Cinco años de prisión para el actor Luis Lorenzo por detención ilegal y trato degradante contra su tía
El caso contra el actor Luis Lorenzo y Aránzazu Suárez Palomino ha concluido con la condena Suárez Palomino a un total de nueve años y un día de prisión por los delitos de trato degradante, estafa agravada continuada y detención ilegal cometidos contra su tía Isabel y una pena de prisión de cinco años y tres meses de prisión para el actor Luis Alfonso Lorenzo Crespo, por los delitos de detención ilegal y trato degradante.
La muerte de María Isabel Suárez Arias, tía de Aránzazu, de 85 años, fallecida el 28 de junio de 2021 en el domicilio de la pareja, en Madrid, provocó una investigación por un presunto homicidio, después de que una primera autopsia detectara concentraciones muy elevadas de cadmio y manganeso.
Sin embargo, informes forenses posteriores concluyeron que no existían datos objetivos para acreditar un envenenamiento, por lo que se descartó esa línea de acusación. La investigación pasó a centrarse en el supuesto aislamiento de la anciana, el trato vejatorio y el control de su patrimonio: se sospechaba que la pareja pudo aprovecharse de su situación para obtener beneficios económicos mediante cambios testamentarios y movimientos de dinero.
La resolución de la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid absuelve a Aránzazu del delito de maltrato habitual y de administración desleal continuada. Luis Lorenzo queda absuelto también de los delitos de maltrato habitual, estafa agravada y administración desleal. Asimismo, la Audiencia absuelve a Ana Elizabeth V., cuidadora de Isabel, de todos los delitos por los que estaba acusada.
El caso y los hechos probados
Los hechos probados recogidos en la sentencia sitúan el inicio de los acontecimientos el 10 de marzo de 2021, cuando Aránzazu y Luis acudieron al domicilio de Isabel, de 85 años, en Grado (Asturias), y la convencieron para que les acompañara a su residencia de Rivas-Vaciamadrid. La mujer entendía que se trataba de una estancia temporal, como había sucedido en otras ocasiones, y que regresaría a su casa unos días después. Sin embargo, permaneció en Madrid hasta su fallecimiento, alejada de su entorno y de sus familiares.
Según declara probado la resolución, los acusados actuaron de común acuerdo para aislarla e incomunicarla de sus hermanos, cuñadas, sobrinas y amigos, dificultando sus contactos telefónicos y evitando que pudiera regresar a Asturias, pese a que ese era su deseo. La mujer, que antes del traslado llevaba una vida autónoma, fue perdiendo progresivamente movilidad y facultades cognitivas, hasta encontrarse en una situación de gran dependencia y vulnerabilidad.
Durante su estancia en la vivienda, los acusados dificultaron los contactos telefónicos con sus familiares en Asturias y le impidieron utilizar los cuartos de baño de la casa, obligándola a bajar a los aseos comunes del garaje. La sentencia también considera acreditado que no recibió la atención y los cuidados que precisaba, que no se le administraba correctamente la medicación prescrita y que dormía en una cama inadecuada para sus necesidades.
Uno de los episodios destacados por la resolución tuvo lugar el 17 de abril de 2021. Ese día, los acusados acudieron al parque Warner para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y dejaron a Isabel sola en un restaurante de un centro comercial de Rivas-Vaciamadrid, desde aproximadamente las 13.00 hasta las 21.00 horas. Lo hicieron pese a conocer las limitaciones cognitivas que ya presentaba y, según recoge la sentencia, desoyendo las llamadas de los trabajadores del establecimiento y de los agentes de la Policía Municipal.
La resolución también considera probado que Aránzazu aprovechó el deterioro cognitivo de su tía para obtener el control de su patrimonio. El 7 de mayo de 2021, después de que Isabel hubiera permanecido ingresada en urgencias en el Hospital Ramón y Cajal, la acusada la acompañó a una notaría de Madrid, donde la mujer otorgó un nuevo testamento a su favor, revocando el anterior. En ese documento le legaba la vivienda que poseía en Grado y las cantidades depositadas en sus cuentas bancarias. La Audiencia declara que Isabel carecía entonces de libertad de testar y de conocimiento suficiente para otorgar válidamente esa disposición.
