La corrupción política: los escombros de la moral pública
Hace más de dos mil años, en la India, ya se habían identificado cuarenta formas de apropiarse fraudulentamente de los recursos del Gobierno. En Roma, el clientelismo permitía a los poderosos dispensar beneficios a cambio de lealtad y sumisión. Cambiaron las sociedades, pero las prácticas subsisten. No en vano, Lord Acton sentenció: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
La corrupción, del latín corruptio, significa descomposición, deterioro, desnaturalización. En política, constituye la perversión del poder público: utilizarlo para satisfacer intereses particulares en detrimento del bienestar colectivo. El soborno, el tráfico de influencias, la malversación, el enriquecimiento ilícito, el nepotismo y el clientelismo son distintas manifestaciones de una misma degradación moral.
Sin embargo, la corrupción no es solamente una cuestión de valores individuales; es un problema social, estructural, institucional y político. Una sociedad que admira la riqueza sin cuestionar su procedencia, tolera la ostentación del enriquecido ilícitamente y confunde el éxito con la acumulación de dinero contribuye a perpetuarla.
¿Por qué tantos funcionarios mienten, incumplen sus obligaciones, abusan del poder y dilapidan los recursos públicos? Porque hacerlo les resulta prácticamente gratuito. Cuando los controles son ineficaces y las sanciones inexistentes, el sistema termina premiando aquello que debería castigar.
El clientelismo y el nepotismo han convertido numerosas instituciones públicas en verdaderos espacios de distribución de privilegios. Padres, hijos, cónyuges, hermanos, sobrinos, compadres y allegados encuentran acomodo en el organigrama estatal, mientras la preparación, la experiencia y la idoneidad quedan relegadas. El mérito es sustituido por el parentesco; la capacidad, por la obediencia política. Los derechos ciudadanos se transforman en favores y los recursos que pertenecen a todos terminan administrados como patrimonio de unos pocos.
Pero lo más grave se produce cuando las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción se convierten, por acción u omisión, en sus principales mecanismos de protección.
La prolongación indefinida de investigaciones sobre casos emblemáticos de presunta corrupción pública, sin respuestas satisfactorias para la ciudadanía, compromete seriamente la credibilidad del Ministerio Público y de la administración de justicia. No se trata de exigir condenas sin pruebas, sino de impedir que la inacción institucional se convierta en garantía de impunidad.
Una justicia que persigue al ciudadano común, pero resulta complaciente frente a los poderosos, desnaturaliza su función y erosiona su propia legitimidad. Cuando el poder constituye un privilegio frente a la aplicación de la ley, la igualdad jurídica se convierte en una ficción.
Cada recurso público sustraído representa un medicamento que no llega a un hospital, una escuela abandonada, una carretera inconclusa o una familia condenada a permanecer en la pobreza. La corrupción no solo saquea las arcas públicas: destruye oportunidades, profundiza las desigualdades y debilita la democracia.
Sin embargo, existe una paradoja en nuestra sociedad: reclamamos honestidad, pero votamos por candidatos cuestionados; exigimos transparencia, pero justificamos las irregularidades de nuestro sector político; condenamos el nepotismo, pero celebramos los privilegios obtenidos mediante influencias personales.
Así, terminamos premiando electoralmente aquello que condenamos públicamente. La adhesión partidaria y la conveniencia personal prevalecen sobre la idoneidad, la integridad y el interés general.
La democracia no consiste únicamente en el derecho de elegir, sino también en la responsabilidad de discernir a quiénes entregamos el poder. Mientras la corrupción resulte electoralmente rentable, quienes se benefician de ella tendrán pocos incentivos para abandonarla.
El Paraguay necesita mucho más que discursos contra la corrupción. Necesita recuperar el sentido republicano del poder instituciones independientes, controles efectivos, transparencia, rendición de cuentas, restablecer la dignidad de la función pública, y sanciones que alcancen a todos, sin distinciones ni privilegios.
El funcionario público debe comprender que no es propietario del cargo ni de los recursos que administra. Está para servir a la comunidad, no para servirse de ella. La honradez no debería ser una virtud extraordinaria de nuestros gobernantes, sino una condición elemental e innegociable para ejercer el poder.
Una República no se destruye solamente por la voracidad de quienes la saquean, sino también por la complacencia de quienes los protegen, la indiferencia de quienes toleran sus abusos y la irresponsabilidad de quienes, conociendo sus conductas, vuelven a elegirlos.
El día en que la deshonestidad tenga consecuencias jurídicas, políticas y sociales; el día en que el poder deje de constituir un refugio para la impunidad y el voto ciudadano deje de premiar a quienes han defraudado la confianza pública, habremos comenzado a reconstruir nuestra República sobre los escombros de la moral pública.
Mientras robar al Estado no tenga consecuencias, mientras la justicia permanezca indiferente ante los poderosos y mientras el voto ciudadano continúe legitimando la deshonestidad, seguiremos asistiendo a la degradación de nuestras instituciones sobre los escombros de la moral pública.
Mientras tanto, seguirá vigente aquella antigua sentencia de las Escrituras: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra; pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime.
Ver nota original ↗
¿Querés un resumen rápido de esta noticia, hecho por nuestra IA?
