La Fiscalía Provincial de Madrid será quien decida si investiga la denuncia del PSOE contra PP y Okdiario

El PSOE considera que, de ser cierta la revelación de Koldo García que asegura que el abogado del PP le ofreció pagar su defensa y un millón de euros a cambio de mentir contra el presidente del Gobierno, se estaría ante delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias
Okdiario pagó la defensa de Koldo García en el juicio del Supremo
La Fiscalía General del Estado ha remitido la denuncia presentada por el PSOE contra el PP, su abogado Alberto Durán, la editora del medio Okdiario y su director Eduardo Inda a la Fiscalía Provincial de Madrid, dirigida por el fiscal jefe José Luis García-Juanes, para que sea ésta quien decida si abre diligencias preprocesales e investiga las revelaciones de Koldo García desde la cárcel de Soto del Real.
Esta denuncia fue presentada el pasado viernes 13 de noviembre y en ella se hacía constar que se había tenido conocimiento de que Koldo García, exasesor ministerial de José Luis Ábalos que fue condenado por el Tribunal Supremo en el 'caso Mascarillas', aseguraba en en varios audios que Durán le ofreció costear su defensa y un millón de euros si aportaba informaciones relevantes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno.
“En una reunión que mantuve con el señor Alberto Durán [el abogado del PP], este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros. A cambio de declaraciones en contra de personas relevantes del Gobierno: del presidente, de su mujer, del expresidente Zapatero y alguno más. Aun mintiendo”, dijo Koldo García.
El PSOE considera que el pago de la defensa de Koldo García por parte de Okdiario pudiera tratarse en realidad de un intento de soborno para que el exasesor de José Luis Ábalos declarara falsedades ante los tribunales que pudieran implicar en delitos al presidente. Los socialistas creen que estas presuntas prácticas podrían constituir delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.
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