ABC Color — Artículos
18/11/2026 05:15

Los refugiados rohinyás esperan fallo histórico de la CIJ sobre el genocidio en Birmania

El máximo tribunal de la ONU tiene previsto dictar este jueves en La Haya su sentencia definitiva sobre la demanda presentada por Gambia contra Birmania por las presuntas atrocidades cometidas contra la minoría rohinyá, de mayoría musulmana, durante la campaña militar de 2017 en el estado birmano de Rakáin.

Aquella ofensiva provocó la huida de más de 700.000 rohinyás hacia la vecina Bangladés, donde actualmente viven más de un millón de refugiados de esta comunidad.

Para Rezia Sultana, una activista rohinyá que tiene previsto asistir a la lectura del fallo en Países Bajos, la sentencia representa una oportunidad para superar décadas de discriminación, lograr el reconocimiento internacional de los derechos de su comunidad y crear las condiciones necesarias para una repatriación voluntaria.

"Durante décadas, se nos ha llamado extranjeros en nuestra propia patria. La Corte ha reconocido (en 2020) a los rohinyá como un pueblo con derecho a protección jurídica. Este reconocimiento es importante, pero debe traducirse en acciones concretas", dijo.

La CIJ no juzga penalmente a individuos, sino que determina la responsabilidad internacional de los Estados. En 2007, declaró a Serbia responsable de no haber impedido el genocidio de Srebrenica, aunque no de haberlo cometido directamente.

"En Myanmar no existe la excusa de la milicia: fue el propio Ejército oficial del Estado, el Tatmadaw, el que cometió directamente las atrocidades. Esa cadena de mando estatal ininterrumpida hace innegable la responsabilidad directa de Myanmar en el genocidio", explicó Sultana.

El coordinador de la organización Refugee Youth en Bangladés, Khin Maung, considera que una eventual sentencia favorable a los rohinyás deberá ir acompañada de medidas de la comunidad internacional para tener un impacto real.

"Creo que el veredicto final de la CIJ será positivo para los rohinyá. Supondrá un cambio para la cuestión rohinyá, pero no podrá resolverla en su totalidad a menos que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte alguna iniciativa seria", aseguró.

Los intereses de las potencias y la situación política regional también podrían dificultar la aplicación del fallo, según Sayed Ullah, primer presidente del Consejo Unido de los Rohinyás (UCR), un órgano representativo elegido en los campos de refugiados de Cox's Bazar.

"Para nosotros, esto no es solo un caso judicial. se trata del sufrimiento, la pérdida y la injusticia que nuestra gente ha enfrentado durante muchos años (...) Además, daría esperanza a miles de refugiados rohinyás que siguen esperando poder volver a casa", afirmó.

Gambia, un país de África occidental de mayoría musulmana, presentó la demanda el 11 de noviembre de 2019, acusando a Birmania de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948 mediante asesinatos masivos, violaciones, violencia sexual, incendios provocados y desplazamientos forzados de la población rohinyá en Rakáin.

Birmania rechaza las acusaciones de genocidio y sostiene que sus operaciones militares respondieron a una campaña contra grupos insurgentes.

En enero de 2020, la CIJ ordenó al país adoptar medidas provisionales para impedir los actos prohibidos por la Convención y preservar las pruebas relacionadas con las presuntas atrocidades. En julio de 2022, el tribunal desestimó las objeciones preliminares de Birmania, lo que permitió que el procedimiento siguiera adelante.

Tras años de intercambio de alegaciones, el tribunal celebró las audiencias sobre el fondo del caso en enero de 2026 y anunciará ahora si considera que Birmania incumplió sus obligaciones internacionales.

Mientras tanto, los intentos de repatriación de los refugiados han fracasado ante la negativa de los rohinyás a regresar sin garantías de seguridad, ciudadanía y derechos fundamentales en su país de origen.

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