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17/11/2026 07:09

10 falacias de la sobrerrepresentación

Como si no hubiera asuntos de primer orden que analizar y discutir sobre el INE, respecto de los cuales sería especialmente valioso conocer la perspectiva de quienes cuentan con experiencia y conocimiento de primera mano por su paso por la institución, Ciro Murayama, Lorenzo Córdova, Ricardo Becerra y compañía quieren volver a posicionar la narrativa engañosa de la supuesta inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación.

Particularmente, Becerra escribió un texto en Nexos con diez 10 puntos que muestra las siguientes carencias: una descarada selección de argumentos descontextualizados y convenientemente elegidos para defender su planteamiento (cherry picking), omisiones legislativas e históricas de primer orden (reforma legal de 2007-2008), un profundo desconocimiento de la lógica y los principios que rigen el funcionamiento de los sistemas electorales, generalizaciones infundadas y carentes de sustento teórico y empírico, una lectura idealizada de las reformas electorales que omite los intereses estratégicos, las relaciones de poder y las condiciones políticas que explican su adopción. Todo lo cual solo muestra –otra vez– lo insostenible de su espuria pretensión.

Aquí 10 objeciones a sus 10 puntos.

1. Parte de una idealización de la representación proporcional como si fuera el único arreglo válido en la transformación de votos en escaños. Dice así que la representación proporcional surgió en Inglaterra y luego que “Bélgica la retomó a escala nacional décadas después y luego lo hizo toda la Europa democrática y parlamentaria.” Falso.

Nunca se ha adoptado en TODA Europa. Me parece que es clave mencionar–y que Becerra omite– que el mismo Reino Unido, donde inician los debates en el tema, tienen un sistema mayoritario. Incluso por un procedimiento democrático se refrendó su sistema. El 5 de mayo de 2011 se celebró un referéndum sobre la posibilidad de sustituir el sistema de mayoría relativa en distritos uninominales (first-past-the-post) por el voto alternativo (alternative vote). La propuesta fue rechazada por el 67.9 % de los votantes, frente al 32.1 % que votó a favor. Francia, por su parte, conserva un sistema mayoritario de dos vueltas para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional.

Ahora sobre el caso de Bélgica sería bueno tener en cuenta que su introducción en 1899 obedeció a cálculos estratégicos del Partido Católico dominante, que buscaba reducir el riesgo de alianzas electorales entre sus adversarios liberales y socialistas. La representación proporcional no fue una conquista democrática desinteresada, muchos académicos lo han documentado. A Becerrera y compañía se les olvida que los sistemas electorales son arreglos para distribuir el poder político.

2. Dice que la proporcionalidad es el “escenario más típico de las democracias actuales.” Falso. De acuerdo con datos de IDEA internacional, 86 países cuentan son sistemas de mayoría frente a 82 de representación proporcional y 33 mixtos. ¿Por qué desinformar así?

3. En este punto usa el caso de Estados Unidos para hacernos creer que Trump ganó por no existir representación proporcional en aquel país. Es impreciso atribuir las distorsiones de la representación exclusivamente a su sistema de mayoría. En las elecciones presidenciales, el problema también radica en el Colegio Electoral, un mecanismo de elección indirecta que permite que una candidatura gane la presidencia sin obtener la mayoría del voto popular nacional. No se pueden comparar peras con manzanas o construir el famoso gato-perro buscando forzar conclusiones. Clase básica que nos legó Sartori en su obra Ingeniera constitucional comparada en dónde además nos recordó las ventajas de las mayorías y los problemas que también pueden causar los sistemas proporcionales (parálisis legislativa, fragmentación política, inestabilidad).

4. Afirma después que la democracia empieza en México a partir de la reforma de 1977 que incorpora 100 diputaciones de representación proporcional. Perdón, pero es una excesiva simplificación histórica. La democratización mexicana no puede atribuirse exclusivamente a esta reforma. Esta lectura omite toda la lucha de estudiantes, campesinos, obreros, mujeres, personas indígenas, 1968, la época de la guerra sucia que llevaron al sistema al límite. Es falso señalar que el partido hegemónico se vio obligado a dialogar y negociar con otras fuerzas políticas desde entonces, pues el PRI conservó una mayoría suficientemente amplia para controlar las decisiones legislativas sin necesidad de construir acuerdos con la oposición.

La pérdida de su mayoría calificada en la Cámara de Diputados ocurrió hasta 1988 y la de su mayoría absoluta hasta 1997. La reforma de 1977 abrió espacios formales para la oposición, pero fue una liberalización controlada diseñada para proteger al PRI y liberar la demanda de apertura democrática. Los regímenes autoritarios toleran reformas electorales cuando pueden controlarla o manipular a la oposición, lo que sugiere una intención de liberalizar de forma segura. Varios académicos mexicanos lo han señalado.

