Burocracia y abandono: el lastre de la educación en Sinaloa

La política educativa en Sinaloa transita por un camino de contrastes, donde la realidad en las aulas choca con las decisiones burocráticas. Mientras la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) anuncia con bombo y platillo la construcción de 16 nuevos bachilleratos “Margarita Maza” con una inversión de 336 millones de pesos, la cotidianidad en municipios como Concordia y Guasave expone las deficiencias y el abandono que sufren miles de estudiantes en el ciclo escolar actual.
Este contraste se acentúa con situaciones como la vivida en Concordia, donde el Ayuntamiento, encabezado por Óscar Zamudio, y el sector educativo decidieron unilateralmente cancelar el tradicional desfile cívico del 20 de noviembre. La justificación, la falta de tiempo tras las jornadas de clases a distancia, evidencia una preocupante carencia de planeación por parte de las autoridades municipales y las supervisiones escolares, ya que el aniversario de la Revolución Mexicana no es una fecha imprevista. La decisión no solo priva a la comunidad de una de sus estampas más arraigadas, sino que, lo que es más grave, niega a los estudiantes espacios públicos de convivencia y formación cívica, sumando otra pérdida tras las interrupciones en clases presenciales. La propuesta de un desfile alternativo en febrero de 2027 se percibe más como una evasiva que como una solución real.
Paralelamente, la infraestructura escolar sigue siendo un punto flaco en la entidad. El caso de la primaria Miguel Hidalgo, en Batamote, Guasave, es emblemático. Sus alumnos se han visto forzados a continuar sus estudios a distancia debido al deterioro y los riesgos estructurales del plantel. El Jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, Jaime Carlos Hernández, ha reconocido las necesidades y los retrasos burocráticos ante el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (Isife), pero la inacción se traduce en un perjuicio directo para la calidad educativa y la economía de las familias. Es inadmisible que las reparaciones solo avancen bajo la presión de los padres de familia o cuando la situación escala a una emergencia.
La responsabilidad de garantizar entornos seguros y dignos para el aprendizaje recae directamente en las autoridades. La secretaria de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, y el Isife deben trascender los anuncios de grandes proyectos —como los bachilleratos que, se prevé, concluirán en marzo de 2027— y focalizarse en la atención preventiva y el mantenimiento oportuno de la infraestructura existente. La educación ambiental, como la promovida en Cobaes 59 por su director Rosario Jiovila Félix, es relevante, pero la conciencia cívica y la seguridad básica en las aulas son pilares irrenunciables. Es imperativo que se establezcan mecanismos de revisión periódica y se asignen recursos suficientes para que los estudiantes no pierdan clases ni las familias tengan que luchar por lo que es un derecho fundamental: una escuela segura y funcional.
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