Caso Ueno Bank: juez inhibe y embarga bienes de director jurídico del BCP
El exdirector jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), <b>Aldo Javier Rodríguez González</b>, imputado en el caso Ueno Bank, acudió este martes a su audiencia de <b>imposición de medidas </b>ante el juez Osmar Legal.
El abogado es investigado por la<b> presunta modificación y supresión de datos técnicos críticos</b> en el informe remitido a la Cámara de Senadores sobre la situación financiera del banco quebrado.
El exdirectivo fue <b>imputado por lesión de confianza, falsificación y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal</b>. Los fiscales solicitaron su prisión preventiva y medidas cautelares sobre sus bienes.

En ese sentido, el juez Legal inhibió al director jurídico del BCP, a fin de que <b>no pueda disponer de sus bienes mientras se tramita el proceso penal en su contra</b>. Asimismo, <b>dictó el embargo</b> de todo el dinero que posea en bancos, entidades financieras y cooperativas, así como de aquellos fondos que pudieran estar en poder de terceros.
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A pedido del Ministerio Público y tras la imputación a Rodríguez, el juez dictó las <b>medidas cautelares para inmovilizar y asegurar los bienes del imputado</b>. Además, también ordenó el bloqueo e inmovilización de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos y demás productos financieros registrados a nombre del mismo, cualquiera sea el monto.
El juzgado también dispuso librar oficios a la Dirección General de los Registros Públicos y al Registro Único del Automotor para identificar e <b>informar sobre los bienes inmuebles y muebles </b>que figuren a nombre del imputado. La resolución también alcanza a las entidades bancarias, financieras, cooperativas y organismos como Catastro y Senacsa.
Aldo Javier Rodríguez González se presentó voluntariamente ante las autoridades el domingo último, tras una <b>orden de detención en su contra,</b> en el marco de la investigación del caso Ueno Bank.
El funcionario es investigado por su presunta participación en la modificación de un informe técnico remitido al Senado, que <b>habría omitido información sobre la situación financiera del banco y una operación de USD 74,4 millones</b>.
Sin embargo, la abogada Raquel Talavera, refirió que su trabajo consistía en elaborar informes, emitir pareceres y <b>realizar correcciones </b>antes de que los documentos fueran firmados. Según la defensora, esa tarea <b>“no implica adulteración”</b> y la responsabilidad por el contenido de un informe corresponde a quien lo firma.
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