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17/11/2026 08:45

Plaza Grande: mandatos por una candidatura en Mérida

Vasos comunicadores

En los pasillos del Tribunal Superior de Justicia no se da crédito a lo que sigue ocurriendo en esa institución. Y es que, a dos años de que entraron en funciones los nuevos magistrados vinculados con el gobierno morenista, con Erika Torres López como presidenta, hay indicios de que sigue haciendo de las suyas Álvaro Juanes Laviada, integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y quien fuera operador financiero y coordinador de asesores del exgobernador Mauricio Vila Dosal.

Uno de los hechos más recientes que ha llamado la atención es que a finales de octubre pasado se aprobó, con el voto a favor de la presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres, la contratación de arrendamiento de vehículos a la empresa Lumo Financiera del Centro, que se ha visto envuelta en polémica y hasta en denuncias penales por cuestionados contratos millonarios asignados por adjudicación directa.

Ejemplo de ello es que medios capitalinos publicaron que la Fiscalía General del Estado de México investiga a Lumo Financiera debido a que fingió competir en una licitación de 2019 con otra compañía a la que estaría ligada, para obtener un jugoso contrato de arrendamiento en Tlalnepantla.

Hasta 2021, de acuerdo con las versiones de prensa, la empresa se había adjudicado al menos 164 contratos con la administración pública federal por tres mil 590 millones de pesos y continuaba ganando terreno en los gobiernos de los estados, como habría ocurrido en la administración de Vila Dosal, cuando le asignaron contratos de arrendamiento de vehículos.

Se dice que, incluso, a pesar de sus antecedentes, Lumo Financiera continúa como proveedor del gobierno que encabeza Joaquín Díaz Mena. Hay versiones periodísticas del centro del país que ligan al propietario de esa empresa con el senador Adán Augusto López y el grupo La Barredora, de Tabasco.

Lo cierto es que Álvaro Juanes, relacionado con Vila Dosal, estaría inmerso en este nuevo contrato de arrendamiento que favorece a Lumo Financiera del Centro, en un proceso que fue aprobado por la magistrada Erika Torres, vinculada, a su vez, con el llamado gobierno paralelo. Los vasos comunicantes parecen estar a la orden del día.

Manos por el candidato

Trascendió que hace unos días 32 jefes de departamento y empleados operativos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) recibieron peculiar instrucción: ahora están comisionados para trabajar a favor de Liborio Vidal Aguilar, aspirante a coordinar los comités “de defensa de la transformación y la soberanía nacional” en Mérida.

Fuentes bien informadas de esos movimientos nos aseguran que los comisionados fueron llamados por el propio secretario de Educación, Juan Balam Várguez, para informales de sus nuevas tareas y garantizarles que recibirán su salario íntegro, además de un probable incentivo, por su trabajo político a favor del vallisoletano.

Si el secretario dio la instrucción, nos dicen, es porque la orden vino de arriba, pues él no actuaría por cuenta propia y menos en un asunto político de este nivel. Otra lectura de este caso es que, si hay una orden de este tipo, surgida desde Palacio o desde el “gobierno paralelo”, es que seguramente el expriista, experredista, expevemista y ahora morenista será el candidato de la 4T a la alcaldía de Mérida, en lo que sería una burla a los morenistas que se inscribieron en el proceso, como Óscar Brito Zapata, Estefanía Baeza Martínez y Susana Gamboa Salazar.

Una lectura más es que el hecho de recurrir a este tipo de artimañas, utilizando personal de dependencias de gobierno y recursos públicos —algo que escala a la ilegalidad y constituiría incluso un delito— demuestra el nerviosismo del oficialismo al ver que el aspirante a la candidatura no “levanta”. Por eso, se comenta, se ven obligados a echar mano de lo que sea con tal de imponerlo y llevarlo a competir en 2027.

¿De aquí o de allá?

En un caso más de sus señalados actos anticipados de precampaña, que las autoridades electorales no ven como tales, hace unos días Liborio Vidal Aguilar fue blanco de críticas en las redes sociales debido a que en altas horas de la noche sostenía una reunión en un predio del norte de la ciudad, con música a alto volumen, lo que enojó a los vecinos y orilló a que llamaran a la policía.

En los alrededores de la casa habilitada como centro de operaciones o de precampaña la molestia ya estaba presente por el ir y venir de vehículos y el estacionamiento en las aceras de los vecinos. La música a alto volumen fue la gota que derramó el vaso y subió el tono de las quejas, como lo manifestó una vecina en un vídeo que subió a las redes sociales.

