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17/11/2026 09:00

La Consami frente a una decisión de alto costo

LA DISCUSIÓN SOBRE el salario mínimo para 2027 ya entró a una fase de definiciones y, detrás de los posicionamientos sindicales, hay una preocupación que comienza a extenderse entre empresarios de sectores intensivos en mano de obra: hasta dónde puede seguir aumentando el costo laboral sin afectar productividad, contratación e inversión.

La semana pasada, el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Consami), Luis Felipe Munguía Corella, recibió las propuestas de las principales organizaciones sindicales del país acompañado por Reyes Soberanis Moreno, líder del Congreso del Trabajo, y Tereso Medina, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). El tema central fue el incremento que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
La propuesta más ambiciosa proviene del Congreso del Trabajo: un aumento de entre 15 y 18% sobre el salario mínimo mensual de 9 mil 582 pesos. El objetivo es acercar el ingreso de los trabajadores a un nivel equivalente a 2.5 canastas básicas antes de concluir la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los sindicatos tienen argumentos sólidos. Entre 2018 y 2026 el salario mínimo recuperó una parte importante del poder adquisitivo perdido durante décadas y la masa salarial se convirtió en uno de los principales soportes del consumo interno. El mercado laboral mexicano llegó a esta etapa con mayores niveles de ingreso y menor rezago que los observados hace una década.

Del otro lado de la mesa, sin embargo, aparecen preocupaciones igualmente legítimas. Para industrias como manufactura, comercio, servicios, agricultura, hotelería y pequeñas empresas familiares, un incremento adicional de doble dígito implica nuevas presiones sobre costos operativos que difícilmente pueden trasladarse por completo al consumidor.

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) optó por una posición menos agresiva y planteó un aumento de 13% para el salario mínimo general y de 8% en la frontera norte. Además, propuso eliminar el Monto Independiente de Recuperación y actualizar las tablas del ISR para evitar que parte del beneficio salarial termine absorbido por la carga fiscal.

La resolución se conocerá en diciembre, pero el fondo del debate ya quedó definido. Durante varios años la prioridad fue recuperar el ingreso de los trabajadores. Ahora la pregunta es distinta.

La Consami deberá encontrar un punto de equilibrio entre mejorar el poder adquisitivo y preservar la competitividad de las empresas. Porque cuando las alzas salariales se acercan a dos dígitos, la discusión deja de ser exclusivamente laboral. Empieza a convertirse en una decisión de política económica con efectos sobre inversión, empleo formal y crecimiento.

LA FUNDACIÓN DEL Empresariado Coahuilense (FEC) y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que presiden Juan Carlos López Villarreal y Julio Serrano Espinosa, respectivamente; presentarán hoy el primer Informe de Movilidad Social en Coahuila, un estudio que muestra que la entidad supera el promedio nacional en movilidad económica, aunque mantiene brechas significativas entre regiones. El análisis identifica diferencias en acceso a educación, servicios públicos y atención al embarazo adolescente. Aunque el rezago educativo estatal se ubicó en 18.3%, por debajo del promedio nacional de 27.3%, el abandono escolar en nivel medio superior alcanzó 13.1%. Además, los nacimientos en madres menores de 20 años aumentaron de 15.3% en 2023 a 15.7% en 2024, por encima de la media nacional. El informe busca servir como base para que empresas, autoridades y organizaciones diseñen políticas públicas enfocadas en ampliar las oportunidades de desarrollo para los coahuilenses.

MÉXICO Y EL Reino Unido avanzan en una estrategia conjunta para fortalecer las reglas de origen del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y evitar prácticas de triangulación comercial. Durante una visita de trabajo a Londres, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, promovió la creación de una coalición entre países miembros del acuerdo para reforzar la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones comerciales. Como parte de la agenda, también se acordó impulsar un Comité Bilateral de Mejora del Ambiente de Negocios entre México y Reino Unido, además de explorar alianzas en sectores estratégicos como componentes electrónicos y productos farmacéuticos. La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para diversificar mercados, atraer inversión y fortalecer la competitividad de la industria mexicana.

LA CONCESIÓN DE Aguakan volverá esta semana al radar del sector financiero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por Hugo Aguilar Ortiz, analizará si atrae dos recursos relacionados con el litigio abierto tras la decisión del Congreso de Quintana Roo de revocar la prórroga de la concesión en 2023. El caso trasciende el ámbito local porque dentro de la estructura accionaria de la concesionaria participan recursos vinculados al ahorro para el retiro administrado por las Afores. La empresa continúa operando gracias a una suspensión definitiva, mientras persisten cuestionamientos sobre el alcance de las facultades legislativas para modificar concesiones previamente autorizadas. La solicitud para que el asunto llegue al Pleno contó con el respaldo de Hugo Aguilar Ortiz y de las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. El expediente será observado como una prueba sobre la certidumbre que enfrentan las inversiones de largo plazo en infraestructura y servicios públicos.

LA SITUACIÓN DE Gráficas Corona JE escaló al terreno financiero y regulatorio luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares, bloqueara las cuentas de la empresa y de su presidente, Juan Estrada. El empresario solicitó una revisión expedita del caso al advertir que la medida dificulta el pago de nómina y pone en riesgo más de mil empleos. El expediente se enmarca en las investigaciones sobre contratos de materiales electorales vinculados a Talleres Gráficos de México y proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE). Estrada rechazó cualquier vínculo con Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas, y sostuvo que la compañía cuenta con la infraestructura y capacidad operativa para ejecutar los contratos obtenidos.

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