El costo de acostumbrarnos
Sergio León Cervantes
Quintana Roo vive de una riqueza que no aparece completa en los balances: la confianza. Un turista puede comparar playas, hoteles y tarifas desde cualquier parte del mundo, pero elige un destino cuando sabe que podrá llegar, desplazarse y regresar sin sobresaltos. Esa certeza cuesta años construirla.
La Ciudad de México ofrece una advertencia: su Secretaría de Seguridad Ciudadana registró 1,735 bloqueos viales entre octubre de 2024 y agosto de 2025. Las demandas detrás de ellos son diversas, muchas legítimas. El dato importa por el riesgo de normalizar que interrumpir la circulación se convierta en una vía recurrente para obtener respuestas institucionales. Quintana Roo no debería llegar a ese punto.
Entre el 6 y el 12 de noviembre se registraron restricciones y desvíos en los accesos a la Zona Hotelera de Cancún. No hubo un cierre total continuo, pero sí dificultades para trabajadores, proveedores y turistas. La pregunta no es quién tiene derecho a manifestarse, sino por qué todavía no contamos con mecanismos que atiendan las demandas antes de que terminen afectando a miles de terceros.
La escala económica explica la preocupación. El reporte anual de ASUR, con cifras de Turismo, contabilizó al cierre de 2025 unas 35,880 habitaciones en Cancún y 51,597 en Riviera Maya: 87,477 entre ambos destinos. La cifra muestra la infraestructura dependiente de conectividad y confianza.
El entorno ya exige atención. Entre enero y octubre de 2026, el aeropuerto de Cancún registró 22.78 millones de movimientos de pasajeros, 6.1% menos que un año antes; el tráfico internacional sumó 14.88 millones, con una baja de 6.7%, según ASUR. Además, la ocupación hotelera de Cancún pasó de 74.60% a 72.94% al comparar enero-agosto de 2025 y 2026, de acuerdo con SITUR. Son tendencias previas a los cierres de noviembre: sería incorrecto culparlos por ellas. Sí muestran un destino que debe cuidar cada punto de competitividad.
Hay costos inmediatos que aún no medimos bien: combustible adicional, horas de traslado, turnos reorganizados, entregas tardías y operativos viales. Y existe otro riesgo de más largo alcance: la imagen. Una experiencia complicada puede influir en recomendaciones y decisiones futuras, aunque hoy no tengamos evidencia suficiente para cuantificar cuántas reservas se perdieron por estos cierres. La ausencia de medición no autoriza a inventar una factura, pero tampoco justifica ignorar el riesgo.
Ninguna causa necesita ser menospreciada para reconocer estos efectos. Quien exige justicia, servicios o soluciones merece canales reales de atención. La autoridad, por su parte, debe documentar compromisos, plazos, resultados y motivos de incumplimiento, con protección de información reservada. Pedir diálogo sin resultados es invitar a que el siguiente conflicto vuelva a la calle.
La sociedad civil organizada, las cámaras empresariales, representantes laborales, organismos de derechos humanos y autoridades pueden construir un mecanismo permanente de mediación temprana. Su tarea sería escuchar antes de la crisis, acompañar expedientes, dar seguimiento verificable a acuerdos y coordinar, con quienes se manifiestan, alternativas visibles que mantengan accesos de emergencia y reduzcan afectaciones. No se trata de silenciar la protesta ni de reemplazar a jueces o fiscales.
También necesitamos un registro público de cada interrupción: horas reales, rutas afectadas, demoras y costos extraordinarios comprobables. Así sabremos qué pudo evitarse.
No esperemos a que los bloqueos se vuelvan parte del paisaje cotidiano. En un destino que compite internacionalmente, la confianza no es un lujo: es una condición de trabajo para miles de familias. Defender el derecho a exigir respuestas y proteger la movilidad no son objetivos opuestos. Lo verdaderamente costoso sería acostumbrarnos a elegir entre ambos.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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