Vuelven las tensiones al Senado por los ascensos diplomáticos que impulsa el canciller Quirno
Cada año que pasa la discusión por las listas de ascensos diplomáticos se vuelve más y más áspera en el Senado. Con una Cancillería cada vez más empequeñecida, sin el poder que tuvo par aconsejar o afinar el tono de la política exterior argentina, las listas enviadas este año por el canciller Pablo Quirno quedaron nuevamente atravesadas por la grieta política en lugar de por la meritocracia.
Las promociones se tratarán el miércoles 18 en la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. Son 21 los diplomáticos propuestos para llegar a la categoría de embajador, entre ellos el recién nombrado vicecanciller Juan Manuel Navarro y la embajadora en Londres, Mariana Plaza.
Pero las listas reabrieron las denuncias de discrecionalidad, amiguismo y apartamiento de los criterios de mérito y antigüedad tanto entre los peronistas, los radicales y los PRO. También hay cuestionamientos por el costo fiscal de los ascensos. En el sentido de que Javier Milei había pedido motosierra también entre los diplomáticos, a los que consideraba "casta".
La disputa por los ascensos en el Servicio Exterior vuelve a instalar tensión en el Senado y en los pasillos del Palacio San Martín. El canciller Quirno envió dos nóminas con 21 diplomáticos propuestos para llegar a la categoría de embajadores, además de una extensa lista de promociones en los escalafones inferiores. La decisión, que busca también consolidar respaldos y evitar nuevos conflictos dentro de la Cancillería, reavivó los cuestionamientos de diplomáticos de carrera y legisladores por la forma en que se confeccionaron las listas. Quirno no cumplió enteramente con el pacto con los senadores del PRO, UCR y LLA. No ascendió a la mayor parte de los nombres que le alcanzó Patricia Bullrich, a un solo del PRO y casi a todos de la UCR.
El próximo miércoles 18 de noviembre, la Comisión de Acuerdos del Senado tiene previsto tratar los pliegos. La agenda oficial incluye dos mensajes para promover a 21 funcionarios a la categoría de embajadores: diez con efecto previsto desde el 1° de enero de 2027 y otros once correspondientes a 2026. También figuran propuestas para ascensos a ministros plenipotenciarios de primera y segunda clase y a consejeros de embajada y cónsules generales. (no figuran listas de consejeros porque esos rangos no requieren acuerdo del Senado, los aprueba el canciller por resolución ministerial).
La controversia no es nueva. Ya en abril pasado, el proceso de promociones había provocado malestar entre integrantes del cuerpo diplomático. Ahora, las críticas apuntan a que Quirno habría desplazado a funcionarios incluidos en las propuestas de la Junta Calificadora para incorporar a otros de su confianza, algunos de los cuales no reunirían la antigüedad que habitualmente se exige para acceder a la máxima categoría del escalafón.
El punto más sensible es el de los 21 ascensos a embajador. Entre los nombres aparecen el actual vicecanciller, Juan Manuel Navarro; la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza; el representante ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi; y Natalia Gunski, Directora de América del Sur. También están propuestos Gerardo Díaz Bartolomé, actual cónsul en Nueva York, y otros funcionarios de carrera.
Las listas fueron remitidas al Senado el 16 de octubre, con promociones previstas desde el 1° de enero de 2026 y de 2027. En el Ministerio, diplomáticos consultados cuestionan especialmente que algunos de los postulantes hayan sido promovidos a ministros plenipotenciarios de primera clase hace apenas unos meses y ahora estén en condiciones de acceder a la categoría de embajador.
La Junta Calificadora recibió a los diplomáticos que querían ser promovidos. A todos los entrevistados les informó que los requisitos para ascender a los rangos superiores eran haber sido Director o Jefe de Misión en el exterior. No obstante, cuando las listas fueron publicadas, se pudo constatar que había muchos juniors que nunca fueron ni una cosa ni la otra, mientras que varios de los que lo fueron no estaban en las listas. Por ejemplo, hay situaciones insólitas de que diplomáticos que están ejerciendo como embajadores o en altos puestos en países en guerra no fueron ascendidos.
La discusión tiene un fundamento normativo concreto. El artículo 16 de la Ley del Servicio Exterior establece, como requisito general para los ascensos, una permanencia mínima de tres años en la categoría. Sin embargo, el artículo 15 contempla una excepción para los ascensos a embajador cuando las condiciones del Servicio Exterior así lo requieran. Esa salvedad es precisamente uno de los puntos que alimentan la controversia: los críticos de las nóminas sostienen que no se explicitaron razones de servicio que justifiquen apartarse de los plazos habituales.
En el caso de Juan Manuel Navarro, la promoción genera particular atención por su reciente ascenso a secretario de Relaciones Exteriores, función que lo convirtió formalmente en vicecanciller. En agosto había sido promovido a ministro plenipotenciario de primera clase mediante el decreto 705/2026, con vigencia retroactiva al 1° de enero de 2024. Ahora figura entre los candidatos a embajador en una lista que lleva fecha de octubre y establece como referencia el 1° de enero de 2026.
Una secuencia administrativa similar es señalada en los casos de Francisco Tropepi y Natalia Gunski. Para los diplomáticos que cuestionan el procedimiento, las fechas retroactivas permiten acelerar formalmente los tiempos de carrera y colocar a determinados funcionarios en condiciones de ascender antes que otros colegas con mayor antigüedad.
