ABC
16/11/2026 22:11

Igualdad usó pulseras antimaltrato sabiendo que no funcionaban

La coordinadora de la Sala Cometa advirtió por escrito en marzo de 2024 de que el perímetro fijado por un juzgado dejaba indefensa a la víctima y señaló que no lograban contactar con ella. Una alto cargo del Ministerio de Igualdad respondió a esta comunicación interna de forma tajante con solo siete palabras: «Hay q instalarlo. Ellos deciden la distancia». ABC ha tenido acceso a estas nuevas comunicaciones que se produjeron entre el Gobierno y la empresa adjudicataria del servicio que demuestran que el área de Ana Redondo era consciente de los problemas y no buscaron soluciones hasta que no salió de forma publica los fallos.El Ministerio de Igualdad dio luz verde a la instalación de un dispositivo telemático de control de alejamiento con un radio de apenas cien metros aun después de recibir una advertencia expresa de los responsables técnicos del servicio: con esa distancia resultaba imposible asegurar la integridad de la mujer protegida. El intercambio de mensajes, fechado el 11 de marzo de 2024 y al que ha tenido acceso este periódico, deja al descubierto la tensión operativa entre los criterios de seguridad de los operadores y la rigidez burocrática ante los mandatos judiciales.La secuencia se inició a primera hora de la tarde de aquel lunes, cuando desde la Administración de Justicia se remitió a la Sala Cometa —el centro encargado de monitorizar las pulseras contra la violencia machista— la resolución correspondiente a un expediente para proceder a la colocación del equipo. Al revisar los parámetros de la orden, los técnicos de Cometa Dispositivos detectaron de inmediato dos anomalías graves que comprometían la eficacia del sistema.A las 16:58 horas, el área de soporte respondió por correo electrónico a la funcionaria de Justicia encargada del trámite para dejar constancia por escrito de las limitaciones del aparato. «La distancia mínima en las zonas de exclusión es conveniente que sea de 500 metros. Con 100 metros de distancia no es posible garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo», rezaba el mensaje, al que poco después se sumó el informe técnico pertinente. El aviso incluía además un segundo problema operativo nada menor: «Asimismo, no podemos localizar a la víctima en el número de teléfono que aparece en el dispositivo».Sin alternativas desde IgualdadPese a la claridad del informe, la respuesta del órgano judicial fue tajante: había que ejecutar la instalación tal y como estaba redactada porque así lo había dictaminado el juez. Fue entonces cuando la cadena de mando de Securitas Seguridad España, empresa adjudicataria del servicio de seguimiento, decidió elevar la consulta directamente a los responsables del Ministerio de Igualdad para salvar su responsabilidad ante una eventual brecha de seguridad.El aviso de la empresa sobre los problemas técnicos del dispositivo. ABCA las 19:29 horas, la coordinadora del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de la Sala Cometa, envió un correo electrónico a varias responsables del departamento ministerial —Macarena Gamir, Laura Piñuela y Paula Aguado— trasladando la gravedad de la situación. «Hemos recibido una petición de instalación de un dispositivo en una distancia de 100 metros, les hemos indicado por escrito que no se recomienda esa distancia, y la respuesta del juzgado ha sido que hay que hacerlo así porque es lo que han dictaminado», expuso la responsable. Su conclusión no dejaba margen a la interpretación: «Con esa distancia no podemos garantizar la protección de la usuaria. No vamos a instalar el dispositivo si os parece correcto».La respuesta desde el ministerio tardó apenas ocho minutos en llegar. A las 19:37, desde la dirección oficial y enviado desde un teléfono móvil, el departamento dio por zanjado el debate técnico sin ofrecer alternativa ni protocolo adicional alguno: «Hay q instalarlo. Ellos deciden la distancia».La respuesta de Igualdad tras recibir el aviso de los problemas en el dispositivo de la víctima. ABCEl episodio ocurrido con el expediente ilustra uno de los principales puntos ciegos que ha arrastrado el sistema de seguimiento telemático en España. Aunque la potestad para fijar los metros de una orden de alejamiento corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales dentro de su independencia jurisdiccional, la tecnología empleada para vigilar su cumplimiento responde a leyes físicas y márgenes de error de geolocalización que no siempre se ajustan al papel judicial.La recomendación de los técnicosLos dispositivos de radiofrecuencia y señal GPS requieren un umbral mínimo de seguridad —que los propios técnicos sitúan en el entorno de los 500 metros— para que las alertas salten con antelación suficiente. Cuando un juzgado reduce ese perímetro a cien metros, el margen de maniobra desaparece: en un entorno urbano, un agresor puede cubrir esa distancia a pie en menos de un minuto, un lapso inferior al tiempo que transcurre desde que la señal de proximidad entra en la sala de control, se verifica la incidencia, se avisa a la víctima y se moviliza a la patrulla policial más cercana.A esta limitación técnica se han sumado en los últimos años los problemas sobre el funcionamiento de la Sala Cometa y las sucesivas licitaciones del servicio, marcadas por quejas sobre fallos de cobertura en zonas interiores o rurales, falsas alarmas por pérdida de señal y dificultades en la migración de datos entre empresas adjudicatarias. En el caso concreto de marzo de 2024, la imposibilidad añadida de contactar telefónicamente con la mujer afectada agravaba aún más el escenario de vulnerabilidad advertido por los operadores.Sin embargo, el cruce de correos demuestra que, ante el conflicto entre la alerta técnica sobre la desprotección de la usuaria y la ejecución formal de un trámite judicial, la consigna que prevaleció desde Igualdad fue la de seguir adelante con el protocolo estándar, dejando en manos de los técnicos la instalación de un sistema que ellos mismos acababan de certificar como ineficaz para esa distancia. Precisamente, la adjudicación de estos contratos ahora se encuentra en el foco de la Fiscalía Europea que investiga presuntas irregularidades en la vigilancia de estas pulseras antimaltrato.
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