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18/11/2026 00:55

Madrid blindará la investigación en su Ley de Ciencia contra injerencias extranjeras y acceso a datos sensibles

La futura Ley de Ciencia de la Comunidad de Madrid buscará blindar las investigaciones científicas para evitar que se puedan generar riesgos de seguridad, un perjuicio en la competitividad o para los intereses estratégicos nacionales y de la Unión Europea. La normativa contempla crear un organismo específico para evaluar los posibles riesgos antes de sumarse a un nuevo proyecto, financiarlo o introducir innovación tecnológica. Junto al refuerzo de estos controles, se obligará a la Administración autonómica a crear un plan de actuación en el que se fijen las líneas de actuación y su financiación. Además, se adquiere el compromiso de impulsar la transferencia de los descubrimientos y a la compra de innovación para mejorar los servicios públicos. El texto también incluye la necesidad de atraer y retener el talento con la mejora de las condiciones del personal investigador y la colaboración con el sector privado.

Este miércoles el Consejo de Gobierno tiene previsto dar su visto bueno al Proyecto de Ley de Ciencia autonómico, que sustituirá la ordenación de 1998 para adaptarse a los cambios y a la nueva legislación en la materia. La tramitación de esta normativa se retrasó tras desechar el borrador de Ley de Universidades en el que se incluía esta regulación. El texto legislativo aún deberá pasar por la Asamblea de Madrid, con el mes de marzo como fecha tope para su aprobación definitiva, antes de la disolución de la Cámara regional por las elecciones autonómicas.

Una de las principales novedades de la norma será la creación del Comité de Seguridad como órgano consultivo para asesorar sobre las medidas dirigidas a evitar la transferencia no deseada de conocimiento, tecnología o los resultados de investigaciones, así como el acceso indebido a datos (como los sanitarios), infraestructuras o activos estratégicos. De esta forma, se pretende prevenir que la Administración autonómica colabore o financie proyectos internacionales que puedan perjudicar los intereses estratégicos de España y la UE o pueda perjudicar su competitividad.

En línea con lo anterior, este órgano ayudará a los centros de la región a adoptar medidas preventivas "ante indicios de injerencia extranjera o conflicto de intereses". Asimismo, se darán pautas a la hora de introducir tecnología innovadora o la inteligencia artificial para impedir que estos sistemas afecten a la seguridad de las investigaciones y se salvaguarde el conocimiento generado. "Será pionero en el país, sin precedentes en la legislación estatal ni autonómica de ciencia, que incorporará las directrices de la Unión Europea en esta materia", han explicado desde la Comunidad de Madrid.

La Ley de Ciencia fijará un marco general para la coordinación de las instituciones dedicadas a la investigación y sus profesionales, así como el impulso de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA) y de la Fundación para el Conocimiento Madri+d con su reconocimiento legal. Entre los puntos de la norma figura la obligación de que la Administración autonómica elabore un Plan regional de investigación científica e innovación tecnológica en el que se fijen las líneas de actuación, medidas y la financiación de forma plurianual. La norma también contempla la necesidad de atraer y retener talento a través de la mejora de sus condiciones laborales, su desarrollo profesional y proyección internacional.

La regulación autonómica hace especial hincapié en la transferencia de conocimientos de la investigación para que estos avances abandonen la esfera académica y puedan aplicarse en el día a día. "Se facilitará que los resultados de la investigación se apliquen en las empresas y respondan a las necesidades de la sociedad, para generar nuevas oportunidades económicas y beneficios para los ciudadanos", han concretado desde el Gobierno regional. Asimismo, se establece el compromiso de promover el acceso de toda la ciudadanía de los resultados de las investigaciones y a que la Administración compre innovación para mejorar los servicios públicos y fortalecer el tejido empresarial.

En este proyecto legislativo, la Comunidad sitúa la colaboración público-privada como elemento necesario en el terreno de la investigación y la innovación. Por ello, se recoge la necesidad de establecer medidas para fomentar el emprendimiento a través de fondos públicos, préstamos, avales o la suscripción de convenios, entre otros mecanismos. "A estas líneas se sumará la simplificación de los procedimientos administrativos, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los proyectos", han indicado desde el Ejecutivo autonómico.

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