Sarampión: el costo de desproteger el derecho a la salud
La emergencia epidemiológica que enfrenta buena parte del continente americano debido al brote de sarampión constituye una clara expresión de una falla de economía política. Cada contagio, prevenible mediante una vacunación adecuada y oportuna, obliga a examinar las decisiones presupuestarias, institucionales y de comunicación de las que depende el acceso a las vacunas. Ante ello, puede afirmarse, sin duda, que la salud colectiva exige continuidad y que bastan algunos años de coberturas insuficientes para generar las condiciones propicias para un brote.
De acuerdo con diversos reportes, en Estados Unidos una comisión independiente determinó que ese país dejó de cumplir los requisitos para conservar su condición de territorio libre de transmisión endémica del sarampión, que mantenía desde el año 2000. Perderla significa que la transmisión del virus se ha sostenido durante al menos 12 meses. Canadá perdió esa condición en 2025 y México se encuentra en riesgo de perderla. Es decir, Norteamérica entera muestra hoy la fragilidad de conquistas sanitarias que dependen de políticas, presupuestos y acciones permanentes.
Asimismo, la dimensión continental del problema es alarmante. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta la semana epidemiológica 43 de 2026 se habían notificado 57 mil 666 casos confirmados en 17 países y territorios, cifra equivalente a 4.7 veces lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Guatemala acumuló 34 mil 748 casos; México, 13 mil 761; Estados Unidos, cuatro mil 852; Perú, dos mil 862, y Canadá, mil 126. En conjunto, estos cinco países concentraron el 99.5% del total. Se notificaron, además, 81 defunciones: 53 en Guatemala, 23 en México, tres en Estados Unidos, una en Perú y una en Bolivia.
Los datos más recientes muestran una disminución. Durante las semanas epidemiológicas 41 y 42 se notificaron 547 casos nuevos en la región, 38% menos que en las dos semanas previas, de los cuales únicamente 29 correspondieron a México. Sin embargo, dos semanas de descenso no equivalen a la interrupción de las cadenas de transmisión, y los registros incorporados de manera retrospectiva pueden modificar las comparaciones.
En México, la problemática está claramente documentada. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ubican la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión en 97% en 2018; 73% en 2019; 76% en 2023; 80% en 2024, y 88% en 2025. En cambio, la cobertura de la segunda dosis fue de apenas 69% tanto en 2024 como en 2025. Frente a ello, la OPS recomienda alcanzar y mantener coberturas de al menos 95% con dos dosis. Lo anterior significa que el país lleva más de un lustro por debajo del umbral recomendado para sostener la protección colectiva, y esa es una de las principales razones por las que el brote encontró un “terreno fértil” para propagarse rápidamente.
El problema es, además, ideológico. La vacunación descansa en la confianza pública en la ciencia, y esa confianza ha sido erosionada desde el poder. En Estados Unidos, Donald Trump, quien durante años difundió la tesis desacreditada que vincula las vacunas con el autismo, entregó la conducción de la política sanitaria a Robert F. Kennedy Jr., una de las figuras más visibles del movimiento antivacunas. En México, Andrés Manuel López Obrador desdeñó reiterada y abiertamente el conocimiento científico y especializado: atribuyó, por ejemplo, valor protector a estampas religiosas frente a la COVID-19, y durante su gobierno se desarticuló el sistema de compra de biológicos. A ello se suma la desinformación, frente a la cual las autoridades tienen la obligación de sostener mensajes inequívocos, basados en evidencia, acerca de la seguridad y eficacia de las vacunas.
Recuperar las coberturas requiere financiamiento estable, búsqueda activa de personas con esquemas de vacunación incompletos, brigadas territoriales y vigilancia epidemiológica transparente, con resultados desglosados por municipio y comunidad. Las Américas disponen de las herramientas para detener el sarampión, pero su eficacia dependerá de que el derecho a la salud sea efectivamente una garantía cotidiana, verificable y universal.
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