Fernando Serrano Migallón: el Derecho, memoria moral de un pueblo

El pasado 27 de octubre falleció Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón, el doctor Serrano Migallón o simplemente don Fernando, para quienes tuvieron el privilegio de conocerle en persona o tratarle, ya sea en los pasillos de la Facultad de Derecho o el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional o, incluso, en algún inmueble de las dependencias gubernamentales que dirigió o donde colaboró, siempre magistralmente, a lo largo de su fructífera vida profesional y laboral.

El doctor Fernando Serrano Migallón fue un mexicano excepcional. Nacido en 1945 en la Ciudad de México en el seno de una familia de refugiados españoles que, como la gran mayoría de las familias llegadas durante el exilio, llegaron para darle un plusvalor a nuestro país, aportándole aquel lustre intelectual y ese pensamiento crítico tan necesario al conocimiento de aquel entonces -y de hoy, por supuesto- que se construía ya en los centros de enseñanza del nivel superior de la nación.

Y el ADN de la sapiencia jurídica como el interés por los temas del Derecho, Serrano Migallón lo heredó, específicamente de su padre, quien fue el último Fiscal General de la Segunda República Española, antes de partir a México con su esposa y sus hijos mayores, exiliado por motivo de la Guerra Civil de aquel país en 1942.

Pero no se vea por parte del lector, este ejercicio de evocar las virtudes de este gran mentor del Derecho, como un ejercicio oportunista o de una nostalgia que estorba; por el contrario, es menester y, no de vez en cuando sino con alta frecuencia, volver hacia los razonamientos de los grandes juristas de nuestro país y nuestra época, por cuanto muchas de las críticas que ellos enderezaron al rumbo que mostraban ya tanto nuestro sistema jurídico como el Estado en general, en términos de eficiencia y de respuesta a las necesidades del gobernado, no era precisamente el óptimo.

Fernando Serrano, economista y abogado de formación, especializado en el área de la historia jurídica particularmente, reconoció en numerosos textos e intervenciones, que la modernidad habría traído consigo una imperante absurda: el culto irreflexivo hacia la especialización en los profesionales de las diferentes áreas del conocimiento.

Y sostenía Don Fernando, que gracias a esa dinámica ‘eficientista’ y ‘utilitarista’, también en el Derecho, empezaba a notarse la abundancia de los “técnicos de la norma” en casi todos los órganos jurisdiccionales, pero, lo más preocupante, en las universidades y centros formadores de operadores jurídicos del país y de América Latina.

De hecho, el reproche que hacía Serrano Migallón junto a otros jurisconsultos gigantes de nuestra máxima casa de estudios, es que súbitamente, a la mitad del siglo XX, empezamos a notar a estudiantes, pasantes y recién egresados de las facultades de Derecho, que ‘recitaban al dedillo’ el último reglamento, la reforma fiscal de ayer o la jurisprudencia más reciente; mientras que olvidaban en contraparte, la ‘visión humanística’ de la ciencia jurídica. Desde entonces, se empezó a ver a la carrera de la abogacía como un mero ‘catálogo de procedimientos’ o, en el peor de los casos, como una ‘fría ingeniería social’ que solo se movía por criterios pecuniarios o monetarios. A lo que habría que cargarle las actitudes de corrupción, la ausencia de ética y la abominable práctica del ‘tráfico de influencias’ entre muchos ‘profesionales’ del derecho, empoderados o vinculados al poder.

Quizá a partir de entonces en México -y en América Latina- empezó a cobrar una mala reputación la profesión del Licenciado en Derecho. Una ‘jettatura’ de la que no hemos podido despojarnos los postulantes en muchos sitios del país, pagando ‘justos por pecadores’.

Para el gran mentor jurídico que fue nuestro personaje, forjador de generaciones en la Facultad de Derecho de la UNAM, que habría sido -además de docente e investigador emérito- dos veces Abogado General de la UNAM, director de la Facultad de Derecho (UNAM) en dos períodos consecutivos y subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal, resultaba muy preocupante que los abogados de las últimas generaciones habían abandonado ya la lectura y la creación literaria, como mecanismos para adquirir la sensibilidad social, para proponer soluciones a los problemas del país. Por ello, entre otros factores, la que otrora fuera la profesión humanista por excelencia (el Derecho) se había ido convirtiendo en una técnica lejana y, a veces, automática.

Era una clara desavenencia ya, al positivismo puro de Hans Kelsen, la que pronunció sin proponérselo -seguramente Don Fernando en aquel tiempo, en los primeros años del nuevo siglo XXI, muy probablemente.

Una crítica formal al positivismo puro, que -por cierta- se ha venido aceptando reiteradamente en las últimas décadas, a tal grado que el propio autor de la “Teoría Pura del Derecho” (en una presentación en 1953, de la primera edición en francés) terminó por reconocer que hizo algunas adecuaciones y precisiones al texto original de 1934, pues no podía, como ningún otro texto de Derecho Constitucional desde aquel año en que salió a la luz pública, permanecer intacto.

