OviedoPress
16/11/2026 11:01

Luz Candado denuncia a Santiago Peña por violación de derechos humanos y acusa a Emiliano Rolón de encubrimiento

  • La ex coordinadora del personal doméstico de Mburuvicha Róga, Luz Maribel Candado Romero, presentó una denuncia penal contra el ex presidente Santiago Peña y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por presuntas violaciones de derechos humanos y otros hechos punibles.
  • La mujer sostiene que fue sometida, junto con su esposo, su hijo y otros familiares, a pruebas poligráficas realizadas por personal militar dentro de la residencia presidencial, tras ser señalada por la supuesta desaparición de dinero en efectivo.
  • La acción también cuestiona la actuación del Ministerio Público, al que acusa de mantener paralizada la investigación durante más de un año. Los abogados solicitaron nuevas diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a todos los involucrados.
Luz Maribel Candado Romero, ex coordinadora del personal doméstico de Mburuvicha Róga. || Captura NPY

Luz Maribel Candado Romero, ex coordinadora del personal doméstico de Mburuvicha Róga, presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público contra el ex presidente de la República Santiago Peña Palacios y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, por presuntas violaciones de derechos humanos, coacción grave, lesión grave, usurpación de funciones públicas y frustración de la persecución y ejecución penal.

La denuncia fue presentada por Candado junto con su esposo, Hugo Ramón Romero Villanueva, y su hijo, Fabrizzio Gonzalo Romero Candado. El escrito, patrocinado por los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Juan Pablo Mendoza, también solicita investigar la eventual responsabilidad de la ex primera dama Leticia Ocampos, de los poligrafistas de las Fuerzas Armadas, de los superiores que habrían autorizado el procedimiento y de funcionarios del Gabinete Civil de la Presidencia.

Según el relato expuesto en la presentación, Candado trabajaba desde diciembre de 2019 en la residencia particular de la familia Peña Ocampos, ubicada en el barrio Santísima Trinidad. Durante ese periodo, habría permanecido tres años sin aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Posteriormente, tras la asunción presidencial de Peña en agosto de 2023, fue designada coordinadora del personal doméstico en Mburuvicha Róga.

El caso se remonta a la supuesta desaparición de dinero en efectivo de la residencia presidencial. De acuerdo con la denuncia, en octubre de 2024 y febrero de 2025 una trabajadora encontró en el quincho dos paquetes con fajos de dólares, cuyo contenido rondaría los USD 100.000 cada uno. Candado afirma que entregó personalmente el dinero a Peña el 17 de junio de 2025, oportunidad en que el entonces mandatario habría reconocido que los paquetes le pertenecían.

Sin embargo, en julio de ese año, tras un reclamo inicial de Leticia Ocampos por una puerta que habría quedado mal cerrada, Peña responsabilizó a Candado por la supuesta desaparición de dinero de su vestidor. La denunciante sostiene que no se precisó el monto faltante ni se presentó una denuncia policial o fiscal por el hecho.

El episodio más grave, según la presentación, ocurrió el 23 de julio de 2025, cuando Candado, su esposo, su hermana Liliana Mabel Candado y su hijo, que en ese momento era menor de edad, fueron sometidos a pruebas de polígrafo dentro de la sede presidencial. El procedimiento habría sido realizado por personal vinculado a las Fuerzas Armadas.

La ex funcionaria afirma que, tras comunicarle verbalmente que el resultado de la prueba había sido desfavorable, sin mostrarle ningún informe técnico, le exigieron devolver el dinero. Posteriormente, los integrantes de su grupo familiar fueron desvinculados de sus respectivos puestos laborales.

La denuncia también apunta contra el fiscal general Emiliano Rolón, a quien atribuye una presunta inacción deliberada para evitar que se investigaran los hechos y garantizar la impunidad del ex mandatario.

En ese sentido, recuerda que el caso tomó estado público el 16 de setiembre de 2025, bajo la denominación de los sobres del poder. Posteriormente, se presentaron dos denuncias formales: una impulsada por los abogados María Esther Roa y Guillermo Ferreiro, el 25 de septiembre, y otra promovida por legisladores de la oposición el 2 de octubre.

Según los denunciantes, pese a la existencia de una testigo directa y de documentación que respaldaría el relato, Rolón cuestionó públicamente la veracidad de los hechos en setiembre de 2025 y la causa permaneció sin avances durante más de un año. La presentación también menciona supuestas visitas reservadas del fiscal general a la parte privada de Mburuvicha Róga, fuera de su agenda oficial.

La denunciante señala que recién fue convocada a declarar el 6 de noviembre de 2026, el mismo día en que el Senado destituyó a Peña mediante un juicio político. Su testimonio habría sido utilizado posteriormente como sustento para imputar al ex mandatario en la causa vinculada a ueno bank S.A. y realizar un allanamiento en la residencia presidencial el 12 de noviembre.

Entre las diligencias solicitadas, los abogados pidieron el secuestro urgente de los libros de guardia, las planillas de ingreso y las grabaciones del sistema de videovigilancia de Mburuvicha Róga, correspondientes al periodo comprendido entre agosto de 2023 y julio de 2025. También solicitaron verificar los registros de visitas de Emiliano Rolón.

Asimismo, requirieron al Ministerio de Defensa Nacional y al Comando de las Fuerzas Militares identificar a los responsables de las pruebas poligráficas realizadas el 23 de julio de 2025 y remitir los registros técnicos del procedimiento.

Finalmente, solicitaron una pericia médica reumatológica y psicológica a Candado, además de que su testimonio sea recibido como anticipo jurisdiccional de prueba, con el objetivo de preservar elementos que permitan esclarecer los hechos denunciados.

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