Ataque contra la integridad moral y su dignidad como persona
La Sala considera que la conducta de Aránzazu y Luis constituyó un ataque a la integridad moral de Isabel y a su dignidad como persona. Los magistrados destacan que la víctima tenía 85 años, se encontraba fuera de su entorno habitual, aislada de sus seres queridos y padecía un deterioro físico y cognitivo progresivo que la hacía especialmente vulnerable. La falta de atención y cuidados, las condiciones en las que vivía y las restricciones impuestas a su vida cotidiana permiten al tribunal concluir que fue sometida a un trato vejatorio, humillante y degradante.
La Audiencia subraya que Isabel había llevado hasta su traslado a Madrid una vida independiente. Sus familiares y amigos relataron que se desplazaba sola en tren, acudía al mercado y realizaba tareas cotidianas sin necesitar ayuda. Para el tribunal, este dato resulta relevante a la hora de valorar el cambio experimentado durante los meses que permaneció en el domicilio de los acusados y la situación de dependencia en la que llegó a encontrarse.
Respecto al delito de detención ilegal, la sentencia explica que la privación de libertad no requiere necesariamente que la víctima permanezca encerrada bajo llave o tras una puerta cerrada. Lo determinante es que se anule su libertad de movimientos y su capacidad real para decidir dónde ir. En este caso, el deterioro cognitivo, la desorientación y las limitaciones físicas de Isabel le impedían salir por sus propios medios y regresar a Grado. La Sala considera que los acusados conocían esa situación y que, pese a ello, impidieron que volviera a su domicilio, manteniéndola en Madrid.
Los magistrados hacen especial referencia a que nunca se llegó a organizar de nuevo el regreso de Isabel a Asturias, pese a que inicialmente se había previsto una estancia temporal y se había adquirido un billete de tren. La explicación ofrecida por los acusados sobre los motivos por los que la mujer no volvió a utilizarlo no convenció al tribunal. La resolución señala que, si el viaje no pudo realizarse en la fecha prevista, nada impedía adquirir otro billete, y considera que la ausencia de cualquier nuevo intento de regreso resulta coherente con la voluntad de mantenerla en Madrid.
En cuanto a la estafa agravada, por la que únicamente ha sido condenada Aránzazu Suárez, la Sala aprecia que la acusada se aprovechó de la situación de deterioro cognitivo y dependencia de su tía para obtener un beneficio económico. El tribunal relaciona el otorgamiento del testamento, la escritura de poder y las disposiciones de dinero realizadas desde las cuentas de Isabel, así como el intento de ampliar las facultades conferidas, y considera que estas actuaciones respondieron a un mismo propósito. La sentencia declara nulo el testamento otorgado el 7 de mayo de 2021 y acuerda que Aránzazu Suárez reintegre a la masa hereditaria 15.097,50 euros, más los intereses legales correspondientes.
La cuidadora de la víctima, absuelta
A su vez, los magistrados absuelven a la cuidadora porque consideran que no existe prueba suficiente para atribuirle el trato degradante o el maltrato habitual que se le imputaban. La Sala señala que no ha quedado acreditado que las deficiencias en la atención y los cuidados de Isabel continuaran una vez que comenzara a trabajar en el domicilio. Por el contrario, de las conversaciones que mantuvo con la empresa para la que trabajaba se desprende su preocupación por el estado de la mujer, así como sus avisos sobre la falta de medicación y de material necesario para atenderla.
Los magistrados también descartan que el hecho de no avisar al servicio de emergencias cuando Isabel falleció constituya un trato degradante, al entender que la cuidadora estaba al servicio de los otros acusados y que esperó a que llegaran, sin que pueda deducirse de esa actuación una conducta vejatoria o humillante.
La sentencia acuerda, además, la nulidad de las inscripciones registrales y de las operaciones particionales que traigan causa del testamento anulado. La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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