ABC
17/11/2026 21:30

El millonario contrato del 8x8, en el ojo de la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas

El programa para la fabricación de un vehículo blindado sobre ruedas 8x8 para el Ejército de Tierra ha estado rodeado de polémica desde su nacimiento. Una década después de su lanzamiento, el contrato se encuentra bajo la lupa de los órganos fiscalizadores y la Fiscalía Anticorrupción. El 8x8 es el nudo gordiano del que cuelga una investigación más amplia que pone en cuestión el procedimiento de adjudicación directa del Ministerio de Defensa.El VCR Dragón, como ha sido bautizado, se impulsó tras un atentado en Líbano en el año 2007 en el que fallecieron seis militares españoles. El ataque puso de manifiesto la vulnerabilidad de los blindados españoles frente a explosivos y la necesidad de su sustitución por una plataforma moderna con protección antiminas. El Ministerio de Defensa adquirió de urgencia dos modelos de vehículos blindados para sustituir a los vulnerables BMR y Aníbal en zona de operaciones —el Iveco LMV Lince y el RG-31—, aunque puso en marcha un completo plan de renovación de vehículos militares.El 8x8 inició así una andadura que no ha estado exenta de dificultades y polémicas en ninguno de sus tramos y que alcanza ya un presupuesto que supera los 2.600 millones de euros. En diciembre de 2015, Defensa adjudicó el desarrollo de los prototipos a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada únicamente por Indra, General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas (GDELS) y Sapa Placencia. Estas debían entregar cinco demostradores tecnológicos en el año 2018, pero los vehículos llegaron con más de un año de retraso y el Ministerio de Defensa impuso una sanción millonaria a las empresas.Este fue el primer contratiempo, pero no el más relevante. El primer bache importante del programa llegó en diciembre de 2019, cuando el Ministerio de Defensa declaró nulo el primer concurso de fabricación del 8x8. Consideró que la única oferta recibida, presentada por General Dynamics- Santa Bárbara Sistemas, no cumplía con los pliegos técnicos, operativos y económicos exigidos.Quedó así en el aire el contrato para la fabricación de los primeros 348 blindados por un techo de gasto de 2.083 millones de euros. Un nuevo obstáculo que sumó un nuevo retraso al programa. Defensa llegó entonces a sondear soluciones extranjeras, pero finalmente primó la apuesta por la soberanía nacional y la solución llegó con la constitución del consorcio Tess Defence en junio de 2020 como alianza a partes iguales entre cuatro empresas del sector de la defensa español: Indra, Santa Bárbara, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering.Cada socio asumió entonces el compromiso sobre subsistemas clave del blindado, una fórmula que ha derivado en agrios enfrentamientos posteriores con acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad en importantes fallos del vehículo, desde defectos del motor hasta un sobrepeso que ponía en duda su operatividad o problemas de filtración de aguas.La principal novedad entonces fue la entrada de Escribano para las estaciones de armas remotas con las torres Guardian, para las que antes pujaban dos compañías israelíes —Elbit Systems y Rafael— aliadas con socios españoles.La investigación de la Fiscalía Anticorrupción abarca otros dos grandes programas del Ministerio de Defensa: el lanzacohetes SILAM y sistemas antidronesTess Defence inició entonces el camino para el suministro de esos primeros 348 blindados, aunque a finales de este año solo se han entregado 118 unidades, que aún no están operativas. El Ejército de Tierra trabaja con la previsión de completar en las próximas semanas la fase final de su evaluación operativa (EVAO), imprescindible antes de su entrada en servicio.Fiscalía y Tribunal de CuentasPero todo vuelve a estar ahora en cuestión con la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia de un particular, según destapó 'El Independiente'. Está en liza el contrato del 8x8 tanto por el procedimiento de adjudicación como por su precio. De forma paralela, el Tribunal de Cuentas trabaja en un informe fiscalizador sobre el mismo programa que prevé aprobar el próximo año.Fuentes de las compañías involucradas informaron a ABC que la compañía no ha recibido notificación alguna sobre la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que abarca también otros dos grandes programas del Ministerio de Defensa con participación de Indra y Escribano: el del sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM y la adquisición de catorce sistemas antidrones.
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