ABC
16/11/2026 13:23

Frente Amplio prohibirá las herencias de más de 10 millones de euros y confiscará el resto para el Estado

La formación en la que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aspira apoyarse para exprimir las escasas posibilidades que le dan las encuestas de repetir en el Palacio de La Moncloa tras las elecciones del 29N ha incluido en su programa electoral, presentado este lunes, una reforma radical de la fiscalidad de las herencias, que, básicamente, implica que el Estado pueda confiscar el patrimonio de las grandes fortunas que supere un reparto máximo de diez millones de euros por heredero."Esta limitación se implementará estableciendo un tipo impositivo marginal del 100 % sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En el importe total se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómicas", especifica el programa del bloque de formaciones a la izquierda del PSOE cuya candidatura encabeza Ada Colau. Y argumenta que "es una medida orientada a restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios de nuestro país. Pero, al mismo tiempo, la recaudación lograda se destinará a doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, contribuyendo así a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades".Más allá del probable carácter confiscatorio de la iniciativa, el programa del Frente Amplio plantea todo un abanico de medidas fiscales extraordinariamente agresivas contra un puñado de colectivos que su segmento ideológico acostumbra a identificar con los poderosos (rentas altas, grandes empresas, grandes tenedores de vivienda...) en un intento de dar un barniz de factibilidad a un programa electoral que plantea un aumento del gasto público como no han visto los tiempos. El conglomerado heredero del Movimiento Sumar de Yolanda Díaz aboga por establecer suelos presupuestarios del 8% del PIB para Sanidad, del 7% para Educación, del 1,5% para políticas de vivienda, del 3,5% para el despliegue de estrategias de transición ecológica y del 0,7% para cooperación al desarrollo. Una operación matemática básica lleva a concluir que el cumplimiento de esos compromisos exigiría un incremento del gasto público equivalente a 7,5 puntos del PIB, lo que viene a suponer un aumento del gasto público de 135.000 millones de euros o en términos porcentuales a gastar un 17% más de lo que se prevé gastar en 2026, que ya apunta a ser el ejercicio en que el Reino de España ha incurrido en el mayor gasto público de su historia.El conglomerado aglutinado tras la candidatura encabezada por la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y por el actual ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, considera imprescindible ese aumento del gasto público para alcanzar objetivos políticos como levantar un parque público de viviendas de 1,5 millones de unidades destinadas a alquiler asequible, implantar la jornada laboral de 32 horas sin reducción de sueldo, blindar la revalorización de las pensiones con el IPC en la Constitución, incorporar la salud bucodental, visual, auditiva y mental a la cartera básica de servicios de la Sanidad Pública, reducir las ratios en educación y garantizar su gratuidad desde el nacimiento hasta la universidad, implantar una prestación básica de 200 euros al mes por menor, un cheque de 3.600 euros anuales para las familias de bajos ingresos que gasten más del 40% de su renta en vivienda o garantizar tres horas de electricidad gratuita al día para los ciudadanos.Un esfuerzo público fenomenal, que, lógicamente, requiere de un flujo de ingresos públicos muy superior al actual. Y Frente Amplio tiene clarísimos los caladeros de dónde debe obtener esos mayores ingresos fiscales, por mucho que sea improbable que colectivos tan reducidos en números puedan generar el caudal de recaudación que se necesitaría para hacer mínimamente viable el programa de máximos que se plantea.La medida fiscal más llamativa es ese impuesto del 100% sobre el patrimonio heredado que supere los 10 millones de euros, que de hecho supone abrir por primera vez la posibilidad de confiscar buena parte del patrimonio de las mayores fortunas del país. Pero el esquema fiscal de Frente Amplio no se queda ahí. Para el sector de los pisos turísticos plantea un tipo de IVA del 21%, bloquear la posibilidad de acceder a las desgravaciones en IRPF e Impuesto de Sociedades por gastos en la vivienda, comunidad, etc...; elevar al 20% del valor del inmueble la imputación de rentas en los periodos de no ocupación de la vivienda; y articular la posibilidad de implantar un recargo en el IBI del 150%.La formación plantea crear también un nuevo impuesto del 10% sobre el valor de la vivienda a cargas sobre los inmuebles propiedad de empresas o propietarios particulares que tengan más de cuatro viviendas, siempre que el valor conjunto de estas supere los 800.000 euros, que solo se dejará de pagar si se pone esa vivienda en el mercado con un alquiler asequible; un gravamen estatal extraordinario por valor del 100% de la vivienda sobre los inmuebles que se adquieran para uso no residencial de primera vivienda, que supone una prohibición de la compra como inversión.Otra nueva mina de ingresos serían los llamados impuestos sobre el vicio. Frente Amplio plantea todo un abanico de nuevas figuras para gravar las bebidas energéticas, los refrescos con alto contenido de azúcar, el tabaco o los alimentos ultraprocesados con el doble objetivo de promover hábitos alimenticios más saludables y conseguir más recursos fiscales.Más subidas de impuestos. El tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades sobre las grandes empresas subiría del 15% al 20%, se restablecería el gravamen del 1,2% sobre las empresas energéticas, el impuesto sobre los depósitos bancarios se elevaría del 0,3% al 1%, la llamada tasa Google sobre las grandes tecnológicas se elevaría hasta el 15%, se apretarían las tuercas a los patrimonios a partir de un millón de euros que tendrían que pagar un 2% de tipo fiscal y su idea es implantar un nuevo impuesto sobre los ultrarricos, lo que se ha dado en llamar Tasa Zucman, del 3% anual sobre los patrimonios de más de 50 millones de euros. Y no se queda ahí la cosa, habría nuevos impuestos sobre los vuelos privados, los megayates, los coches de lujo y otros bienes suntuarios que no especifica, y un nuevo impuesto que gravaría las actividades extractivas, a pesar de que la extracción de minerales y tierras raras ha sido considerada una prioridad estratégica dentro de la nueva estrategia europea de autonomía industrial.
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