Ante la queja, la policía finalmente actuó y puso orden esa noche. Estos hechos, se dice en las charlas de café, ponen en evidencia que, aunque se dice meridano, Liborio Vidal no conoce a los meridanos y por eso cree que puede actuar como si estuviera en su natal Valladolid.

Otros hechos que se comentan son sus visitas a los mercados de la ciudad, donde aparenta que es su costumbre ir a saludar y comer en los puestos, cuando se sabe que solo lo hace porque está en “modo campaña”. Habitualmente, al “amigo Libo” no se le ve en esos sitios.

El exalcalde vallisoletano sostiene que desde hace 25 años reside en Mérida, donde, efectivamente, tiene casa y están sus negocios, pero basta recordar que en 2021 pretendió competir por la diputación federal del Distrito 1, con cabecera en Valladolid, aspiración que se truncó cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no era candidato de adscripción indígena, como establece la ley.

Se sabe también que en las elecciones de 2024 Liborio Vidal votó en Valladolid, de manera que en ese momento su credencial de electoral marcaba su residencia en esa ciudad del oriente del Estado. Tratar de ocultar lo que es público y notorio solo juega contra él mismo.

Cuestionado liderazgo

Seguramente más de algún integrante de la antigua izquierda de Yucatán levantó la ceja con la información que se difundió hace unos días sobre un encuentro de Liborio Vidal Aguilar con meridanos.

Según un boletín, el aspirante a la candidatura de la 4T a la alcaldía meridana se reunió con “liderazgos históricos de la izquierda yucateca”. Las personas más conocidas del grupo eran el diputado Alejandro Cuevas Mena y el exdiputado Eduardo Sobrino Sierra, ocupantes continuos —en forma escalonada— de una diputación local desde que eran “gerentes” del PRD, partido que presidieron también en forma alterna.

Ellos fueron los organizadores del encuentro y, hasta donde se sabe, están muy lejos de ser “liderazgos históricos” de la izquierda. Junto a ellos estuvo Wílberth “Wilo” Buenfil Berzunza, quien fue diputado local por el PRI y funcionario en el gobierno de Rolando Zapata Bello.

Su más reciente participación en la administración pública fue en el Ayuntamiento de Kanasín que encabezó el expriista William Pérez Cabrera. Es válido preguntar cuándo se convirtió en “liderazgo histórico” de la izquierda yucateca.

Cuestiones y respuestas

Las obras en el puerto de altura de Progreso se convirtieron en peculiar tema de debate en las redes sociales en la semana reciente. Todo comenzó con vídeos donde el diputado con licencia Javier Osante Solís solicitó al gobierno del Estado información sobre los trabajos de la tercera etapa del proyecto de ampliación y modernización.

En el primer vídeo el emecista cuestionó el anuncio del gobernador Joaquín Díaz Mena sobre el inicio de la tercera fase, que se haría con recursos federales, y pidió que se diera a conocer quién ganó la licitación, cuándo se hizo el proceso y cuál es el monto final de la inversión.

En el segundo, Osante Solís planteó nuevos cuestionamientos, habló de “las mentiras del gobierno del Renacimiento Maya” y preguntó por qué el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, gestionará inversiones de diez mil millones de pesos si se trata de una etapa que financiará el gobierno federal.

Quizás, indicó el legislador con licencia, serán recursos para sustituir el dinero que no ha enviado el gobierno de Claudia Sheinbaum porque “no confía en el gobierno de Morena”.

No tardaron las respuestas. Primero el gobernador Joaquín Díaz Mena difundió un mensaje, por escrito y en vídeo, en el que detalla el inicio de los trabajos de la tercera fase en el puerto de altura, recalca que estarán a cargo de la administración federal y también menciona el impacto que tendrán las obras en la economía yucateca.

Le siguió “Milo” Barrera, con otro mensaje supuestamente grabado mientras esperaba un vuelo en el aeropuerto y en el que se refirió a conceptos similares a los del gobernador, con alusiones a “un actor político, que ni merece la pena mencionar su nombre”.

Para rematar, Osante Solís difundió nuevo vídeo en el cual agradeció “la intención de responder”, dijo que el texto del gobernador no responde a lo que preguntó previamente y cuestionó de nuevo que el secretario Barrera Novelo hable de gestionar inversiones para el puerto cuando se supone que el financiamiento de la tercera etapa es del gobierno federal.

“Espero que no tengas agendada una boda en esta visita comercial que vas a hacer”, añadió Javier Osante, en referencia a la polémica misión comercial que emprendió el funcionario estatal en Reino Unido hace unos meses, cuando “aprovechó” el viaje para asistir a una boda en Escocia.

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