Seguirán plásticos importados con arancel de 35%
- Por unanimidad, la Suprema Corte respaldó la facultad del Ejecutivo federal para modificar impuestos a productos de importación sin tener que justificar individualmente cada aumento, siempre que responda a los fines previstos en la Constitución.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- El incremento de 35 por ciento en el arancel aplicado a determinados productos de plástico importados seguirá vigente tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este martes rechazó el amparo de una empresa que cuestionó la legalidad de esa medida comercial.
Por unanimidad de nueve votos, el Pleno revocó una sentencia que inicialmente había favorecido a la compañía y determinó que el Ejecutivo federal actuó dentro de las facultades que le otorga la Constitución para modificar los impuestos a las importaciones y proteger la economía nacional.
El caso, identificado como amparo en revisión 308/2026, fue resuelto a partir de un proyecto presentado por la ministra María Estela Ríos González y está relacionado con un decreto publicado el 22 de abril de 2024, mediante el cual se modificaron las tarifas aplicables a distintos productos importados.
La controversia se concentró en la fracción arancelaria 3920.49.99, correspondiente a determinados productos de plástico, para los cuales se estableció una tasa de 35 por ciento, contra la cual la empresa promovió un juicio de amparo al considerar que el Gobierno federal no explicó suficientemente por qué era necesario imponer ese incremento ni acreditó una situación de urgencia que justificara la medida.
En marzo de 2026, un Juzgado de Distrito le concedió la protección de la justicia federal, al estimar que el decreto no justificaba adecuadamente la necesidad del aumento ni explicaba cómo contribuiría a regular el comercio exterior, fortalecer la economía o proteger la producción nacional.
Sin embargo, el Ejecutivo federal impugnó esa decisión y el caso llegó a la Suprema Corte, cuyos Pleno respaldó el criterio de que el artículo 131 de la Constitución permite al Ejecutivo federal aumentar, reducir o eliminar aranceles para regular el comercio exterior y proteger la economía del país.
En ese sentido, la Corte determinó que esta facultad extraordinaria no obliga al Gobierno a presentar una justificación específica para cada producto o fracción arancelaria incluida en un decreto.
De acuerdo con la resolución, es suficiente que la autoridad actúe dentro de sus atribuciones constitucionales y que las medidas adoptadas estén relacionadas con los objetivos que permite la propia Constitución.
Sobre el asunto, la ponencia señaló que los cambios arancelarios buscaban fortalecer a los sectores productivos nacionales, atender la relocalización de cadenas de producción, generar condiciones de competencia más equilibradas y proteger la economía mexicana.
También destacó que las modificaciones establecidas en el decreto fueron posteriormente aprobadas por el Congreso de la Unión. A partir de estos elementos, el Pleno consideró que la medida no vulneró los principios de legalidad y seguridad jurídica invocados por la empresa.
Aunque los nueve integrantes de la Corte respaldaron la resolución, algunos anunciaron votos concurrentes para expresar argumentos adicionales o diferencias con determinadas consideraciones del proyecto.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz consideró necesario profundizar en el análisis sobre proporcionalidad y equidad tributaria, así como en los argumentos relacionados con la libre competencia y la prohibición de prácticas monopólicas. Señaló que estas cuestiones podían reforzar la justificación constitucional de la medida, cuyo propósito era proteger la producción nacional.
Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra planteó observaciones sobre los límites de las facultades extraordinarias del Ejecutivo y la necesidad de examinar argumentos que no habían sido estudiados por el juzgado de distrito.
La ministra ponente informó que incorporó al proyecto algunas de las observaciones presentadas por integrantes del Pleno para fortalecer el análisis de los planteamientos de la empresa.
Durante la votación, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, así como los ministros Irving Espinosa Betanzo y Hugo Aguilar Ortiz, anunciaron votos concurrentes. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra también informó que formularía uno, mientras que el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García se apartó de determinados párrafos de la propuesta.
Con la resolución aprobada, la Suprema Corte revocó la sentencia dictada el 30 de marzo de 2026 por el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y negó el amparo solicitado por la empresa. Asimismo, declaró infundado el recurso de revisión adhesiva promovido por la compañía.
La decisión también establece un criterio relevante para futuras controversias sobre medidas de protección a la industria nacional, al precisar que el Gobierno federal no está obligado a justificar por separado cada incremento arancelario, siempre que ejerza sus facultades dentro de los límites establecidos por la Constitución.
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