Almeida denuncia al exdelegado del Gobierno por prevaricación al no desalojar la acampada de Sol
El Ayuntamiento de Madrid ha registrado una denuncia por la vía penal contra el exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, por no desalojar la acampada que permaneció durante más de un mes en la Puerta del Sol. Los servicios jurídicos municipales han presentado este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva, al considerar que Martín permitió que la concentración se prolongara pese a conocer, según sostiene el Consistorio, que "no se ajustaba a la legalidad", tal y como ha informado este lunes la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la Casa de la Villa.
La denuncia, de 30 páginas y acompañada de documentación e informes municipales, reconstruye cronológicamente los acontecimientos desde el 26 de septiembre hasta el desalojo de la acampada, el pasado 3 de noviembre, ya con el nuevo delegado del Gobierno al frente de la institución. La vicealcaldesa ha defendido que la decisión de acudir a la vía penal responde a una inacción que, a juicio del Ayuntamiento, tuvo "consecuencias para los vecinos, comerciantes y patrimonio de la ciudad".
"La inacción continuada del entonces delegado del Gobierno permitió, sabiendo que no era ajustada a derecho, que la acampada ilegal en la Puerta del Sol se desarrollase entre el 26 de septiembre y hasta su disolución", ha afirmado Sanz al explicar el fundamento de la denuncia. La vicealcaldesa ha subrayado que el escrito recoge "todos los acontecimientos que se sucedieron" durante aquellas semanas y sostiene que la concentración "fue tolerada por quien tenía la competencia exclusiva ende velar por la seguridad y por proteger los derechos y libertades de la ciudadanía".
Como uno de los pilares fundamentales de la denuncia, el Ayuntamiento señala al artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, que contempla "la posibilidad de suspender o disolver concentraciones cuando concurran determinadas circunstancias", entre ellas la "presencia de personas con objetos contundentes o peligrosos susceptibles de ser utilizados como armas", señalan dicha fuentes.
Preguntada por las consecuencias que podría tener una eventual condena para Francisco Martín, Sanz ha recordado que corresponde exclusivamente a los tribunales determinar si existió delito y qué responsabilidades podrían derivarse. Entre las posibles consecuencias de una condena por prevaricación figuran la inhabilitación para ejercer determinados cargos públicos. "A nosotros lo que nos corresponde es ejercer estas acciones para defender los intereses de los madrileños", ha concluido Sanz.
Por su parte, la Delegación del Gobierno, ahora encabezada por Pilar Trinidad Núñez, ha respondido que "desconoce el contenido de dicha denuncia y que no puede realizar, por tanto, valoraciones al respecto", pero traslada que "todas las decisiones adoptadas desde el inicio de la acampada en la Puerta del Sol se han tomado con pleno respeto a la legalidad vigente, en particular a los derechos fundamentales, con rigor y responsabilidad", informan fuentes del órgano.
Requerimientos y advertencias sobre objetos peligrosos
Otro de los argumentos centrales de la denuncia es que el Consistorio trasladó hasta en cuatro ocasiones a la Delegación del Gobierno información sobre los problemas que se estaban produciendo en la Puerta del Sol en forma de requerimientos, trasladan fuentes municipales. Esos escritos incorporaban informes de Policía Municipal y de diferentes servicios municipales en los que se advertía de la presencia de objetos contundentes y peligrosos, "susceptibles de ser utilizados como armas", además de alteraciones del orden público, incidentes y agresiones.
El Ayuntamiento también alertó de los riesgos que podía entrañar una hipotética evacuación de la plaza ante una emergencia, así como de los daños que estaba sufriendo el patrimonio histórico y el mobiliario urbano. Entre los elementos afectados figuran la escultura de Carlos II, el conjunto escultórico de la Mariblanca, el monumento del Oso y el Madroño y otros elementos de la propia Puerta del Sol. La primera estimación municipal sitúa los daños directos conocidos en torno a los 40.000 euros, aunque Sanz ha advertido de que la cifra "todavía no es definitiva" y "podría aumentar" si son necesarias intervenciones de restauración más complejas.
A estos daños materiales se añaden los recursos extraordinarios que tuvieron que movilizarse durante la permanencia de la acampada, como Policía Municipal y servicios de limpieza. Sanz ha precisado que algunos de estos costes "están incluidos en los contratos municipales", aunque ha considerado que fueron servicios que "no habrían tenido que prestarse" de no haberse producido esa situación. Preguntada por si el Ayuntamiento reclamará directamente esos gastos al exdelegado o a otros acampados, la vicealcaldesa ha aclarado que, por el momento, las valoraciones se incorporan a la documentación presentada ante el tribunal.
Buscan fórmulas para poder ayudar a los comercios de Sol
También preguntada por posibles ayudas a los comercios de Sol y por si estos han demostrado interés para adherirse a la denuncia, Sanz ha afirmado que el área de Hacienda "mantiene el contacto con los comerciantes para analizar sus balances, determinar el perjuicio económico sufrido por cada establecimiento y encontrar la fórmula para que las compensaciones puedan tramitarse lo más rápido posible, pero con una valoración individualizada de los daños" y ha animado a los negocios afectados a reclamar ente la Delegación: "Han sufrido mucho durante más de un mes. Estan en todo su derecho".
La denuncia penal no paraliza el resto de procedimientos abiertos por el Ayuntamiento. Según ha explicado Sanz, las aproximadamente 300 sanciones impuestas por la Policía Municipal continúan su tramitación y se cobrarán conforme al procedimiento habitual y los expedientes relacionados con el incumplimiento de ordenanzas municipales y posibles infracciones vinculadas al consumo de alcohol y drogas también siguen adelante. Por otro lado, la Policía mantiene abiertas las investigaciones para identificar a las personas que causaron daños en distintos elementos patrimoniales, entre ellos la escultura de Carlos II y otros monumentos de la plaza.
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