OviedoPress
16/11/2026 19:30

Fiscalía de EE.UU. acusa a Marset de sobornar a funcionarios de Paraguay y otros países

  • La Fiscalía estadounidense sostiene que el narcotraficante uruguayo pagó sobornos a funcionarios de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Venezuela para evitar interferencias en sus operaciones criminales.
  • El escrito judicial describe una red de protección que habría permitido al acusado acceder a información reservada, frustrar procedimientos policiales e incluso recuperar cargamentos de cocaína incautados.
  • Aunque todavía no se individualizó a los supuestos funcionarios paraguayos involucrados, la acusación incorpora al país en el esquema de corrupción que será debatido en el juicio previsto para enero de 2027.
Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo. || Archivo

La Fiscalía de Estados Unidos acusa al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset de haber pagado sobornos a funcionarios de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela para garantizar la protección de sus actividades ilícitas y evitar intervenciones de las autoridades. Las acusaciones forman parte de un escrito presentado ante un tribunal de Virginia, donde los fiscales pretenden incorporar nuevas pruebas al proceso judicial contra el presunto líder criminal, cuyo juicio está previsto para enero de 2027.

El documento sostiene que Marset dirigía una “enorme operación internacional de narcotráfico” y recurría a un sistema de “plata o plomo” para someter a gobiernos y funcionarios de distintos países a sus intereses. Según la Fiscalía, el acusado no toleraba interferencias en sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo, por lo que habría construido una estructura de corrupción para operar sin obstáculos.

El fiscal Anthony T. Aminoff señaló que el uruguayo actuaba de manera despiadada y que utilizaba pagos ilegales para conseguir información confidencial, protección frente a las fuerzas del orden y beneficios en procedimientos relacionados con sus cargamentos de droga. Incluso, según la acusación, habría ofrecido sumas adicionales para recuperar cargamentos de cocaína que ya habían sido incautados por las autoridades.

Uno de los casos detallados en el escrito corresponde a Bolivia, donde los fiscales describen pagos periódicos a un alto funcionario que, a su vez, distribuía el dinero entre otros integrantes del gobierno. Este mecanismo habría permitido a Marset eludir operativos de captura y acceder a expedientes e información policial reservada.

En cuanto a Paraguay, el documento incluye expresamente al país entre los territorios donde se habrían concretado sobornos, aunque por el momento no individualiza a los funcionarios que supuestamente recibieron dinero ni precisa los cargos que ocupaban. La mención coloca a autoridades paraguayas bajo la lupa de la investigación estadounidense sobre la estructura de protección que habría sostenido las operaciones del narcotraficante en la región.

La acusación también contrasta con la participación de Paraguay en el operativo que permitió capturar a Marset el 13 de marzo de 2026, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El procedimiento fue realizado de manera conjunta por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Tras su detención, el uruguayo fue extraditado a territorio estadounidense.

Otro episodio mencionado por los fiscales es el atentado contra la vivienda de Mónica Ferrero, fiscal de Corte de Uruguay. De acuerdo con el documento, después de su detención, Marset habría admitido ante agentes de la DEA que la fiscal “resultó ser incorruptible”, circunstancia que habría motivado las amenazas en su contra.

La información sobre la presentación de los fiscales fue publicada inicialmente por el semanario uruguayo Búsqueda y posteriormente replicada por el medio argentino Infobae. La Fiscalía estadounidense considera que los vínculos que Marset habría establecido con funcionarios y miembros de las fuerzas del orden de distintos países constituyen una pieza central de su estructura criminal.

La inclusión de Paraguay en el escrito abre interrogantes sobre los posibles nexos de la organización con funcionarios nacionales, aunque la acusación todavía no revela identidades ni detalles concretos sobre los supuestos pagos realizados en el país.

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