Luces del Siglo
17/11/2026 06:08

Inhabilitan un año a exfuncionario que usó Munal para su boda

inhabilitan un ano a exfuncionario que uso munal para su boda
  • Martín Borrego Llorente, ex funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue inhabilitado un año para ocupar cualquier cargo en la administración pública luego de haber utilizado el Museo Nacional de Arte (Munal) para su boda.
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Martín Borrego Llorente, ex funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue inhabilitado un año para ocupar cualquier cargo en la administración pública luego de haber utilizado el Museo Nacional de Arte (Munal) para su boda, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

Borrego Llorente era el jefe de oficina de la Cancillería cuando Alicia Bárcena encabezaba esa dependencia; en 2024 utilizó el Salón de Recepciones del museo con el pretexto de festejar su matrimonio con Ionut Marian Vâlcu, funcionario de la Embajada de Rumania en México.

Tras revelarse el caso, Borrego Llorente presentó la renuncia en su nuevo puesto como coordinador de Contacto con la Ciudadanía de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de la propia Alicia Bárcena.

“Inhabilitación por 1 año a Martín B., de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad de México, toda vez que, en 2024, aprovechándose de su puesto, solicitó autorización para realizar un evento de carácter oficial en el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte (Munal), pero en realidad lo utilizó para celebrar un evento de carácter personal”, indicó en un comunicado la SABG.

La dependencia anunció esa sanción y la de otras 81 personas servidoras públicas, un particular y una empresa por faltas administrativas, con multas que en conjunto ascienden a 175 millones de pesos.

La Secretaría detalló que las sanciones derivaron de investigaciones realizadas en otras dependencias y organismos federales, entre ellos Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Issste, el IMSS y el Banco del Bienestar.

Entre las sanciones económicas más elevadas destaca la impuesta a Caleb B., de la División de Distribución Centro Sur de la CFE, quien fue inhabilitado por 10 años y sancionado con 119 millones de pesos por omitir la defensa legal de la institución en cuatro demandas laborales durante 2019 y 2020, lo que derivó en condenas de pago contra la empresa.

También fueron inhabilitados por 10 años Javier S. y Hernán C., funcionarios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, y obligados a cubrir una indemnización solidaria de 33 millones de pesos por autorizar y dictaminar, sin justificación jurídica, pagos de rentas e intereses moratorios por la ocupación de una parcela.

En otro caso, nueve funcionarios del Superissste fueron inhabilitados por 10 años y recibieron una sanción económica compartida de 18 millones de pesos por tramitar y pagar facturas a dos empresas en 2018 sin autorización de la Comisión de Abasto de ese organismo.

Tania M., de la Coordinación de Afiliación del IMSS, fue inhabilitada por 10 años y multada con 1.7 millones de pesos por modificar registros de derechohabientes en un sistema institucional para aumentar indebidamente sus periodos de cotización durante 2018 y 2019.

En cuanto a proveedores, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que inhabilitó por un año a la empresa R. y por 10 años a Eduardo M., funcionario de la Delegación Tamaulipas de la Secretaría de Agricultura, además de imponerles una sanción económica solidaria de 330 mil pesos.

La investigación determinó que ambos simularon en 2018 un convenio con una persona fallecida para ceder a la empresa la entrega de un apoyo del programa de riego tecnificado.

Precisó que las sanciones por faltas graves fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mientras que las correspondientes a faltas no graves fueron determinadas por los órganos internos de control y las unidades de responsabilidades de las instituciones.

Agregó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y que, en caso de hacerlo, defenderá las determinaciones emitidas.

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