Pescadores de Ecuador demandan al gobierno de Estados Unidos por bombardeo

Se trata de la primera demanda presentada por sobrevivientes de una campaña militar secreta que ya ha cobrado la vida de al menos 240 personas.
Unos pescadores ecuatorianos han demandado a Estados Unidos esta semana ante un tribunal federal estadounidense, alegando que drones militares estadounidenses bombardearon su embarcación en el océano Pacífico este año. Es la primera demanda presentada por sobrevivientes de un ataque de este tipo que buscan que se establezcan responsabilidades por una campaña del gobierno de Donald Trump que ha estado revestida de secretismo.
Desde septiembre de 2025, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo 72 ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes, en los que han muerto al menos 244 personas, según un recuento de The New York Times.
La demanda, presentada el lunes en Pittsburgh, reclama una indemnización por daños y perjuicios para 17 pescadores de la ciudad portuaria de Manta, en Ecuador, y una orden judicial que detenga los ataques estadounidenses contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.
Los pescadores formaban parte de la tripulación de una embarcación que zarpó de Manta el 2 de marzo de 2026 para pescar cerca de las islas Galápagos, según dice la demanda. Al regresar a la costa el 17 de marzo, la Armada ecuatoriana interceptó y abordó la embarcación para realizar una inspección de dos horas.
Los oficiales no encontraron contrabando ni actividad delictiva y les dejaron seguir su camino, según un informe del Comando de Guardacostas facilitado por Daniel Kovalik, abogado de los pescadores.
Horas más tarde, según la demanda, dos drones armados de un buque estadounidense supuestamente atacaron el barco, envolviéndolo en llamas y causando quemaduras graves a dos tripulantes: Jordy Alexander Flores Lucas y Leonel Alberto Pilay Barahona.
Los hombres se lanzaron a unas pequeñas embarcaciones de emergencia que llevaban a bordo y se dirigieron hacia un buque cercano tripulado por personal que hablaba inglés, vestía camuflaje militar, llevaba banderas estadounidenses y chalecos con la inscripción “U.S. Coast Guard”, y que los apuntó con rifles, decía la denuncia.
A Flores Lucas lo llevaron bajo cubierta para que recibiera atención médica, donde, según la demanda, el personal se rió y dibujó en una pizarra para mostrarle cómo habían bombardeado su barco. A los demás tripulantes del barco pesquero los ataron con bridas, les pusieron capuchas y los obligaron a permanecer descalzos sobre una cubierta caliente durante unas 24 horas sin comida y con muy poca agua, según la demanda.
Al día siguiente, los trasladaron a un barco salvadoreño para un viaje de siete días hasta El Salvador, donde los heridos fueron ingresados en el hospital y los demás quedaron retenidos en un centro de migrantes hasta finales de marzo. Los demandantes afirman que el ataque los dejó sin sustento y les provocó graves traumas psicológicos y discapacidades físicas permanentes.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
A diferencia de las decenas de ataques que Washington ha reconocido públicamente —incluso publicando videos en las redes sociales—, el ataque del 17 de marzo es uno de al menos tres ataques no reconocidos en el Pacífico. En agosto, The New York Times informó que el Pentágono y la Guardia Costera negaron cualquier implicación en los tres episodios, lo que dejó sin respuesta la pregunta de si fueron llevados a cabo por fuerzas estadounidenses, por algún aliado o contratistas militares privados.
Kovalik dijo que los demandantes tenían pruebas de la responsabilidad de Estados Unidos, entre ellas indicios de que los drones eran de fabricación estadounidense y declaraciones de testigos presenciales que vieron insignias de la Guardia Costera en los miembros de la tripulación de la embarcación que detuvo a los pescadores ecuatorianos.
Los funcionarios del gobierno estadounidense han justificado los ataques en el mar aludiendo a un memorándum secreto del Departamento de Justicia en el que se declaraba que Estados Unidos se encontraba en un conflicto armado con unas dos decenas de cárteles de la droga. Pero la demanda indicaba que Estados Unidos no ha aportado ninguna prueba que vincule a ninguna de las embarcaciones atacadas, incluido el barco pesquero ecuatoriano, con el narcotráfico o los cárteles.
Los expertos dicen que, para el derecho internacional, el tráfico de drogas es un delito, pero no un conflicto armado, lo que significa que las normas estadounidenses e internacionales prohíben el uso de la fuerza letal, salvo como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Incluso en tiempos de guerra, bombardear intencionadamente a civiles y detener a los sobrevivientes viola las Convenciones de Ginebra posteriores a la Segunda Guerra Mundial, adoptadas en 1949, y constituye un crimen de guerra, según la demanda y otros expertos jurídicos.
Pero los funcionarios del gobierno de Estados Unidos suelen gozar de inmunidad frente a las demandas judiciales derivadas de sus funciones oficiales, dijo Michael Schmitt, experto en derecho internacional y abogado militar estadounidense jubilado.
Para intentar sortear eso, la demanda invoca dos leyes marítimas federales: la Ley de Demandas en Almirantazgo y la Ley de Buques Públicos, que permiten a las personas demandar al gobierno de Estados Unidos por incidentes ocurridos en el mar y por daños causados por un barco de propiedad estatal. En virtud de estas leyes, los demandantes alegan agresión y lesiones, detención ilegal, destrucción de propiedad e imposición intencionada de angustia emocional.
Kovalik dijo que se inspiró en una demanda similar presentada por las familias de dos trinitenses que murieron en un choque de barcos.
“Se ha cometido un daño. Y lo ha cometido Estados Unidos”, dijo Kovalik. “Básicamente, no hay duda de que esto fue ilegal”.
Schmitt dijo que los ataques fueron ilegales porque, al no haber estado de guerra, los ataques letales con embarcaciones constituyen asesinato o intento de asesinato, y calificó de “absurda” la afirmación del gobierno de que existe un conflicto armado con los cárteles de la droga.
“Esto es realmente excepcional porque se trata de una política; hay un plan real que se está llevando a cabo para cometer lo que son claramente violaciones a los derechos humanos y delitos”, añadió.
Aun así, pronosticó que había pocas posibilidades de conseguir una indemnización o una orden que detuviera los ataques. Pero dijo que seguía creyendo que la demanda era una forma importante de “señalar y avergonzar” al gobierno de Estados Unidos.
Con información de:
- Genevieve Glatsky / reportera del Times, radicada en Bogotá.
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