El PSOE promete dedicar el 1% del PIB a vivienda y alargar la duración de los contratos de alquiler

El PSOE ha presentado este domingo su programa para las elecciones generales del 29-N con la vivienda, principal preocupación de los españoles y una de las razones que han marcado el adelanto electoral, en el centro de su oferta. Tras anunciar el presidente y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en Alcorcón una subida de impuestos a grandes tenedores y fondos con viviendas vacías, el programa socialista propone movilizar cada año el equivalente al 1% del PIB para facilitar el acceso a un hogar, recupera la cifra de 100.000 viviendas —ahora como parque público estatal— y plantea ampliar la duración de los contratos de alquiler, aunque sin concretar cuánto se prolongarían.

El programa, de 500 medidas a lo largo de 114 páginas, también plantea facilitar el acceso al alquiler con una "garantía pública" para jóvenes, en forma de seguro de impago. Sobre la promesa de movilizar el 1% del PIB, precisa que se haría con las comunidades autónomas y el ICO, a través del Fondo España Crece, aunque no detalla cuánto aportaría cada organismo ni cómo se repartirían esos recursos. También recupera la cifra de las 100.000 viviendas: Sánchez la anunció en 2021 para un plan de alquiler asequible que combinaba promoción pública y colaboración privada, y en 2023 el PSOE elevó su promesa electoral a 183.000. Ahora la plantea como un parque estatal de 100.000 viviendas, gestionado por CASA 47 para venta o alquiler asequible.

Ferraz precisa que la ampliación de los contratos de alquiler sería general, aunque el programa no concreta cuántos años durarían. Fuentes de la Dirección la sitúan en la línea del decreto de vivienda convalidado esta semana por la Diputación Permanente del Congreso, que congela hasta finales de 2027 la actualización anual de las rentas que superen el índice de referencia. El programa también recupera las deducciones fiscales para inquilinos y propietarios que rebajen el alquiler, ya incluidas en ese decreto.

Y el PSOE propone, además, crear un servicio público de intermediación que garantice el cobro y cubra posibles incidencias para que las viviendas vacías se incorporen al mercado a precios asequibles. Eso sí, el documento no detalla los requisitos ni las cuantías de estas medidas.

Para aumentar la oferta, el PSOE prevé movilizar más de 25.000 millones de euros a través del ICO en avales, préstamos y financiación para vivienda asequible. Añade 4.700 millones del Plan Social del Clima para construir o rehabilitar viviendas sostenibles y 400 millones anuales para proyectos de vivienda con impacto social. También se marca como objetivo rehabilitar otras 550.000 viviendas y propone gravar los solares residenciales que permanezcan sin uso.

El programa también incluye medidas para contener la presión turística: permitir que los ayuntamientos apliquen recargos a las pernoctaciones en viviendas de uso turístico y destinen esos ingresos, entre otros fines, a políticas de vivienda. También prevé financiar más inspecciones contra el fraude en los alquileres de corta duración y crear registros de precios del alquiler y de fondos de inversión y socimis.

En el apartado social, el PSOE propone mantener la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y que las administraciones asuman el coste para que no recaiga sobre los pequeños propietarios.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 fija además el objetivo de que al menos una cuarta parte de las nuevas viviendas tenga protección pública permanente. El programa propone destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo para adquirir vivienda protegida y crear un banco estatal de suelo público que pueda ofrecerse a proveedores sociales y cooperativas.

El PSOE también plantea reformar la Constitución para que la vivienda sea un derecho fundamental y la ciudadanía pueda "exigir su cumplimiento a los poderes públicos", eso sí, no concreta cómo reformaría la Constitución. La vivienda ya figura como un derecho, pero entre los principios rectores, no entre los derechos fundamentales.

Para acelerar la construcción, los socialistas apuestan por la vivienda industrializada, con financiación del ICO para fabricar módulos y apoyar promociones de este tipo. También quieren que las comunidades de vecinos puedan decidir sobre los aumentos de edificabilidad en sus barrios, mediante una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.

En el capítulo de protección, el PSOE propone ofrecer asistencia jurídica gratuita a las víctimas de abusos inmobiliarios, con prioridad para quienes viven en zonas tensionadas y para inquilinos de viviendas asequibles adquiridas por fondos de inversión. El programa también plantea mantener las limitaciones a la compra de viviendas por parte de fondos 'buitre'.