Nueva Ley de Educación en Cuba, 67 años después: de uso "ético" de la IA al sector privado

Después de 19 versiones, la propuesta de ley se encuentra en este momento bajo consulta popular, en un país donde la educación es vista como uno de los pilares desde el triunfo de la Revolución en 1959 y ha sido defendida con orgullo por las autoridades cubanas por sus resultados.

Sin embargo, en la actual coyuntura, las autoridades han reconocido la complejidad de mantener las aulas abiertas debido a la crisis económica y energética, causada tanto por el bloqueo petrolero y las sanciones de EE.UU., como por las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales.

El anteproyecto, que consta de diez títulos y 243 artículos, será sometido a consideración en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, el legislativo unicameral cubano), en diciembre.

Con su aprobación quedaría derogada la Reforma Integral de la Enseñanza del 23 de diciembre de 1959, hito fundacional de la educación cubana.

El anteproyecto fija por ley la obligatoriedad educativa en Cuba desde el grado preescolar hasta el noveno curso y remarca que "la educación constituye un bien público social y un derecho humano universal reconocido en la Constitución".

Reitera asimismo, el "carácter público, gratuito, inclusivo, accesible, laico y equitativo" de la Educación, cuya "organización, regulación y provisión del Sistema Nacional de Educación constituyen una responsabilidad indelegable del Estado".

Sin embargo, el Estado socialista cubano, en plena liberalización de actividades tras aprobar 176 transformaciones sociales y económicas recientemente, también considera la presencia del sector privado en la educación.

Como establece el anteproyecto, el financiamiento estatal a las instituciones educativas puede complementarse (...) "con aportes de otras formas de gestión no estatal; así como de la cooperación nacional e internacional, bajo la rectoría, regulación y supervisión estatal".

Autoriza también a los organismos formadores a incorporar fuentes complementarias de financiamiento e "implementar vías y estructuras para generar ingresos complementarios (...) incluida la creación de fundaciones, empresas interfaz, micro, pequeñas y medianas empresas".

Se considera la gestión para el sector privado en la prestación de servicios complementarios, como las casas de cuidado infantil (guarderías o jardines), y reconoce la validez de los conocimientos adquiridos de forma autodidacta o por experiencia laboral.

Otra de las novedades se encuentra en los profesores particulares. Conocidos popularmente en Cuba como "repasadores", el anteproyecto reconoce su posibilidad de ejercer fuera del sistema público.

La ministra de Educación de la isla, Naima Trujillo, destacó en una entrevista a EFE las ventajas de quienes ofrecen clases particulares, ante la falta de profesores en las aulas: "al legalizarlo, el diálogo entre la escuela, la familia y el repasador es mucho más abierto. En esas figuras también tenemos que seguirnos respaldando".

De hecho, antes del anteproyecto, el Ministerio de Educación de la isla ya había dado luz verde el pasado septiembre a la norma que permite a los maestros y profesores activos en Cuba a solicitar autorización para ofrecer repasos particulares, una labor prohibida por la ley cubana en 2022.

En el ámbito tecnológico, el texto legislativo abre formalmente la puerta a la incorporación "crítica y ética" de la Inteligencia Artificial, el 'blockchain' y la realidad aumentada dentro de los procesos de gestión y enseñanza en las aulas cubanas.

La disposición condiciona el empleo de estas herramientas emergentes a "elevar la eficiencia institucional mediante la optimización de los procesos de gestión educativa; contribuir a la reducción de la brecha digital, la sostenibilidad ambiental de su implementación y las medidas de ciberseguridad".

Por otro lado, el anteproyecto dedica especial atención a la protección integral de la niñez, para garantizar entornos educativos seguros y mecanismos de denuncia y restablecimiento de derechos en cada escuela; así como los protocolos claros para la prevención de la violencia.

Las acciones de prevención comprenden, entre otras medidas, "la identificación de riesgos en el uso de las tecnologías digitales, la orientación para solicitar ayuda y el acceso a los servicios de apoyo y protección ante situaciones de violencia".