Los estudiosos del Derecho de todo el mundo, cuestionaron desde entonces -como Serrano Migallón- el porqué se planteaba al Derecho para su estudio, como un sistema puramente lógico o aislado de la realidad social.

En un espléndido texto del propio doctor Serrano Migallón, publicado un martes 29 de mayo de 2007 en El Universal, titulado ‘Aquellos abogados’, sentenció desde entonces, contrastando la obra de grandes juristas y a la vez literatos y conocedores de la geopolítica, como Alfonso Reyes e Isidro Fabela, como ejemplos, que el abogado mexicano y universal debería desestimar el carácter sugerente de las fronteras entre las diferentes disciplinas del conocimiento humanista y de plano abrir las puertas y adentrarse a ellas; es decir, transgredir las fronteras del conocimiento social sectorizado, en temas como el aborto, la soberanía, la democracia, la división de poderes, las telecomunicaciones.

Tal vez así, dejo escrito Serrano Migallón, “podrían ser debatidos con mayor altura y mejores resultados”

Y entonces acuden en tropel los ejemplos a la memoria del suscrito. Y resulta inevitable traer a colación los casos recientes del alegato durante una sesión del pleno, entre la ministra de la SCJN, Lenia Batres y, el ministro presidente de la propia SCJN, Hugo Aguilar Ortíz, donde la ‘letrada’ le reprocha irónica y vulgarmente al titular del Poder Judicial, el haberle escatimado el uso de la palabra con la frase “Ahí me puede conceder el uso de la palabra el día que usted quiera presidente ¿eh?”.

¿Y qué decir del errático desempeño de la abogada laboralista que se desempeña también como ministra de la Suprema Corte, María Estela Ríos González, quien debe ser reconvenida con mucha frecuencia durante el desarrollo de las sesiones del pleno, ¿para que se concentre en el desahogo de los puntos que se están tratando cuando le toca intervenir?

Definitivamente, el jurista en general, no solo el que está investido de autoridad, sino el de a pie, sino incluso el simple litigante, debe ser un profesional de vasta cultura.

Es una tradición de hecho, que viene desde la época de los grandes jurisconsultos romanos, aquellos que definieron su oficio como el arte de lo bueno y lo equitativo, hasta figuras como Eduardo J. Couture, Piero Calamandrei o Gustav Radbruch, en la primera mitad del siglo XX.

Pero en el caso de México y sus abogados contemporáneos, resulta altamente oprobioso reconocer que hay un descomunal desconocimiento sobre la historia nacional misma.

Porque… ¿Cómo puede alguien llamarse jurista mexicano sin reconocer siquiera nuestra propia evolución institucional?

¿Cómo puede litigar, juzgar o legislar en esta tierra, dándole la espalda a las luchas históricas que forjaron nuestra identidad normativa?

Hacerlo es una auténtica traición intelectual.

Un Mariano Otero, un Manuel Crescencio Rejón, un Ignacio L. Vallarta, un Emilio Rabasa, un Antonio Caso, un Mario de la Cueva, un Alfonso Noriega Cantú, un Celestino Porte-Petit; y más recientemente, un Jorge Carpizo Mc Gregor, Héctor Fix-Zamudio, Diego Valadés o el propio Fernando Serrano Migallón, recientemente desaparecido; todos ellos, sin excepción, entendieron que cada artículo de nuestra Constitución tiene cicatrices.

Y que, por ejemplo, detrás de los derechos sociales (hoy derechos humanos) de 1917, está el clamor de la Revolución; detrás de nuestras libertades civiles está el temple de toda una generación como la de los liberales de la Reforma; y que detrás de nuestra soberanía, está el sacrificio de quienes nos dieron patria, desde 1910, hasta los debates del Constituyente de Querétaro.

En términos generales, los grandes juristas mexicanos, como Fernando Serrano Migallón, siempre supieron -o han sabido- que el Derecho prohija la moral de un ‘pueblo’ que, aunque no es este un término jurídico, más bien propio de la ciencia política, se propone en la redacción de este texto como muestra de interrelación con otras disciplinas sociales.

Descanse en Paz nuestro admirado doctor y catedrático de excelencia, Don Fernando Serrano Migallón, quien ya no podrá firmar las actas de calificaciones de este semestre 2027-1 que agoniza, en su materia Evolución del Derecho Mexicano, que impartió ininterrumpidamente desde hace casi cuatro décadas en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional.

Pero sus alumnos lo recordarán siempre, como el gran constructor de la cultura de la legalidad y la excelencia académica que fue, en la historia contemporánea de la UNAM y del foro jurídico de México.

Y como bien recordaba Don Fernando: “Quien sólo sabe de Derecho, ni siquiera Derecho sabe”.

Autor: Héctor Calderón Hallal

@pequenialdo; @CalderonHallal1