Miller y Cole, los enemigos de la 4T
La mañana siguiente ya llegó. Nuevamente, las pinzas se han cerrado, pero con una diferencia: las están apretando Stephen Miller y Terry Cole, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca y el titular de la DEA, respectivamente, quienes sobresalen en un gabinete lleno de enemigos de México. Ellos fueron quienes elaboraron las primeras listas de funcionarios y militantes de Morena vinculados con los cárteles de Sinaloa y Nueva Generación durante el primer mandato de Donald Trump, cuando no estaban tan empoderados como hoy ni el combate contra los morenistas vinculados con el narcotráfico ocupaba un lugar tan destacado en la agenda presidencial.
El momento no está del lado mexicano, pese a los esfuerzos por entregar diariamente resultados del combate a la delincuencia. La presión estadounidense parece insaciable, y lo es, pero no solo obedece al creciente apetito de Trump por las detenciones, sino también a que Sheinbaum ha ignorado hasta ahora el reclamo central que le han hecho durante casi año y medio: actuar contra los narcopolíticos. Sheinbaum alega que no es cierto y muestra como prueba las detenciones de alcaldes. Pero sobre aquellos contra quienes le han pedido actuar ha tendido un enorme manto de encubrimiento, pese a que existen imputaciones muy superiores, incluso, a aquellas por las que fue condenado el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, cuya sentencia tanto celebraron.
El viernes volvieron a recordárselo. Al comentar la sentencia de Antonio Oseguera Cervantes, hermano del fundador del CNG, Nemesio Oseguera Cervantes, Cole especificó que no solo estaban actuando contra los líderes y operadores financieros de las organizaciones criminales, sino que también alcanzarían a funcionarios y políticos que los protegieran. No se trataría únicamente de quienes aceptaran dinero para brindarles protección, sino también de quienes contribuyeran a que pudieran operar. La declaración de Cole tiene un elemento que la diferencia de otras: es la parte pública de las advertencias privadas sobre nuevas investigaciones contra políticos.
Los señalamientos de Washington han llegado al despacho presidencial en Palacio Nacional, pero Sheinbaum, por lo que ha trascendido, no se ha inmutado. No está claro si esto se debe a que, ante la ausencia de una escalada judicial que vaya más allá de la retórica, considera que no sucederá nada, como piensan varios de sus asesores, o a que está tan envuelta en el escándalo de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y en la estrategia para alejarla de Morena, que no ha sido capaz, como en otros casos, de pensar, planear y actuar en un plano multidimensional.
En los análisis internos posteriores a las elecciones intermedias, las alertas se encendieron cuando Trump respondió a la derrota republicana con una estrategia de radicalización y polarización, al sustituir a su jefa de Gabinete, titular de uno de los cargos más poderosos del Gobierno de Estados Unidos, por Stephen Miller, el ideólogo de Trump que diseñó su brutal política migratoria. Cole no les había generado mayor preocupación por la forma en que ha elogiado públicamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sin distinguir que el respaldo a quien ha estado dispuesto a la cooperación bilateral no significa que los agravios del pasado se hayan olvidado, como varios funcionarios mexicanos han comenzado a sentir en sus reuniones privadas durante las últimas semanas.
Cole arrastra una enorme frustración desde su etapa como director general para México, Canadá y Centroamérica durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la decisión política de Trump, en su primer mandato en la Casa Blanca, de liberar al general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, quien había sido detenido al llegar a Los Ángeles como parte de una investigación de la DEA que lo vinculaba con los herederos del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, a cambio de que fuera investigado en México. La investigación duró dos meses y de ella salió, sin sorpresa alguna, exonerado.
Aunque el caso sigue activo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, Cole preparó la primera relación de 35 políticos de Morena vinculados con los cárteles de las drogas, que permaneció archivada durante el primer mandato de Trump y la administración de Joe Biden. El regreso de Trump a la Casa Blanca trajo consigo una nueva agenda, que se venía gestando entre republicanos y demócratas durante los años previos, sobre la narcopolítica en México y su influencia en el Gobierno. Miller fue nombrado originalmente jefe de Gabinete adjunto y comenzó a procesar las diferentes listas de narcopolíticos que habían integrado varias dependencias, además de la DEA.
En sus declaraciones del viernes pasado, difundidas a través de las redes sociales, Cole dijo que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional perseguirán a quienes, desde cargos públicos y espacios políticos, estén protegiendo a las organizaciones criminales a cambio de dinero y ofreciéndoles cobertura institucional para que puedan seguir operando. Aunque no señaló directamente a nadie ni ha planteado esos nombres en las diversas reuniones que ha sostenido con funcionarios mexicanos, los principales sujetos de interés para Washington se encuentran, según estas versiones, en el entorno del ex presidente López Obrador.
La narcopolítica no es un fenómeno reciente ni nació durante el gobierno de López Obrador. Lo que nunca había sucedido en México, pero sí se ha dado en un puñado de países, como Venezuela durante las dos primeras décadas de este siglo y Cuba a finales de los años ochenta, es que la integración de la política con el crimen organizado alcanzara los cargos más altos del Gobierno.
Cole dijo que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional se encargarán de los narcopolíticos. La DEA es una vieja piedra en el zapato mexicano desde 1985, cuando el Cártel de Guadalajara, con la protección de varios miembros del gobierno de Miguel de la Madrid -incluidos, según estos señalamientos, prominentes miembros de la 4T-, asesinó al agente Enrique Camarena Salazar. La Fuerza de Tareas, en cambio, es de creación reciente: nació mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca.
La integran componentes del FBI y de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, a cuyos integrantes se atribuye la planeación y ejecución de la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, a espaldas del gobierno de López Obrador. Es decir, además de la CIA, a la que se atribuyen operaciones clandestinas en México, la Fuerza de Tareas también tendría experiencia en acciones encubiertas en territorio mexicano.
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