Organizaciones denuncian falta de marco legal para reactivación minera en Panamá
El grupo de algo más de 500 manifestantes, convocados por el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, se concentró en los predios de la Iglesia del Carmen, en la capital, para expresar su rechazo a la decisión del presidente del país, José Raúl Mulino, de ordenar el inicio de "conversaciones formales" con Minera Panamá -afiliada a FQM- para explorar la posibilidad de un acuerdo.
El futuro de la gran mina de cobre, situada en la provincia de Colón (Caribe), estaba en manos de Mulino desde el pasado septiembre cuando una comisión gubernamental recomendó un "cierre ordenado y autofinanciado" del yacimiento.
Sin embargo, los ambientalistas dijeron este martes que no hay vía jurídica para reactivarlo al estar vigente la Ley 407 de 2023, que establece una moratoria de plazo indefinido para otorgar nuevas concesiones para la explotación de minería metálica en el país.
"En este momento no hay marco legal porque la moratoria minera impide nuevos procesos de extracción y de exploración", dijo a EFE la ambientalista y exvicealcaldesa de Panamá Raisa Banfield.
En esa línea, prosiguió Banfield, cualquier intento de darle la posibilidad de explotar y extraer y exportar (cobre) es violar la ley de moratoria que está vigente".
"Estamos dentro de nuestro derecho constitucional de posponer cualquier tipo de extractivismo hasta tanto el país no lo decida como conveniente", dijo la activista, y comentó que si se hace un balance de lo que ha dejado la minería desde 2008 el país está "en negativo".
"Nosotros tenemos la oportunidad de transformar (el país) para el aprovechamiento sostenible, pero mientras haya un empecinamiento del Gobierno en satisfacer los intereses de los pequeños grupos económicos en torno a la mina, Panamá pierde", remarcó Banfield.
La mina Cobre Panamá está paralizada desde noviembre de 2023 luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión, en medio de intensas protestas callejeras movilizadas por ambientalistas.
Esa explotación minera entró este año en una fase de preservación -con el procesamiento de toneladas de mineral que había quedado a la intemperie- dejando sin actividad un proyecto que representaba unos 7.000 empleos directos y más del 4 % del producto interno bruto (PIB).
Mulino dijo el lunes que es fundamental entender que la reactivación "no se trata de una concesión", y aseguró que si hay un acuerdo el equipo ministerial anunciará la figura jurídica que lo sustentará "con pleno cumplimiento de la Constitución y de todos los requisitos legales de Panamá".
Para el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, que aglutina a unas 40 organizaciones sociales y de ambientalistas, es "muy grave" el anunció hecho por Mulino ya que no tiene sustento legal, afirmó a EFE Lilian Guevara, coordinadora de esa coalición ambientalista.
"El análisis que nosotros hemos venido realizando es que no hay todas las opciones jurídicas para poder devolverle a Cobre Panamá el derecho a explotar la mina, son inviables jurídicamente, todas violan la Constitución, todas violan el fallo de la Corte y todas violan la ley de moratoria minera", remarcó Guevara.
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