Las relaciones Iglesia-Estado en los sexenios de la 4T
Como suele hacerlo, la doctora Mónica Uribe me compartió el texto de una conferencia que dictó a un grupo de personas relacionadas con la revista “Acción Femenina” ―la cual, de acuerdo con la información que se ofrece en su portal electrónico “ofrece artículos […] fundamentados en la doctrina Cristiana Católica y los valores universales”― en la que hace un análisis de las relaciones entre la Iglesia católica [sobre todo a través de los obispos] y el Estado Mexicano [a través de la institución presidencial].
Por su claridad para abordar un tema complejo, el texto de Mónica creo que merece ser leído y reflexionado…
Por ello, en cuanto lo recibí, lo compartí con algunas personas a quienes consideré que les podía interesar. Y, en estas “palabras”, con el propósito de ampliar su difusión, intentaré compartir algunos puntos clave de la mencionada conferencia, tratando de ser fiel a su contenido, sin dejar de reconocer que será inevitable seleccionar, reducir ―y, consiguientemente, excluir― partes del contenido, e interpretar…
Mónica abre su conferencia presentándose como “analista política especializada en la relación del gobierno con la Iglesia católica” y haciendo notar que, si bien “el gobierno debe relacionarse con todas las asociaciones religiosas presentes en el país en un plano de igualdad legal para preservar su laicidad, la realidad obliga a las autoridades a mantener una relación distinta con la Iglesia católica” dado que “representa a más de 98 millones de mexicanos, casi el 80% de la población”.
Para contextualizar lo que han sido las relaciones Iglesia-Estado a partir de 2018, escribe: “a partir del reconocimiento jurídico de los entes religiosos por parte del Estado mexicano a nivel constitucional y del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, la relación entre el gobierno mexicano y la Iglesia fue, en balance, bastante positiva hasta 2018, con algunos altibajos”.
En cuanto al periodo que abarca la conferencia de la doctora Uribe escribe: “de 2018 a 2026, hemos visto dos etapas claramente diferenciadas de relación Iglesia-Estado. La relación ríspida de López Obrador con la Iglesia católica, de 2018 a 2024 y una normalización pragmática de la relación con Claudia Sheinbaum, de 2024 a la fecha”.
En el caso de la relación de Andrés Manuel López Obrador, Mónica hace un largo recorrido, desde su etapa como Jefe de Gobierno, hasta su sexenio y, en varios pasajes del texto, describe su modelo religioso como “una pararreligión sincrética, con elementos cristianos y prehispánicos, centrada en el culto a la personalidad del líder carismático”; cuyo discurso “pretendió usurpar […] el lenguaje del evangelio […] mientras estuvo al frente del Ejecutivo federal”.
Más concretamente, señala ―entre otras cosas― que, durante todo su sexenio, López Obrador “hizo una distinción entre la Iglesia en México, identificada con el conservadurismo y con los potentados, y la figura del Papa Francisco, a quien reiteradamente consideró un buen cristiano y cercano a Cristo” y “no escatimó ocasiones para mantener una buena relación con la Santa Sede”.
En cuanto a su relación con los obispos, durante su sexenio solo recibió a un grupo de obispos en 2019 para tratar asuntos migratorios y con el Episcopado en pleno cuando se iniciaron los “Diálogos por la Paz” después del asesinato de dos jesuitas en Cerocahui y que, ante los pronunciamientos episcopales siempre con una dosis de crítica a la gestión de gobierno, en reiteradas ocasiones el presidente calificó a la jerarquía católica como corrupta, oposicionista y conservadora.
“En síntesis ―concluye Mónica― “la relación de la Cuarta Transformación con la Iglesia católica fue de confrontación, crítica, [de] cierre de canales de comunicación directa a nivel nacional del gobierno federal con la jerarquía, producto de la posición absolutamente autónoma de la Iglesia con respecto a López Obrador y su movimiento, cosa que el ex presidente no pudo tolerar”.
El bienio de Claudia Sheinbaum ―considera la doctora Uribe― “dio un giro a la relación Iglesia-Estado” y que ese giro encuentra su razón de ser en “su lejanía con el tema religioso [lo que] le hace asumir una posición un tanto más neutral que su predecesor”.
Recuerda su aceptación de firmar el “Acuerdo por la Paz” [aunque lo haya hecho con reservas por no coincidir con el diagnóstico sobre la situación del país] y que, al reunirse con los obispos en marzo de 2024, se comprometió a trabajar en favor de la libertad religiosa y a mantener una laicidad moderna y colaborativa, sin abdicar de las ideas del ‘progresismo’ de izquierda”.
Que ese giro de la relación Iglesia-Estado “pasó de una rispidez cotidiana a una ruta de diplomacia institucional” lo encuentra evidenciado en la búsqueda de “puentes institucionales basados en causas comunes como la justicia social y el combate a la violencia”, la cual ha llegado a varios compromisos concretos: desde 2024 “la administración de Sheinbaum ha mantenido cercanía institucional con los líderes de la agenda de pacificación civil que ha impulsado el episcopado para mapear problemáticas regionales de violencia y coordinar acciones de tejido social” y “en enero de 2025 el Gobierno federal formalizó una alianza estratégica a nivel nacional con la Iglesia católica para implementar el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”. Esta iniciativa, que Sheinbaum ya había operado en la Ciudad de México, habilitó parroquias católicas en todo el país como centros anónimos de canje de armas por incentivos económicos”.
“Uno de los logros del gobierno de Sheinbaum, fue la visita oficial del cardenal Parolin del 4 al 6 de agosto de 2026” en la que “sostuvo mesas de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, dialogando sobre agendas compartidas como la migración, la dignidad humana, la tecnología y la construcción de la paz”.
“Con respecto a la jerarquía católica en México, Sheinbaum se ha esmerado en no meterse en líos y mantener una distancia respetuosa, muy distinto a lo que su predecesor mantuvo como norma de actuación con respecto a la Iglesia”.
Y concluye: “A diferencia de López obrador, Claudia no pretende instrumentalizar a la Iglesia ni usurpar su discurso evangélico, primero porque no es su tradición ni le interesa el discurso religioso como fuente de legitimación, pero se ha mantenido respetuosa de la religión mayoritaria y no busca el apoyo de los evangélicos. Ha mantenido una relación fluida, reconociendo que tanto al gobierno como a la Iglesia católica les conviene mantener la fiesta en paz y cada uno sacar una ganancia secundaria”.
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