El deber de proteger y el quiebre de la confianza ciudadana

Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional”. Simple y contundente. Esta es una de las obligaciones fundamentales que la República impone a todos sus funcionarios públicos y aquí no hay excepciones ni privilegios de la ley: la cumplen desde el presidente hasta el último servidor del Estado.

Desde luego que no es una formalidad para cumplir durante un acto de juramento ni una frase de adorno para llenar los discursos oficiales. Es un mandato que otorga el pueblo y que compromete a quienes ejercen una función pública y que, como evoca y demanda la propia fórmula constitucional, tiene una advertencia incuestionable: “Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden”.

El colapso de Ueno Bank obliga a revisar sobre ese compromiso, porque lo que se discute y se debate no es solamente el desplome nefasto (por su impacto) de una entidad financiera, las fallas de supervisión o los perjuicios causados que tuvieron que cubrirse mediante los mecanismos de garantía.

Lo que el trabajo del Ministerio Público comienza a mostrar es un escenario más delicado: la utilización de las propias estructuras del Estado para favorecer intereses particulares, en perjuicio de miles de ciudadanos que confiaron sus ahorros al sistema financiero.

Se ha visto que el empleo del Estado para fines contrarios a la ley y al pueblo pueden causar estragos, tal como ocurrió en la gestión de gobierno 2018-2023, cuando las instituciones públicas se usaron como “garrote político”, con el único fin de la persecución, situación que desembocó en pérdidas de empleos y merma de ingresos para el fisco.

Pero todo esto está reglado, incluidos los que se atreven a desviarse de la ética de la gestión. El flamante presidente del Banco Central del Paraguay, Jorge Schreiner, puso en el centro de la discusión una cuestión esencial al destacar que el problema que afecta e impacta el Paraguay en estas semanas y meses nunca estuvo en el diseño de la ley ni en las normas financieras.

Las reglas existían, eran claras y establecían los mecanismos de control y las medidas que debían adoptarse cuando una entidad presentaba indicadores preocupantes. El problema, se deduce, no fue por la ausencia de herramientas o soportes legales, sino la conducta de quienes tenían la obligación de utilizarlas.

Y esta distinción que hace Schreiner es clave, puesto que una legislación puede ser perfectible, pero ninguna norma puede sustituir la ética, la independencia y los escrúpulos de quienes deben aplicarla con criterio y atendiendo siempre el interés colectivo.

El acta de imputación contra la otrora cúpula del BCP y contra el expresidente de la República muestra que ni desde el Poder Ejecutivo ni desde la banca matriz se cuidó el interés general.

Porque la lógica es tan inapelable como concluyente: si las autoridades conocen las alertas, disponen de facultades para actuar y pese a esto dejan que los eventos prosigan su curso normal, no estamos ante una simple deficiencia administrativa o falla en la aplicación de la ley. Nos enfrentamos ante una cuestión de responsabilidad que debe ser investigada hasta sus últimas consecuencias.

La gravedad del caso adquiere otra connotación cuando el Ministerio Público ubica a la anterior cabeza del Poder Ejecutivo en la cúspide de la estructura organizada y jerárquica que describe en el acta de imputación.

Como base de la investigación en curso, la Fiscalía sostiene que desde la Presidencia de la República se habrían articulado decisiones y relaciones para subordinar los organismos de control a los intereses del conglomerado empresarial vinculado al Grupo Vázquez (Ueno Bank y otros). Se trata de acusaciones gravísimas que obviamente deberán probarse en juicio, pero que no pueden ser minimizadas reduciéndolas a una disputa política.

Está claro también que superado el shock financiero que supuso la caída de la entidad bancaria, un hecho aislado dentro del sistema financiero, no hay que soslayar que el golpe del que poco a poco nos estamos recuperando significó un quiebre de la confianza pública hacia sus autoridades.

Esa confianza es parte esencial de cualquier sistema social, político o financiero. Sin ella, no hay estabilidad que se sustente ni discurso económico que alcance para convencer a los ciudadanos de que sus recursos están seguros.

Por eso, la explicación de que las normas eran claras, que no había ausencia de reglas de juego, no puede convertirse en un punto final, sino en el comienzo de una exigencia mucho más profunda: determinar quiénes conocían las irregularidades, quiénes debían intervenir y no lo hicieron y quiénes se beneficiaron de esa inacción.

El trabajo que deben hacer los órganos de justicia en adelante deberá establecer los hechos y determinar la responsabilidad individual de cada investigado. Si bien no corresponde adelantar condenas o sanciones, tampoco relativizar la gravedad de lo que el Ministerio Público está investigando.

Cumplir la Constitución no es solamente evitar violarla de manera directa. También significa honrar el mandato de proteger el interés general, actuar con honestidad y no utilizar el poder para beneficiar a unos pocos. Lastimosamente los servidores públicos que hoy están procesados directamente lo ignoraron.