Familiares de secuestrados: “Aún hay tiempo para hacer justicia”
“En medio de los cambios políticos y las investigaciones que atraviesa el país, hay tres secuestros que siguen sin esclarecerse: los de Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta”, reza la publicación
“Paraguay vive un momento en el que se exige justicia y rendición de cuentas. Esa misma exigencia debe alcanzar también a quienes llevan años desaparecidos”, agrega.
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Finalmente añade que “aún hay tiempo para conocer la verdad, encontrar a los tres y hacer justicia. #EncontremosALosTres”, indica el escrito difundido en las redes sociales.
Los tres secuestros
El más antiguo de los tres casos es el del suboficial de Policía Edelio Morínigo Florenciano, registrado el 5 de julio de 2014 cuando el agente, que estaba libre de servicio, fue de cacería a un monte de la estancia María Auxiliadora, más conocida como Macchi Cue, en el distrito de Arroyito departamento de Concepción.
En ese lugar estaban ocultos los miembros del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Familiares del suboficial Morínigo, con ayuda de militares, policías y la Fiscalía, han realizado varias excavaciones en busca del cuerpo de uniformado, a quien dan por fallecido, pero hasta ahora no se lo ha encontrado.
El ganadero Félix Urbieta Ramírez fue secuestrado por el grupo de civiles armados autodenominado Ejército del Mariscal López (EML), el 12 de octubre de 2016.
Los delincuentes llegaron a su estancia, donde residía, ubicada a 15 kilómetros del centro urbano de Horqueta. Pidieron 500.000 dólares y enviaron varias pruebas de vida. Tras negociaciones fijaron el monto de 300.000 dólares por la liberación.
La familia no pudo reunir todo el dinero requerido y los secuestradores dijeron, en una carta entregada a la familia, que asesinarían al ganadero.
El tercer caso es el del exvicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez, llevado por el EPP el 9 de setiembre de 2020.
Los delincuentes habían pedido la libertad de varios de sus miembros que están presos y la distribución de víveres, ropas y calzados a comunidades campesinas e indígenas asentadas en varios departamentos del país.
La familia del expolítico cumplió con repartir lo exigido por la banda criminal, pero no se liberó a los integrantes del EPP presos.
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