Demócratas piden revisar contratos del muro de Trump en Texas después de que dos constructoras vinculadas con su entorno recibieran cuatro adjudicaciones millonarias
Un grupo de 23 congresistas demócratas de Estados Unidos pidió investigar contratos por casi 7 mil 500 millones de dólares para construir infraestructura fronteriza en Big Bend, Texas, ante posibles irregularidades y presuntos vínculos políticos entre las empresas beneficiadas y el presidente Donald Trump.
La solicitud fue dirigida al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para que revise los procesos de adjudicación, la posible influencia política y la justificación del gasto. La petición fue encabezada por la congresista Verónica Escobar y difundida mediante un comunicado oficial de su oficina el 16 de noviembre.
Los legisladores también cuestionaron que el Gobierno clasifique esta región como una zona de alta entrada ilegal de migrantes, pese a que registra pocos cruces irregulares. Además, señalaron los posibles efectos de las obras sobre áreas naturales protegidas.

¿Qué empresas recibieron los contratos del muro fronterizo?
La carta identifica cinco contratos por aproximadamente 7 mil 460 millones de dólares, adjudicados a tres compañías.
Barnard Construction recibió dos contratos, por mil millones y 960.4 millones de dólares. Fisher Sand & Gravel obtuvo otros dos, por mil 200 millones y 2 mil 600 millones.
La tercera empresa, Southwest Valley Constructors, recibió una adjudicación de mil 700 millones de dólares para trabajos relacionados con el Parque Nacional Big Bend.
De esta manera, Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel concentran cuatro de los cinco contratos, situación que los congresistas consideran motivo para revisar cómo fueron seleccionadas las compañías.
¿Qué vínculos tienen las constructoras con Donald Trump?
Uno de los señalamientos se dirige a Tim Barnard, fundador de Barnard Construction, quien habría aportado alrededor de un millón de dólares a grupos de recaudación de fondos vinculados con la campaña presidencial de Trump en 2024.
Los legisladores también recordaron que la compañía recibió un contrato por mil 600 millones de dólares para construir aproximadamente 112 millas de muro en Nuevo México mediante un procedimiento sin competencia abierta.
En el caso de Fisher Sand & Gravel, señalaron que la empresa contrató en 2021 a Tom Homan, actual responsable de la política fronteriza del Gobierno de Trump, para realizar labores de cabildeo en Texas, cuando trabajaba para una firma privada de consultoría.
Estos antecedentes no demuestran que las adjudicaciones hayan sido irregulares. Sin embargo, los congresistas quieren determinar si las relaciones políticas influyeron en las decisiones del DHS y si las empresas recibieron un trato preferencial.
¿Por qué cuestionan la construcción del muro en Big Bend?
Otro de los argumentos de los legisladores es la cantidad de detenciones migratorias en esta región fronteriza.
Big Bend comprende aproximadamente 832 kilómetros de frontera y es uno de los sectores con menos cruces irregulares. Durante 2025 concentró apenas el 1.3 por ciento de las detenciones registradas en la frontera estadounidense.
Pese a estas cifras, en mayo de 2026 el DHS clasificó la región como un área de «alta» entrada ilegal de migrantes y argumentó que existía una necesidad «aguda e inmediata» de construir barreras físicas.
Esta designación permite al Gobierno utilizar facultades para exentar determinados requisitos federales y acelerar las obras. Por ello, los demócratas solicitaron revisar si la clasificación está respaldada por los datos migratorios y si el gasto responde al interés público.
¿Qué impacto tendría el muro en el Parque Nacional Big Bend?
El proyecto también enfrenta el rechazo de organizaciones ambientalistas, propietarios de terrenos y residentes de la zona.
La preocupación se concentra en el Parque Nacional Big Bend, que cuenta con más de 324 mil hectáreas de tierras protegidas cerca de la frontera con México. El territorio alberga especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y ecosistemas que podrían verse afectados por las barreras y otras obras.
Los opositores también cuestionan las exenciones a leyes federales de protección ambiental y del patrimonio histórico.
En su carta, los congresistas afirmaron que «los contribuyentes merecen tener la certeza de que las decisiones que afectan al parque y a la región (…) responden a necesidades públicas legítimas y no a influencias políticas o intereses privados».
¿Qué sigue con la construcción del muro?
La solicitud llega después de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara al Gobierno de Trump a continuar las obras en Big Bend, luego de que un tribunal de menor instancia en Texas había frenado temporalmente la construcción.
El máximo tribunal argumentó que el Gobierno tiene intereses «apremiantes» relacionados con la «seguridad e integridad» de la frontera.
Entre los 23 firmantes de la carta se encuentran los representantes texanos Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar y Joaquín Castro.
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