OviedoPress
17/11/2026 18:00

Desde Tacumbú, Miguel Vázquez firmó un poder para que el Grupo Vázquez reclame vehículos secuestrados y desbloquee bienes

  • Federico Miguel Vázquez y María Teresa López de Aponte otorgaron un poder judicial y administrativo a representantes de la empresa, mediante un documento firmado el pasado 6 de noviembre en el penal.
  • La firma presentó una tercería de dominio para recuperar nueve automotores secuestrados y levantar las medidas de inhibición general de gravar y vender bienes, además del bloqueo de sus cuentas bancarias.
  • La empresa sostiene que no fue notificada de las medidas judiciales y advierte que el congelamiento de sus activos podría llevarla a una situación de cesación de pagos y quiebra.
Algunos de lo vehículos pertenecientes al Grupo Vázquez fueron entregados a la Fiscalía. || Fiscalía

Con un poder firmado en el penal de Tacumbú, el Grupo Vázquez SAE recurrió a la Justicia para reclamar la devolución de nueve vehículos secuestrados en el marco de la causa penal contra Federico Miguel Vázquez y los exdirectivos de Ueno bank. La empresa presentó una tercería de dominio y exigió el levantamiento de las medidas cautelares que afectan sus bienes y cuentas bancarias. Además, planteó una excepción de inconstitucionalidad contra la ley que regula la administración de bienes incautados y comisados.

Los abogados Willians Dante Justiniano e Isamar Fariña, en representación del Grupo Vázquez SAE, se presentaron ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, con el pedido de tercería de dominio.

Entre los documentos adjuntos figura un poder para asuntos judiciales y administrativos, firmado el 6 de noviembre pasado por María Teresa López de Aponte y Federico Miguel Vázquez. Para el efecto, una escribana se constituyó en el penal de Tacumbú, donde ambos otorgaron la representación a los abogados de la empresa.

A través de la presentación, solicitan el levantamiento inmediato de las medidas cautelares reales decretadas el 6 de noviembre, que incluyen la inhibición general de gravar y vender bienes, así como el bloqueo de todas las cuentas bancarias. También exigen la restitución de los nueve automotores secuestrados.

La firma sostiene que el procedimiento cautelar fue desnaturalizado y convertido en un mecanismo de afectación ilegítima de su patrimonio. En ese sentido, denuncia que las medidas constituyen “un verdadero despojo patrimonial, arbitrario y contrario a derecho”.

De manera subsidiaria, los representantes legales solicitan la sustitución o limitación de las medidas cautelares, de modo a evitar que las restricciones continúen afectando a la empresa. Asimismo, promovieron una excepción de inconstitucionalidad contra la Ley 5876/2017 y sus modificatorias, que regula el funcionamiento de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

En el escrito, el Grupo Vázquez SAE afirma que se presenta como tercero ajeno al proceso penal y legítimo propietario de los nueve vehículos incautados. Según expone, tomó conocimiento extrajudicial de que la Senabico tendría la intención de avanzar de manera inminente con la venta pública de los rodados.

La empresa asegura que no recibió notificación de ninguna resolución judicial en calidad de tercero afectado. “La pretensión de ejecutar la venta forzosa y anticipada de bienes de su exclusiva propiedad a sus espaldas, sin juicio previo y sin haberse otorgado la mínima oportunidad procesal de ser oída y ejercer su defensa, coloca a nuestra mandante en un estado de indefensión absoluta”, sostienen sus abogados.

Los representantes argumentan que una persona jurídica no puede ser privada de sus derechos patrimoniales por hechos atribuidos a terceros sin que exista una demostración concreta de la vinculación de sus bienes con los hechos investigados y sin respetar las garantías constitucionales que protegen la propiedad privada.

En otro apartado, la presentación desarrolla los antecedentes empresariales del Grupo Vázquez SAE y destaca su trayectoria comercial de aproximadamente 75 años. Entre los hitos mencionados figura su origen en 1945, cuando Miguel Jacobo Villasanti, abuelo de Miguel Vázquez, fundó un taller en el barrio Obrero de Asunción.

También se menciona la fundación de Cóndor SACI, en 1951, junto con otros tres socios, como representante de Mercedes-Benz, así como la creación de Comercial Santa Catalina, en 1956, y posteriormente Credicentro, en 1984, por parte del padre de Miguel Vázquez.

El documento cita además la expansión del grupo mediante la adquisición y participación en distintas empresas, entre ellas Pagopar, Hendyla y Crediplus. Sus representantes sostienen que la organización fue objeto de controles y auditorías de instituciones como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, la Superintendencia de Bancos, la Seprelad y la Municipalidad de Asunción.

Uno de los principales argumentos de la firma es que el Grupo Vázquez SAE no está imputado, procesado ni investigado en la causa penal. Incluso, sostiene que la empresa no es accionista de ueno bank SA, por lo que considera improcedente que las medidas judiciales alcancen directamente a su patrimonio.

En esa línea, advierte que las restricciones están empujando a una empresa que describe como operativa y solvente hacia una situación de cesación de pagos y eventual quiebra. Entre las consecuencias que enumera figuran la parálisis operativa y financiera, el incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, la ruptura de la cadena de pagos y la indisponibilidad de bienes necesarios para el funcionamiento logístico.

La defensa sostiene que el Grupo Vázquez SAE constituye una persona jurídica independiente y que los hechos atribuidos a Miguel Vázquez no pueden trasladarse automáticamente al patrimonio de la sociedad. También cuestiona la ausencia de individualización de los bienes y de una vinculación concreta entre estos y los hechos investigados.

Finalmente, los abogados plantearon la excepción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 5876/2017 y sus modificatorias, al considerar que permiten sustraer bienes de la esfera de administración y control judicial para someterlos a la gestión de la Senabico. Solicitan que dichas disposiciones sean declaradas inconstitucionales y que no se apliquen al caso.

La presentación busca, en definitiva, recuperar los nueve vehículos, desbloquear las cuentas bancarias y dejar sin efecto las restricciones patrimoniales que afectan al Grupo Vázquez SAE, mientras continúa el proceso penal que involucra a Federico Miguel Vázquez y a los exdirectivos de ueno bank.

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