado Díaz indica que puede iniciar investigaciones a partir de las denuncias que reciba.

También actuar de oficio cuando alguno de sus funcionarios observe una conducta evidentemente contraria a la legislación.

Como ejemplo, menciona el caso de una persona que se presente como candidata y solicite directamente el voto. En una situación así, el INE podría solicitar la intervención de la Oficialía Electoral para verificar los hechos, recabar pruebas e integrar el expediente correspondiente.

Aportes de la gente

En cuanto a las denuncias ciudadanas, pide que quienes consideren que existe una irregularidad aporten elementos que permitan comprobarla, pues una acusación basada únicamente en percepciones o dichos no es suficiente para iniciar y sostener un procedimiento.

Las fotografías y vídeos pueden servir como pruebas, pero también es necesario establecer cuándo fueron obtenidos, señala.

Una imagen de propaganda con un llamado al voto, por ejemplo, no demuestra por sí sola que el material haya sido colocado recientemente.

Cuando existen elementos suficientes, el instituto realiza las diligencias, garantiza el derecho de audiencia de la persona señalada e integra un expediente que se remite a las instancias competentes para que determinen si hubo una infracción y qué procede.

El funcionario también dice que el área de fiscalización revisa los eventos que organizan los partidos políticos, tanto federales como locales, para analizar el ejercicio de sus recursos y los gastos que posteriormente reportan como parte de sus actividades ordinarias.