5. Simplificando todo de nuevo, en este punto señala que nuestro problema es la sobrerrepresentación. No se han cansado de satanizar la palabra como si la formación de mayorías fuera antidemocrática o una patología en sí misma, cuando en realidad constituye un efecto posible e incluso deliberado de determinadas fórmulas de conversión de votos en escaños para seguir fines legítimos como la gobernabilidad y efectividad legislativa.

El caso de Alemania muestra que querer eliminar a ultranza la sobrerrepresentación acarrea también distorsiones. Lo que no quieren al final de cuentas es que se haga política y se cambie la Constitución por un proyecto político que aparentemente desprecian.

6. Señala en este punto que el gran problema está en las coaliciones que actúan en grupo pero que son tratadas de manera individual en un supuesto “fraude a la ley”. El argumento omite deliberadamente la reforma electoral de 2007-2008 que modificó el régimen de coaliciones y estableció un modelo en el que los partidos coaligados conservan su identidad y reciben votos individualmente. Desde 2009 se asigna la representación por partido y no coalición. El entonces artículo 95 reformado resulta muy claro al respecto: “Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en este Código.” ¿Por qué nunca mencionan esta reforma? Pregunta seria. En 2014 la Ley General no cambió el tratamiento individual por partido. ¿Se puede ignorar las leyes secundarias a placer?

7. Este punto es solo un reciclaje del anterior y omite de nuevo la reforma de 2007-2008. Además, confunde la permanencia del texto del artículo 54 constitucional con la continuidad del sistema normativo en su conjunto, ignorando que su aplicación depende también de las disposiciones legales que regulan las coaliciones y la asignación de escaños. Por supuesto que las normas admiten interpretación, pero ello no significa que cualquier interpretación sea jurídicamente válida ni que las decisiones adoptadas bajo marcos normativos diferentes constituyan precedentes equivalentes.

8. Señalan así en este punto que han ido con magistrados y consejeros para exponer el punto y que están abiertos para debatir. Le quiero recordar su permanente negativa a discutir desde el plano académico el tema.

Por otro lado, considero que no es muy de demócratas recurrir al lawfare para presionar un cambio de interpretación que cambie el diseño del sistema electoral. Con todo respeto, si no les gusta el sistema electoral, lo cual se vale, lo que tendrían que hacer es ir con los legisladores para buscar reformas y en última instancia con la ciudadanía para cambiar la relación de fuerzas. Es lo que no quieren admitir, los cambios se hacen por la vía política, la vía democrática, por la vía constitucionalmente diseñada. Quieren hacer una reforma a través de consejerías y magistraturas, eso señoras y señores es una clase de golpe de Estado técnico. Celebro que ni el INE ni el TEPJF se han dejado presionar a pesar de las descalificaciones y amenazas que sufrieron en 2024 por la irresponsabilidad de esta campaña. Hay muchos defectos en nuestro sistema electoral pero no se pueden cambiar por la voluntad de unos cuantos soberbios académicos.

9. En este punto proponen interpretar “la Constitución directa, claramente, desde el artículo 54 tal y como se hizo en 2000 y 2003.” Otra vez, el texto del Cofipe en 2000 y 2003 regulaba de manera distinta las coaliciones. Ningún analista serio puede ignorar la reforma de 2007-2008 ni los precedentes que se construyeron por décadas.

10. Habla aquí finalmente del “sentido profundo de la Constitución”. ¿De qué Constitución habla? ¿De la que a usted le gustaría que tuviéramos? Insisto, un demócrata debe reconocer que la democracia se basa en arreglos constitucionales imperfectos y que debemos reconocerlos aun cuando no sean de nuestro agrado. Sus amigos han hablado del espíritu de la reforma de 1993 que quitó la cláusula de gobernabilidad. No seamos ingenuos ni mintamos. El sistema mixto que no se modificó ahí, nunca buscaba como se ha pretendido una proporcionalidad perfecta. Lo que hizo la reforma fue desactivar el mecanismo que, sobre esa misma estructura, fabricaba mayorías, pero no cambió la predominancia del principio mayoritario ni el objetivo principal de lograr gobernabilidad. El PRI aceptó renunciar a un instrumento de mayoría artificial a cambio de conservar un tope generoso, de ganar legitimidad y de controlar el ritmo de la apertura. Es la misma lógica de “liberalización controlada” que se discutió para 1977.

El propio José Woldenberg recordó en una entrevista publicada por Excélsior el 19 de agosto de 2024 que el propósito de la reforma electoral de 1996 fue impedir que un solo partido político pudiera modificar por sí mismo la Constitución. Como señaló: «que ningún partido pudiera cambiar la Constitución sin ayuda de otro». Pues bien, ese límite sigue vigente: Morena, considerado individualmente, no cuenta con la mayoría calificada necesaria para reformarla y requiere del apoyo de otras fuerzas políticas.

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