El Legislativo no puede lavarse las manos
El colapso de Ueno Bank fue simplemente el resultado previsible de un esquema en el que un banco vinculado al grupo empresarial del que Santiago Peña había sido accionista concentró cientos de millones de dólares de fondos públicos –incluido dinero del IPS– mientras prestaba a empresas relacionadas, con garantías insuficientes y con la anuencia o la ceguera de quienes debían controlar.
El Banco Central intervino, el Congreso destituyó al presidente y hoy existen decenas de imputados. Sin embargo, eso no absuelve al Poder Legislativo. Al contrario: lo coloca en el centro de la responsabilidad. Aunque sus miembros quieran pasar desapercibidos.
Durante todo este tiempo el Legislativo aprobó el marco normativo y las designaciones que permitieron que ocurriera el descalabro que hoy todos conocemos. Autorizó o no cuestionó con suficiente rigor la captura de fondos estatales por una entidad cuyo crecimiento era inseparable del poder político de turno.
Cuando Santiago Peña se jactaba públicamente y con frecuencia de contar con el pleno apoyo del Legislativo y defendía al banco frente a las alertas –calificando las críticas de “campaña mediática” y “terrorismo financiero”– el Congreso no actuó con la contundencia que la magnitud del riesgo exigía.
No puede ahora aplicar la “ley del ñembotavy”. Las advertencias estaban en los diarios, en los informes técnicos filtrados y las preocupaciones expresadas por el mundo empresarial. Quien aprueba las reglas del juego, designa a mano alzada a los controladores y no ejerce control político real es corresponsable del resultado.
La misma lógica se repite con la Ley 7593/2025 de Protección de Datos Personales. El artículo 24 introduce un procedimiento que puede convertirse en obstáculo sistemático al acceso a información pública sobre funcionarios, contrataciones, salarios y uso de recursos estatales. El Legislativo lo sancionó. Peña lo promulgó. Hoy, en medio de una crisis que exige máxima transparencia sobre quién recibió qué y con qué garantías, esa norma –aún no plenamente vigente– sigue siendo defendida o no corregida con urgencia por sectores del Congreso. Apostar por mecanismos que facilitan la opacidad después de un desfalco de esta escala no es neutralidad legislativa: es continuidad de la misma cultura de impunidad.
El patrón no es nuevo. Paraguay ha vivido otros grandes escándalos –desde casos de lavado vinculados a estructuras políticas y empresariales hasta la captura de instituciones de control– en los que el Legislativo ha preferido el silencio, la postergación o las leyes a medida.
Por eso no alcanza con haber destituido a Peña. La responsabilidad ahora es exigir que las instituciones de control y de persecución penal hagan su trabajo sin dilaciones ni protección selectiva.
El Congreso debe votar el juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, cuya conducción de la causa Ueno ha sido cuestionada por demoras, por la tardanza en procedimientos clave y por una respuesta que, para la oposición y para buena parte de la ciudadanía, ha sido insuficiente ante el mayor desfalco de las últimas décadas.
La facultad constitucional de juicio político existe precisamente para cuando la máxima autoridad del Ministerio Público no garantiza una investigación efectiva de delitos contra el patrimonio público. No usarla ahora es renunciar a la función de control… convenientemente.
Al mismo tiempo, el Legislativo debe interpelar de inmediato a Liliana Alcaraz, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y a las autoridades de las instituciones contraloras del lavado de activos. Desde la resolución del banco, el silencio o la opacidad de la Seprelad ha sido notorio.
La secretaría encargada de prevenir el lavado no puede permanecer al margen cuando se investigan operaciones que involucran fondos públicos masivos, préstamos a empresas vinculadas y posibles esquemas de ocultamiento. La interpelación no es un acto simbólico: es el mecanismo para exigir respuestas públicas, documentos y explicaciones bajo juramento sobre qué alertas se recibieron, qué se hizo con ellas y por qué no se actuó antes.
Si el Poder Legislativo se niega a impulsar el juicio político al fiscal general y a interpelar a Alcaraz y a los responsables del control antilavado, no estará representando al pueblo. Estará protegiendo el sistema que permitió el saqueo.
Los casi tres millones de clientes de Ueno, los aportantes al IPS y todos los contribuyentes no merecen otra ronda de excusas, de “paciencia” o de leyes que faciliten la oscuridad. La historia reciente demuestra que cuando el Congreso elige la inacción o la complicidad, nada cambia.
Esta vez la elección es clara: o se usa el poder de control con la misma contundencia con la que se destituyó a un presidente, o el Legislativo confirma que forma parte del problema y que el país está condenado a repetir el mismo ciclo.
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