Retos de la coordinación metropolitana
México es un país de ciudades que han rebasado sus límites municipales. De 120 ciudades con más de 50 mil habitantes analizadas, 70 son zonas conurbadas de dos o más municipios.
Esto significa que los problemas urbanos como el ordenamiento territorial, la planeación urbana, la política de vivienda, movilidad, gestión del agua y los residuos sólidos, así como contar con recursos para afrontar esos retos, se convierten en cuestiones metropolitanas a las que ningún municipio por sí solo puede hacerles frente; y atender estos problemas es urgente, pues somos casi 74 millones de mexicanos, poco más de la mitad de la población, los que vivimos en esas zonas conurbadas plurimunicipales.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano reconoce éstas como materias de interés metropolitano, pero no distribuye atribuciones ni responsabilidades entre los gobiernos federal, estatal ni municipal, y sólo ordena a Sedatu elaborar lineamientos –que no existen– y declara que:
Artículo 36. Para lograr una eficaz gobernanza metropolitana se establecerán los mecanismos y los instrumentos de carácter obligatorio que aseguren la acción coordinada institucional de los tres órdenes de Gobierno y la participación de la sociedad.
Sin embargo, sólo 10 estados han establecido leyes locales en la materia, y sólo 17 comisiones metropolitanas funcionan de manera regular, lo que deja las previsiones de la ley para ordenar la gobernanza metropolitana en el futuro.
No obstante, la ciudadanía (¡con razón!) exige soluciones a los problemas urbanos que enfrentan, y algunas ciudades han establecido, a veces por sí mismas, gracias al liderazgo o prácticamente la intervención directa del Gobierno del Estado, diferentes mecanismos de coordinación, planeación e instrumentación de políticas en común, con diferentes grados de institucionalización y eficacia.
Destacan entre las ciudades con más logros, Guadalajara, Mérida y Oaxaca, las tres en estados con leyes locales en la materia, y aquellas en las que la intervención del Gobierno del Estado es el motor principal de la coordinación: Monterrey y Aguascalientes.
Sin embargo, contar con una ley no es garantía de coordinación. Morelos o Baja California, que también tienen leyes locales en la materia, llevan avances menores. En Baja California, la coordinación se rige mediante convenios específicos, y Tijuana sólo cuenta con gestión de agua y movilidad a nivel metropolitano; mientras que Cuernavaca, habiendo firmado acuerdos de coordinación intermunicipal, no ha logrado traducirlos en organismos competentes para atender los problemas metropolitanos.
Por eso, la planeación territorial es esencial, dado que ahí se define cómo se usará el suelo, dónde se ubicarán las viviendas, las industrias y demás equipamientos; el carácter de la ciudad y el barrio, si tendremos ciudades que combinen usos de suelo habitacional y comercial y, derivado de ello, cómo vivirán las personas, si deberán depender del auto para llegar a sus destinos, o podrán resolver su vida diaria cerca de su hogar. Esa planeación debe involucrar a todos los actores de la ciudad.
Por ejemplo, en la política habitacional de Viena se sostiene en instituciones públicas capaces de adquirir y preparar suelo para vivienda social, financiar proyectos y colaborar con desarrolladores en la construcción de la ciudad. En política pública, las experiencias no deben copiarse tal cual, pero Viena demuestra cómo una buena política territorial, urbana y de vivienda parte de un Estado capaz de intervenir, dotado de recursos materiales, técnicos y humanos.
Y lo mismo sucede con todos los servicios: transporte público, agua, gestión de residuos, debemos construir poco a poco agencias metropolitanas con la capacidad de proveer directamente algunos servicios (movilidad o agua), o coordinar efectivamente otros (recolección de basura); sin embargo, es esencial que nuestras ciudades cuenten con un marco legal que les permita constituir esas agencias y mecanismos.
Pero, hay una condición indispensable: el financiamiento, casi 70% de los ingresos municipales proviene la Federación; es decir, de recursos que el Gobierno local no genera y las grandes ciudades tampoco gozan de mucha más autonomía financiera.
Actualmente, el Congreso de Nuevo León discute la iniciativa de Ley de Coordinación Metropolitana, lo que ofrece una oportunidad de preguntarnos: ¿Cómo vamos a organizar la gestión de la ciudad?, ¿qué agencias y con qué facultades? Y más importante: ¿Cómo mantener el control democrático mediante representación municipal, transparencia presupuestaria y rendición de cuentas?, ¿cómo establecer un arreglo institucional que sobreviva al 6 de junio de 2027?
Las respuestas dependerán de las características de cada ciudad y de cada servicio, pero necesitamos dotarnos de instituciones con responsabilidades claramente definidas: alguien que planee, alguien que ejecute, recursos para hacerlo y mecanismos para exigir resultados.
Planear una ciudad sin instrumentos para ejecutar lo planeado es dejar el futuro de todos en decisiones dispersas que sólo nos seguirán trayendo expansión urbana sin orden ni servicios.
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