Pero las objeciones no se limitan a los plazos. También apuntan al funcionamiento de la Junta Calificadora, el organismo que interviene en la elaboración de las propuestas. Según fuentes diplomáticas consultadas, a los funcionarios interesados en ascender se les habría indicado que solicitaran entrevistas individuales con sus cinco integrantes. Sin embargo, no todos habrían tenido las mismas oportunidades: mientras algunos fueron recibidos por la totalidad de sus miembros, otros consiguieron entrevistas con tres, dos o ninguno.
Los cuestionamientos incluyen además el momento en que se realizaron esas reuniones. Según las fuentes consultadas, la Junta habría continuado concediendo entrevistas durante aproximadamente un mes después de haber cerrado y elevado las listas al canciller.
La Ley 20.957 establece en su artículo 17 que la Junta Calificadora debe ordenar las propuestas de ascenso de acuerdo con la antigüedad y los méritos de cada funcionario. Es el criterio que invocan quienes cuestionan la intervención de Quirno sobre las nóminas originales. La confección de las propuestas y la decisión final del Poder Ejecutivo son instancias distintas, pero la discusión está centrada en la transparencia de los criterios utilizados para modificar el orden sugerido.
Otro de los nombres que promete generar debate es el de Mariana Plaza, actual embajadora en Londres. Su eventual ascenso ya había provocado resistencias entre sectores vinculados a la causa Malvinas. Veteranos y excombatientes cuestionan su gestión en el Reino Unido y le atribuyen haber impulsado una política de desmalvinización. Plaza había sido promovida a ministra plenipotenciaria de primera clase en abril de 2025, mediante el decreto 280/2025. Su inclusión en la nueva nómina vuelve a poner esas objeciones sobre la mesa.
También genera interrogantes la postulación de Gabriela Martinic, quien figura en la lista de ascensos a embajador y es la ex esposa de Mateo Estreme, integrante de la Junta Calificadora. La relación fue señalada por diplomáticos que cuestionan la imparcialidad del proceso. No constituye por sí misma una prueba de irregularidad, pero alimenta las sospechas sobre posibles conflictos de intereses.
En paralelo, fuentes diplomáticas denunciaron que la presidenta de la Junta Calificadora habría formulado comentarios descalificadores hacia mujeres de la carrera que buscaban ascender, al plantearles que debían elegir entre la maternidad y la diplomacia. Las afirmaciones fueron atribuidas a funcionarias que participaron del proceso y contrastan con las políticas de perspectiva de género que la Cancillería había aplicado en etapas anteriores.
La pelea por los nombres y el costo de los ascensos
La intervención del canciller sobre las listas también tiene una dimensión presupuestaria. El artículo 17 de la Ley del Servicio Exterior establece que los funcionarios incluidos en una propuesta de ascenso que finalmente no sean promovidos por decisión del Poder Ejecutivo, o por causas que no les sean imputables, tienen derecho a percibir un suplemento equivalente al 50% de la diferencia entre sus haberes y los de la categoría inmediata superior.
Es decir, los diplomáticos que habían sido propuestos por la Junta Calificadora y luego desplazados podrían quedar alcanzados por ese mecanismo. La consecuencia es una paradoja para un Gobierno que hizo de la reducción del gasto público y de la motosierra una de sus principales banderas: modificar las propuestas originales puede generar obligaciones salariales adicionales para el Estado.
La cantidad de ascensos también llama la atención. Los 21 funcionarios que Quirno pretende promover a embajadores representan un número elevado en comparación con las promociones realizadas durante las gestiones de Diana Mondino y Gerardo Werthein. Cada uno de esos cancilleres promovió seis embajadores durante su gestión.
En la lista aparecen además diplomáticos que ocuparon funciones relevantes durante gobiernos anteriores, incluso durante la administración de Alberto Fernández. Entre ellos hay funcionarios que ahora integran las propuestas de ascenso pese a haber tenido muy importantes responsabilidades en áreas de la política exterior durante el kirchnerismo. No existe impedimento legal para que asciendan por haber trabajado en gestiones anteriores, pero su inclusión contrasta con el discurso de renovación política y administrativa que sostiene el Gobierno.
Otro frente de tensión es el papel de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN), el gremio de los diplomáticos. Legisladores y funcionarios consultados señalaron que la entidad realizó gestiones ante el Senado para facilitar el tratamiento de las promociones. Entre los cuestionamientos internos figura que varios integrantes de su Comisión Directiva aparecen en las nóminas. También persisten críticas por conflictos gremiales y administrativos ocurridos el año pasado, que incluyen despidos.
La discusión llegará ahora a la Comisión de Acuerdos, que deberá analizar los pliegos y emitir los dictámenes correspondientes. La decisión final sobre los ascensos a embajador requiere el acuerdo del Senado.
Para Quirno, el desafío no es solamente conseguir el respaldo parlamentario. La controversia amenaza con profundizar las diferencias dentro de una Cancillería en la que conviven diplomáticos que reclaman el respeto de las reglas de carrera y funcionarios que responden a la conducción política del ministerio.
El miércoles, la disputa por los ascensos dejará de ser un conflicto de pasillos para convertirse en una discusión institucional. Y pondrá a prueba hasta dónde está dispuesto a avanzar el canciller para imponer su propia lista en una de las áreas del Estado en las que el Gobierno prometió terminar con los privilegios y las prácticas de la vieja política.
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