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16/11/2026 14:24

Pisos de más, respuestas de menos

Hay cifras que una administración puede presumir. Y hay otras que tiene la obligación de explicar.

En Miguel Hidalgo, el gobierno de Mauricio Tabe presume clausuras y operativos contra las construcciones irregulares. Sin embargo, el Informe Anual 2025 de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) coloca a esta alcaldía a la cabeza de la Ciudad de México en inmuebles identificados con niveles o alturas fuera de norma.

Doce inmuebles. Diecisiete pisos excedentes. Un incremento de 183% en los niveles irregulares detectados respecto de 2024.

La pregunta es inevitable: si la vigilancia está funcionando, ¿por qué aumentaron tanto las irregularidades identificadas?

La respuesta no puede limitarse a señalar que los desarrolladores incumplen la ley. Desde luego que deben responder por sus actos. Pero la obligación de vigilar las construcciones existe precisamente porque hay quienes pueden intentar incumplirla.

Y esa responsabilidad no es una interpretación política. La propia estructura administrativa de Miguel Hidalgo contempla una unidad encargada de programar verificaciones, constatar el cumplimiento de la normatividad y ejecutar las medidas correspondientes.

Entonces, ¿qué ocurrió con los inmuebles identificados por la PAOT? ¿Cuántos procedimientos concluyeron? ¿Cuántos niveles excedentes fueron retirados? ¿Cuántas irregularidades fueron corregidas?

No basta con informar cuántos sellos se colocaron. Hay que explicar qué sucedió después.

La propia alcaldía reportó 210 sellos de clausura durante 2025 y reconoció casos de violación de esas medidas. Es un dato relevante que obliga a examinar tanto la actuación de las constructoras como la eficacia de la supervisión.

Porque una clausura no debería ser el punto final de una conferencia de prensa. Debería ser el comienzo de un procedimiento con consecuencias verificables.

En una alcaldía donde conviven barrios populares, colonias históricas y algunos de los desarrollos inmobiliarios más costosos de la ciudad, la aplicación de la ley no puede depender del tamaño de la inversión.

Un piso irregular no se vuelve legal porque el departamento sea caro.

Tampoco pueden quedar solas las vecinas y los vecinos que denuncian obras que consideran fuera de norma. Las autoridades tienen que ofrecer información, atender las denuncias y explicar sus resoluciones sin obligar a las comunidades a recorrer un laberinto burocrático.

El problema no es que Miguel Hidalgo crezca. El problema es que el crecimiento se produzca sin reglas efectivamente aplicadas, sin transparencia suficiente y sin certeza para quienes viven o invierten en sus colonias.

Quien construye conforme a la ley merece condiciones justas. Quien compra una vivienda merece seguridad jurídica. Y quien ha vivido durante décadas en una colonia merece saber qué se está autorizando a su alrededor.

Son derechos que no deberían enfrentarse entre sí.

Por eso es necesario publicar, de manera accesible y actualizada, los niveles permitidos de cada desarrollo, las verificaciones realizadas, las medidas impuestas y el estado de los procedimientos.

También es indispensable aclarar cuáles de las irregularidades detectadas fueron corregidas y cuáles permanecen pendientes.

Las cifras de la PAOT no prueban, por sí solas, la existencia de complicidad de funcionarios. Pero sí justifican exigir explicaciones sobre la vigilancia y sus resultados.

El desarrollo urbano no se mide únicamente por los metros cuadrados que se construyen, sino por la certeza jurídica y la calidad de vida que se garantizan.

Miguel Hidalgo tiene derecho a crecer, pero sus habitantes también tienen derecho a saber quién autoriza, quién verifica, quién sanciona y quién responde cuando las reglas se incumplen.

Diecisiete pisos excedentes identificados en un año no son una cifra para pasar por alto. Son diecisiete razones para exigir información precisa sobre las acciones de las autoridades.

Porque colocar un sello es una medida administrativa.

Hacer que la ley se cumpla es la verdadera responsabilidad de gobernar.

María Teresa Ealy Díaz. Diputada Federal LXVI Legislatura.

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