FGR realiza diligencias en el INE por presunta corrupción en gestión de Guadalupe Taddei

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) y bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, realizó diligencias ministeriales en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlalpan y en la Torre Zafiro, ubicada en Jardines del Pedregal, entre el 11 y el 13 de noviembre de 2026. El objetivo fue recabar información y realizar auditorías forenses sobre documentos, contratos y oficios relacionados con presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Guadalupe Taddei.

De acuerdo con la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, estas acciones no constituyeron un cateo, sino que se trató de requerimientos formales de información. "No es la palabra correcta usarlo [cateo] en este tipo de situaciones. Lo que hacen es que nos dicen: este es mi requerimiento de información, y se les da acceso al requerimiento de información", explicó Cruz García el 13 de noviembre.

Las diligencias se concentraron en áreas estratégicas: la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración, en particular la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. Estas áreas han sido señaladas en diversas denuncias por presuntas anomalías en la adjudicación de contratos y manejo de recursos.

¿Qué originó la investigación contra el INE?

La intervención de la FGR responde a una denuncia presentada por el propio INE el 7 de noviembre de 2026, a la que se suman otras seis denuncias del Órgano Interno de Control y querellas de partidos políticos como el PRI y el PAN, así como de la Auditoría Superior de la Federación. En total, existen 15 carpetas de investigación abiertas que involucran a más de 50 personas físicas y morales, entre ellas familiares de Guadalupe Taddei y proveedores como José Alfredo Hernández Casillas.

El caso cobró relevancia tras la difusión de videos en medios nacionales donde se observa a funcionarios del INE, incluido el exdirector de Recursos Materiales, Mario Alfonso Burciaga Esparza, en reuniones con Hernández Casillas, quien está vinculado a la empresa Cajas Graf. Esta compañía recibió un contrato por 198.7 millones de pesos para suministrar materiales en la elección judicial de 2025, uno de los puntos bajo escrutinio.

¿Cuáles son los contratos y montos investigados?

Entre los contratos señalados destaca la licitación para la producción de credenciales para votar para el periodo 2026-2031, cuyo valor asciende a 1,100 millones de pesos. Además, se revisan adjudicaciones directas y procedimientos de contratación relacionados con la compra de materiales electorales y servicios logísticos.

La FGR también investiga la posible participación de familiares de Guadalupe Taddei y de otros funcionarios en la asignación de contratos a empresas vinculadas, así como la legalidad de los procesos administrativos internos.

¿Cómo ha respondido el INE ante las diligencias?

El INE ha colaborado activamente con las autoridades ministeriales. Según el consejero Martín Faz, el instituto incluso sugirió a la Fiscalía una serie de diligencias y áreas específicas donde concentrar la revisión: "Nosotros le dijimos a la Fiscalía o le sugerimos una serie de diligencias que sería conveniente hacer y dónde hacerlas. Mencionamos áreas y mencionamos contratos".

Por iniciativa del consejero Arturo Castillo, el INE solicitó que la investigación se amplíe a todo el periodo que legalmente sea posible, no solo a la gestión de Taddei, con el fin de deslindar responsabilidades históricas y garantizar transparencia.

¿Qué impacto ha tenido la investigación en el INE?

Tras la salida de Guadalupe Taddei el 26 de octubre de 2026, se han registrado aproximadamente 30 renuncias de mandos directivos y personal operativo en el instituto. Esta ola de dimisiones ha generado inquietud sobre la estabilidad administrativa y la continuidad de los procesos internos en el INE.

Las diligencias ministeriales y la apertura de múltiples carpetas de investigación han puesto bajo la lupa la gestión de recursos y la transparencia en la contratación de servicios y materiales electorales, en un contexto donde la confianza pública en las instituciones electorales es clave para la gobernabilidad.

¿Qué sigue en el proceso de investigación?

La FGR continuará integrando las carpetas de investigación y recabando pruebas documentales y testimoniales. El alcance de la indagatoria podría extenderse si se detectan nuevas irregularidades o si las denuncias presentadas por partidos y órganos de control aportan elementos adicionales.

Por ahora, no se han reportado órdenes de aprehensión ni aseguramientos de bienes, y las diligencias se han limitado a la revisión y aseguramiento de documentos y archivos electrónicos. El INE mantiene su disposición a colaborar con las autoridades y ha reiterado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Por qué es relevante este caso para la vida pública?

La investigación de la FGR en el INE ocurre en un momento clave para la democracia mexicana, ya que el instituto es responsable de organizar los procesos electorales y garantizar la legalidad y equidad en la competencia política. Las presuntas irregularidades en la gestión de recursos y contratos pueden afectar la percepción ciudadana sobre la imparcialidad y eficiencia del órgano electoral.

El desenlace de las investigaciones y la eventual determinación de responsabilidades serán determinantes para fortalecer o debilitar la confianza en el sistema electoral nacional. Por ello, el seguimiento puntual a las diligencias y la transparencia en el proceso son aspectos fundamentales para la opinión pública y los actores políticos.