Busca Morena frenar ‘choques’ de interés
- El senador morenista Alejandro Murat impulsó una iniciativa para transparentar los vínculos y conflictos de interés entre particulares y servidores públicos, tras los señalamientos de corrupción en el INE.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- En una coyuntura marcada por los casos de corrupción en el INE por conflictos de interés entre consejeros y proveedores, el senador morenista Alejandro Murat agendó una iniciativa para transparentar los vínculos e intereses entre particulares y servidores públicos.
La propuesta busca prevenir conflictos de interés en contrataciones públicas y en el otorgamiento de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y asignaciones, mediante una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“La prevención debe operar antes de que se adopte una decisión pública y no únicamente cuando el conflicto de interés ya se ha materializado o cuando existen elementos para presumir una irregularidad”, se plantea en la iniciativa.
“En particular, se añade, resulta relevante establecer mecanismos de identificación de las relaciones que puedan existir entre quienes ejercen facultades de decisión dentro de las instituciones públicas y las personas físicas o morales que participan en procedimientos de contratación, prestación de servicios, ejecución de obra pública, concesiones, permisos, autorizaciones o cualquier otro acto jurídico que implique la asignación o disposición de recursos públicos”.
Desde la perspectiva de Murat, esas relaciones “pueden comprender vínculos familiares, personales, profesionales, laborales, comerciales, societarios o económicos, así como participaciones en sociedades mercantiles, asociaciones y personas morales, o relaciones con sus socios, accionistas, integrantes de consejos de administración, representantes legales y beneficiarios controladores.
“De manera particular, resulta importante identificar las relaciones que puedan existir entre las personas servidoras públicas que intervienen en la administración, autorización, contratación, manejo, ejercicio y supervisión de recursos públicos, y las personas que desempeñan funciones directivas, administrativas, jurídicas o de representación dentro de las empresas o sociedades que participan en los procedimientos correspondientes”.
La propuesta contempla identificar a los titulares de las direcciones jurídicas de las empresas participantes y a los servidores públicos responsables de administrar, autorizar o ejercer los recursos involucrados.
“La identificación de estos cargos permitirá contar con mayores elementos para conocer las relaciones existentes entre quienes intervienen en las decisiones institucionales y quienes representan o dirigen a las personas morales que pueden resultar beneficiadas por ellas.
“La propuesta no pretende prohibir las relaciones personales, profesionales o comerciales de las personas servidoras públicas, ni establecer una presunción de corrupción por su sola existencia. Su finalidad es que dichas circunstancias sean conocidas oportunamente por las autoridades competentes, a fin de determinar si pueden comprometer la imparcialidad en el ejercicio de una función pública y, en su caso, adoptar las medidas preventivas correspondientes”.
Con la reforma se crearía una Manifestación de Vínculos e Intereses, obligatoria para personas físicas y morales que participen en estos procedimientos.
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