ABC
17/11/2026 21:37

Ana Redondo confesó en privado que las pulseras antimaltrato «fallan en su esencia»

El sistema de seguimiento telemático de las medidas de alejamiento en casos de violencia de género, el Centro Cometa, atraviesa una profunda crisis operativa y judicial. La gravedad de la situación quedó patente en una tensa reunión de trabajo celebrada el pasado 21 de mayo de 2025 en la sede de Securitas Seguridad España, en Madrid, en la que la ministra de Igualdad, Ana Redondo , admitió de manera explícita que las herramientas de control actuales sufren graves deficiencias estructurales. «El sistema que, como muy bien habéis explicado y me habéis contado, se basa en la geolocalización, falla en la esencia», detalló en esta cita interna a la que ha tenido acceso ABC.En el encuentro, al que asistieron la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Zulema Altamirano; el CEO de Vodafone España, José Miguel García; la consejera delegada de Securitas, Medora Miranda; además de mandos operativos, técnicos y representantes sindicales, la titular de Igualdad reconoció que las prestaciones del servicio se han deteriorado notablemente frente al pasado.Lejos del discurso oficial de blindaje tecnológico, Redondo admitió que la falta de una geolocalización precisa provoca que el sistema «falle en su esencia» . «El sistema que, como muy bien habéis explicado y me habéis contado, se basa en la geolocalización, falla en la esencia. Cosa que no fallaba hace cuatro años o tres años , que eso es a mí lo que me preocupa», afirmó la ministra confesando un problema que no saldría a la luz hasta varios meses después, cuando la Fiscalía puso de relieve este problema. Según los extractos sonoros de la reunión a los que ha tenido acceso este periódico, la ministra advirtió de que esta brecha técnica deja resquicios operativos que facilitan que «el victimario pueda manipular, se pueda abusar», un problema que, según incidió, no se registraba hace unos años.Durante la cumbre, convocada ante la presión por las incidencias cotidianas en las salas de control, los operadores expusieron un escenario marcado por falsas alarmas, saturación y zonas de sombra. «Yo desde esta posición desde fuera lo que veo es que el sistema ha salvado vidas indudablemente porque nos permite decir lo que yo antes decía, es decir, las personas que tienen el dispositivo, desde luego, han podido salvar la vida hasta ahora. Eso es una realidad, y ese es un dato incuestionable», afirmó de forma textual.Ante este diagnóstico, la propia ministra contrapuso los datos generales de vidas salvadas con la cruda realidad técnica del servicio. «Partiendo de que ese objetivo se ha logrado durante este tiempo, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Lo que está pasando es una falta tecnológica de geolocalización que permita a la víctima vivir tranquilamente sabiendo que está protegida, sin todos estos elementos que estáis comentando y que distorsionan su desarrollo personal», añadió.La ministra no hizo declaraciones tras este evento. Sin embargo, poco tiempo después durante la Comisión de Igualdad del Congreso, en noviembre de 2025, reconoció que la visita se produjo en el marco de una reunión interna en la que personal y representantes del servicio le trasladaron las incidencias técnicas que venían registrándose en los dispositivos, grabándose únicamente un vídeo institucional desde las instalaciones.La admisión interna realizada por la ministra se enmarca en un escenario de creciente presión institucional y judicial sobre la gestión de los dispositivos de control telemático. Los problemas en el Centro Cometa se agudizaron tras el cambio de adjudicatario del servicio, cuando el contrato pasó a manos de Vodafone y Securitas. El volcado defectuoso de datos y las deficiencias en la migración de información provocaron la desaparición temporal de registros de localización de los agresores, generando anomalías técnicas como la congelación de coordenadas, caídas de señal y una alarmante reducción en la autonomía de las baterías de los dispositivos —muy por debajo de lo estipulado en los pliegos—.Las declaraciones públicas de Ana Redondo defendiendo el funcionamiento y la fiabilidad del sistema Cometa (afirmando que el sistema funcionaba con normalidad, que las incidencias eran puntuales y que ninguna mujer protegida con estos dispositivos había sido asesinada) se produjeron meses después —a partir de septiembre y octubre de 2025—, en comparecencias en el Senado, el Congreso y ante los medios tras hacerse públicos los fallos en la Memoria de la Fiscalía. En ese periodo, la ministra admitió por primera vez «incidencias técnicas» puntuales. Nunca confesó en público lo que trasladó en esa reunión con los representantes del sistema de las pulseras antimaltrato.Estas disfunciones operativas no tardaron en trasladarse a los tribunales. La Fiscalía General del Estado ya advirtió en su memoria anual que la desaparición de pruebas de geolocalización impidió acreditar numerosos quebrantamientos de condena en los juzgados, lo que se tradujo en sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias para varios maltratadores. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasladó al ministerio sendas misivas de alerta remitidas por los presidentes de las audiencias provinciales ante el riesgo real para la seguridad de las mujeres protegidas.Igualdad envió un escrito al CGPJ dos años despuésLa crisis adquirió una dimensión europea tras detectarse que parte de los contratos de adquisición de los dispositivos, tramitados en su día bajo la tramitación de urgencia, se financiaron con fondos comunitarios del Plan de Recuperación. El Tribunal de Cuentas ya certificó en su informe de fiscalización severas debilidades en la preparación y ejecución de los pliegos, lo que motivó que la Fiscalía Europea (EPPO, en sus siglas en inglés), con el apoyo operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, abriera una investigación por un presunto fraude en el uso de dichos fondos comunitarios, centrando el foco en la eficacia de un sistema de protección que, según las propias altas instancias del Ministerio de Igualdad admitieron en privado, cojea en su núcleo fundamental.El audio revelado por ABC pone en cuestión los fallos que se venían produciendo en estos dispositivos. Tal como publicó este medio, la coordinadora de la Sala Cometa advirtió por escrito en marzo de 2024 de que el perímetro fijado por un juzgado dejaba indefensa a la víctima y señaló que no lograban contactar con ella. Una alto cargo del Ministerio de Igualdad respondió a esta comunicación interna de forma tajante con solo siete palabras: «Hay que instalarlo. Ellos deciden la distancia».Así, el departamento de Ana Redondo dio luz verde a la instalación de un dispositivo telemático de control de alejamiento con un radio de apenas cien metros aun después de recibir una advertencia expresa de los responsables técnicos del servicio. Dos años después de estas comunicaciones, Igualdad alertó que las órdenes de alejamiento de menos de 350 metros dificultan la protección de víctimas de violencia machista. El 20 de febrero de 2026, fuentes del área aseguraron que iban a pedir por carta al CGPJ y a la Fiscalía garantizar la efectividad en el Sistema Cometa. Un caso en Ibiza puso el foco en este asunto ya que una mujer resultó herida por su pareja. A pesar de ello, las comunicaciones publicadas por ABC revelan que ya tenían conocimiento en marzo de 2024 de esta problemática.
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