El Imparcial Sonora — Portada
18/11/2026 03:45

Rentó una casa prefabricada de 45 metros cuadrados para vivir con su familia, pero le entregaron una más pequeña y con fallas que los obligaron a mudarse; ahora la Justicia ordenó pagarle casi 10 millones de pesos y más de 3 mil 500 dólares

Una familia de Mar del Plata, Argentina, contrató la construcción de una casa prefabricada de 45 metros cuadrados, con tres dormitorios, cocina-comedor y baño. Sin embargo, cuando recibió la vivienda descubrió que tenía menos superficie de la pactada y diversos problemas que terminaron por impedirles vivir ahí.

El caso fue reportado por TN, que detalló que el contrato se firmó el 18 de julio de 2020 por un precio de 540 mil pesos argentinos. El acuerdo contemplaba un anticipo y pagos en cuotas, además de un plazo de entrega de 60 días.

Pero la casa construida tenía apenas 39.06 metros cuadrados, casi seis metros cuadrados menos de lo contratado. A la diferencia de superficie se sumaron defectos en la construcción, instalaciones incompletas y materiales que no cumplían con las condiciones esperadas.

Filtraciones y paredes inestables obligaron a la familia a dejar la vivienda

Entre los problemas reportados se encontraban filtraciones de agua, puertas y ventanas deformadas y falta de aislación térmica. También se detectaron dificultades en las instalaciones de gas y los desagües cloacales.

Uno de los aspectos más preocupantes era la estabilidad de algunos elementos interiores: los tabiques podían moverse con solo empujarlos. Además, la vivienda presentaba trabajos sin terminar y materiales de baja calidad.

La familia se mudó a principios de noviembre de 2020, cuando venció el contrato de alquiler de su anterior vivienda. Sin embargo, las condiciones de la casa prefabricada no permitieron que permanecieran en ella.

En marzo de 2021 tuvieron que abandonarla y buscar otra propiedad para alquilar, lo que generó nuevos gastos mientras enfrentaban el conflicto por la construcción.

Una pericia confirmó los defectos de construcción

Durante el proceso judicial se realizó una evaluación técnica a cargo de un ingeniero. El informe detectó problemas de impermeabilización, materiales de descarte utilizados en el cielorraso y deficiencias que comprometían la seguridad y habitabilidad de la vivienda.

De acuerdo con la información publicada por TN, el especialista concluyó que era necesario desmontar y reconstruir distintos componentes para corregir las fallas.

El responsable de la construcción negó que la casa tuviera los defectos señalados y argumentó que el comprador había dejado de pagar una parte del contrato. Sin embargo, el juez consideró que la gravedad de los problemas justificaba que la familia suspendiera las cuotas pendientes.

La Justicia ordenó pagar casi 10 millones de pesos argentinos y una suma en dólares

El Juzgado Civil y Comercial número 1 de Mar del Plata condenó al responsable a pagar 9 millones 590 mil pesos argentinos, además de 3 mil 562.50 dólares por daños materiales.

La indemnización en moneda argentina quedó integrada por tres conceptos:

  • 5 millones 150 mil pesos argentinos por daño punitivo.
  • 3 millones de pesos argentinos por daño moral.
  • 1 millón 440 mil pesos argentinos por privación de uso y gastos relacionados con el alquiler de otra vivienda.

A esa condena se sumó el reconocimiento de los daños materiales, calculados en dólares a partir de la superficie que faltó construir y de la proporción del precio que la familia había pagado.

La resolución también contempló el costo de la dirección profesional de obra necesaria para realizar la reconstrucción, cuyo monto deberá determinarse posteriormente.

Según lo reportado por TN, el responsable deberá cubrir las cantidades establecidas dentro de los 10 días posteriores a que la sentencia quede firme, además de los intereses correspondientes.

El caso muestra las consecuencias que puede tener recibir una vivienda prefabricada que no cumple con las condiciones pactadas: la diferencia en los metros cuadrados no fue el único incumplimiento, pues las fallas documentadas terminaron por obligar a la familia a abandonar la propiedad y afrontar nuevamente gastos de vivienda.

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